Tierra y Derechos en Aguas Turbulentas

Conflictos socio-ambientales en Colombia y Brasil

Editores
Tim Boekhout van Solinge
Irene Vélez-Torres
Sérgio Sauer
Babette Berrocal Vargas-van den Brink

This study was financially supported by:

•NWO-WOTRO - Programme Conflict and Cooperation Over Natural Resources in Developing Countries (CoCooN), The Netherlands

•Utrecht University Fund

•KF Hein Fund

© 2016 | Utrecht University, Lands and Rights in Troubled Waters (LAR)

ISBN 978-94-9221-039-5

Published in Utrecht, The Netherlands by Utrecht University, Lands and Rights in Troubled Waters (LAR).

Translation by:

Hugo Felipe Idárraga Franco.

Pictures taken by:

Sjoerd van Grootheest, Colombia.

Gilson Rêgo, Commissão Pastoral da Terra, Santarém Pará Brasil.

Layout by: Klaartje Hoeberechts, School of Law, Utrecht University, The Netherlands. Printing and distribution by: Xsebra B.V., The Netherlands.

“El libro que tienen en sus manos combina la perspectiva de investigación, análisis y trabajo territorial de personas de diferentes partes del mundo comprometidas con aportar a la construcción de la justicia ambiental. La aplicación de nuevas metodologías de trabajo y narrativas para la comprensión del conflicto social y ambiental, permite encontrar en este libro tanto información y análisis en temas de primera importancia mundial, como guías para la continuidad de la investigación científica y política en la dimensión ambiental.”

Danilo Urrea

CENSAT Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia

“Environmental justice has become a key issue in critical social sciences today and will become even more so in the near future, and critical environmental, legal, conflict and human rights studies done in interrelated manner is central to this. This book provides one of the most original thoughts, theoretically and empirically, in this regard. It is a brilliant book that should be read by all engaged academics, activists and policymakers concerned about social justice.”

Saturnino M. Borras Jr

Professor of Agrarian Studies, International Institute of Social Studies (ISS), The Hague

“For whom does the (criminal) justice system work? This book explores this question in the context of conflicts over natural resources and related human rights violations in Brazil and Colombia. A recommended reading for all those interested in multidisciplinary approaches and collaborative research efforts.”

Sofía Monsalve Suárez

Secretary General, FIAN International

Indice

La criminología verde o el estudio de los conflictos sobre la tierra y el agua

Tim Boekhout van Solinge

1.Introducción: Tierras y Derechos en Aguas Turbulentas

2.CoCooN: proyectos innovadores que integran los recursos naturales, los conflictos y la cooperación

3.Una breve historia de Tierras y Derechos en Aguas Turbulentas

4.Definición del problema y preguntas de investigación

5.Recursos naturales y criminología (verde)

6.El esquema de este libro

Rutas de acceso a derechos étnico-territoriales: el caso de las comunidades negras del Alto Cauca, Colombia

Daniel Varela Corredor, Irene Vélez-Torres & Juan Carlos Morales

1.Introducción

2.Los escenarios de estudio

3.El caso de El Hormiguero

4.El caso de La Toma

5.El caso del Consejo Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro

6.Conclusiones

Cultivo de soya y conflictos por la tierra en la región de Santarém, Pará

Sérgio Sauer & Pedro Sérgio Vieira Martins

1.Introducción

2.Fronteras: expresiones de las agroestrategias o de la economía del agronegocio

3.Expansión de la soya en la Amazonía: el caso de Santarém

4.Cultivos de soya y conflictos por la tierra y por el territorio en Santarém

5.Conclusiones

Residuos de glifosato y ampa en fuentes naturales de agua y límites normativos para valorar la contaminacion en brasil y colombia

Irene Vélez-Torres, Luz Edith Barba Ho, Camilo Hernán Cruz Vélez, Carlos José Sousa Passos, Carlos Martin Infante Córdoba, Nayara Luiz Pires & Bruna Maria da Silva Caldas

1.Introducción general

2.Metodología

3.Resultados sobre la presencia de residuos de agroquímicos

4.Situación normativa sobre agrotóxicos

5.Conclusiones y recomendaciones

Una perspectiva de los negocios y los derechos humanos en torno a los conflictos generados por los cambios en los usos de la tierra en Brasil y Colombia

Liesbeth Enneking & Kinanya Pijl

1.Introducción

2.Responsabilidad social de las corporaciones internacionales

3.Negocios y derechos humanos

4.Conflictos relacionados con el cambio del uso de la tierra: dos casos de estudios

5.El rol potencial de los UNPG en los conflictos originados por el cambio de uso de la tierra

6.Conclusión y algunos avances prometedores

La criminología verde o el estudio de los conflictos sobre la tierra y el agua

Tim Boekhout van Solinge

1.Introducción: Tierras y Derechos en Aguas Turbulentas

El presente libro es fruto de un innovador proyecto de investigación financiado por la Organización de Investigación Científica (NWO, en inglés) de los Países Bajos (Holanda). En 2010 la NWO inició un nuevo programa de investigación a cinco años centrado en los recursos naturales y conflictos. Conflicto y Cooperación sobre los Recursos Naturales (CoCooN, en inglés). Lo innovador de este programa de investigación fue la asociación que se formó entre organizaciones académicas y ONG del Norte y el Sur Global.

Una de las asociaciones internacionales seleccionadas para ser financiada por el programa CoCooN de la NWO se formó a partir de un consorcio internacional de universidades y ONG de Brasil, Colombia y los Países Bajos. Este consorcio operó bajo el nombre de Tierras y Derechos en Aguas Turbulentas (LAR, en inglés). Entre el 2010 y el 2015, una o dos personas de las siguientes cuatro universidades y cuatro ONG estuvieron involucradas en LAR:

•CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia, Bogota, Colombia;

•CPT: Comisión Pastoral de la Tierra, Santarém, Brasil;

•FIAN International/FIAN Colombia, Heidelberg/Amsterdam, Bogotá;

•Tierra de Derechos, Santarém, Brasil;

•UnB: Universidad de Brasilia, Brasilia, Brasil (Sociología, Biología);

•UNC: Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia (Sociología, Antropología);

•Univalle: Universidad del Valle, Cali, Colombia (Escuela de Ingeniería de los Recursos Naturales y del Ambiente, Ingeniería Sanitaria y Ambiental/Química Ambiental);

•UU: Universidad de Utrecht, Utrecht, Holanda (Criminología Verde, Negocios y Derechos Humanos, Coordinación General).

El LAR se centró en las condiciones, la naturaleza y los efectos del cambio del uso de la tierra y de los conflictos por los recursos naturales en dos zonas geográficas:

•En Brasil: la zona oriental del Estado de Pará y los alrededores de la cuenca del Tapajós en Brasil, cerca a la ciudad de Santarém (Bajo Amazonas).

•En Colombia: el norte del Valle del Cauca, cerca a la ciudad de santiago de Cali. Esta zona se encuentra ubicada entre dos cadenas montañosas de los Andes (sur oriente colombiano).

El nombre de Tierras y Derechos en Aguas Turbulentas (LAR) hace referencia a lo que está en juego: en las zonas de investigación de Brasil y Colombia, las tierras y los derechos humanos se encuentran, literalmente, en aguas turbulentas. El uso metafórico de ‘aguas turbulentas’ fue elegido porque en las dos zonas bajo estudio no hay solamente conflictos por la tierra, sino también por el agua. Estos conflictos pueden referirse a una menor disponibilidad de agua o pueden hacer referencia a una menor cantidad de agua limpia disponible. El nombre LAR fue elegido también porque se refiere al hecho de que los conflictos por los recursos naturales conducen a que los hogares humanos sean abandonados y perdidos.

Las dos zonas de Brasil y Colombia tienen una larga historia de presencia humana y de explotación de recursos naturales. El oro y el caucho fueron empleados para atraer a comerciantes venidos de diferentes direcciones. Hoy en día, la abundancia de recursos naturales sigue atrayendo a actores económicos, tanto nacionales como internacionales. En las dos zonas, no sólo el oro es un recurso explotable y valioso, también la tierra y el agua se han convertido en recursos de alta demanda para las explotaciones económicas destinadas finalmente a mercados de otros lugares.

Los procesos de cambio de uso de la tierra de estas zonas están estrechamente relacionados con la expansión de los monocultivos de la caña de azúcar (en el caso de Colombia) y la soja (en el caso de Brasil), la creciente deforestación, el aumento de la explotación comercial a gran escala de los recursos minerales y el desarrollo de megaproyectos que utilizan recursos hídricos. En ambas zonas, junto a la explotación de los recursos naturales han surgido diferentes conflictos: no sólo por el acceso y derecho sobre la tierra, sino también por el agua (contaminada).

Característico de los diferentes conflictos por los recursos naturales en las dos zonas geográficas de estudio en Brasil y Colombia es la relación asimétrica de poder entre los principales actores: comunidades, instituciones y actores privados. Las comunidades de las zonas rurales y selváticas donde el control gubernamental es escaso o inexistente son relativamente débiles en comparación con los agentes privados más poderosos, como los grandes propietarios de tierras, los agro-negociantes y algunas veces las multinacionales. Estos actores privados tienen recursos financieros mucho mayores que se entrelazan con conexiones o respaldos políticos, con un mayor conocimiento sobre el acceso a los procedimientos burocráticos, y con el también frecuente acceso violento (armado) al poder.

Algunas de las explotaciones de recursos naturales en las dos zonas se producen en el contexto de la globalización, como mercancías que son apropiadas o producidas y en gran parte destinadas a la exportación. Esta forma que ha tomado la globalización crea lo que John Ruggie, Representante Especial de la ONU para los negocios y los derechos humanos, describió como déficit de gobernanza: “entre el alcance y los efectos de las fuerzas y actores económicos, por una parte, y la capacidad de las sociedades para gestionar sus consecuencias adversas, por la otra. Estas lagunas de gestión crean un entorno permisivo para actos ilícitos de las empresas de todo tipo sin que haya sanciones o reparaciones adecuadas” (Ruggie, 2008: 189).

La Universidad de Utrecht (UU) fue la coordinadora del LAR. El coordinador del LAR, y autor de este capítulo, trabajó en la Universidad de Utrecht como profesor e investigador en criminología, con especialización en criminología verde. Para el LAR, esto significa que, conceptualmente, la criminología verde creó la sombrilla bajo la cual diferentes actividades del LAR fueron cobijadas. Como se explicará más adelante y con mayor detalle en este capítulo, la perspectiva de la criminología verde implica que una parte sustancial de las actividades estén orientadas hacia la identificación de los daños sociales y ambientales que se producen en las dos regiones de estudio. Uno de los objetivos simultáneos es el de reducir aquellos daños socio-ambientales mediante el mejoramiento del Estado de derecho y el fácil acceso a la justicia por parte de las comunidades que exigen sus derechos.

2.CoCooN: proyectos innovadores que integran los recursos naturales, los conflictos y la cooperación

CoCooN es parte de WOTRO, la división de ciencia de la NWO, y se centra específicamente en el uso de la investigación científica para el desarrollo en el Sur Global. Lo innovador de CoCooN es que financia solamente lo que ha sido denominado como Proyectos Integrados (PI), lo que significó que el ámbito académico y no académico, desde el sur y el norte, debieron unirse en un consorcio. En total fueron seleccionados siete consorcios para su financiación. Cada consorcio tenía que investigar los conflictos por los recursos naturales en al menos dos países del Sur Global.¹

Idealmente, un Proyecto Integrado de CoCooN tiene el objetivo de reducir los conflictos por los recursos naturales. Sin embargo, no es posible concluir automáticamente que los conflictos son siempre negativos o ‘malos’. Los conflictos también pueden actuar como un impulso de largo alcance, para el cambio y nuevos trabajos en común. Muchos de los grandes pasos de la historia política y la democracia (pensar, por ejemplo, en las revoluciones) ocurrieron después de protestas y conflictos. Por tanto, parece que los conflictos son a veces una condición previa para el cambio y la colaboración. Uno de los objetivos científicos generales del programa CoCooN es, por lo tanto, saber más acerca de la dinámica del conflicto y la cooperación en el campo de los recursos naturales.

La producción de nuevos conocimientos científicos no es el único objetivo del programa CoCooN. Ya que el programa CoCooN es parte de WOTRO, la división de ciencia de la NWO, el desarrollo es definido también como un objetivo explícito. Un tercer objetivo del programa CoCooN es el desarrollo de capacidades: de las comunidades, ONG, instituciones académicas, u otros. El programa CoCooN considera que la innovación en la política y la práctica es vital para la consecución de cambios sociales. “Se necesitan nuevos conocimientos sobre el conflicto y la cooperación, pero el conocimiento existente también necesita ser empleado de manera más eficaz. Para ello es necesario mejorar el acceso y la difusión de los conocimientos disponibles y esto sólo puede ocurrir si las partes involucradas han experimentado una capacidad de desarrollo suficiente”.² Así entonces, se pueden distinguir tres objetivos específicos del programa CoCooN:

1)El conocimiento, la investigación y la innovación: producción de investigación científica de alta calidad (publicaciones);

2)Desarrollo: contribuir al desarrollo de las áreas geográficas en estudio;

3)Desarrollo de capacidades: mejorar la capacidad de las comunidades, ONG, instituciones académicas, u otras organizaciones.

El procedimiento para la financiación de CoCooN se produjo en varias fases, como es habitual en la financiación de la NWO. Para la primera ronda en 2009, los solicitantes aplicaron con propuestas conceptuales cortas. A partir de estas propuestas iniciales se hizo una selección para la segunda ronda. Los seleccionados fueron invitados a escribir una propuesta de proyecto más amplia. Con el fin de preparar esta propuesta más amplia, la NWO suministró los fondos para la organización de seminarios y visitas de campo en las zonas geográficas seleccionadas por cada consorcio. Después de estos seminarios (principios de 2010) fueron presentadas grandes propuestas, y la mayoría de los proyectos seleccionados por el proyecto CoCooN iniciaron a finales de 2010. En 2013, después de una revisión intermedia por parte de la NWO, era posible solicitar fondos adicionales a través de la denominada propuesta complementaria. Esta propuesta complementaria permitía adicionar un estudio de caso en un tercer país, o añadir nuevas actividades en los dos países en los que el consorcio ya había trabajado (que es lo que hizo LAR). Finalmente, el séptimo proyecto de CoCooN terminó entre finales de 2015 e inicios de 2016.

3.Una breve historia de Tierras y Derechos en Aguas Turbulentas

Cuando la NWO lanzó su programa CoCooN en 2009, éste se adaptó bien a la investigación criminológica verde de la Universidad de Utrecht (ver Boekhout van Solinge, 2014a). El uso de las redes y los contactos existentes permitió que la UU encontrara socios académicos y ONG en Colombia y Brasil para formar un consorcio y solicitar fondos de la NWO. Después de pasar la primera ronda de selección, LAR consiguió financiación para organizar seminarios en Brasil y Colombia con el fin de preparar la propuesta final.

En febrero de 2010, LAR organizó los seminarios preparatorios, encuentros y visitas de campo en Colombia y Brasil. En Colombia esto fue en, y alrededor de, la ciudad de Cali; en Brasil fue en, y alrededor de, la ciudad de Santarém. Las reuniones con académicos, ONG, representantes de la comunidad y responsables políticos dejaron en claro cuáles eran los conflictos por los recursos naturales que existían en estas zonas. Una clara petición de las comunidades fue la del acceso confiable a la justicia por medio de las instituciones del Estado o de los actores estatales. Para el diseño del proyecto LAR fue importante saber acerca de estas peticiones locales o regionales, de tal manera que el proyecto pudiera ser ‘impulsado por la demanda’ y por tanto dirigido a partir de las exigencias locales o regionales.

Después de los talleres y reuniones en Brasil y Colombia, el consorcio LAR escribió una propuesta más amplia, con actividades para los socios académicos y no académicos (ONG). En el transcurso de 2010 la propuesta del LAR fue aprobada y en noviembre de 2010 se dio inicio al proyecto. En 2013, la propuesta complementaria con nuevas actividades fue también financiada. Por último, el proyecto oficialmente concluyó en noviembre de 2015, aunque algunas de sus actividades fueron finalizadas hasta inicios de 2016.

Con la propuesta complementaria se produjeron dos cambios significativos. Uno de estos cambios fue la adición de un nuevo socio, la Univalle en Cali. Con la participación de Univalle, el LAR pudo, científica y conceptualmente, estar más completo y equilibrado. Antes de eso, los impactos ambientales del cambio de uso del suelo sólo estaban siendo investigados en Brasil. Desde la llegada de Univalle (Ingeniería Sanitaria y Ambiental / Química Ambiental), los impactos ambientales del cambio de uso del suelo también fueron investigados en Colombia. Un segundo cambio es que las dimensiones legales del LAR se hicieron más fuertes de dos maneras. Una fue el involucramiento más activo de Tierra de Derechos de Brasil, una ONG especializada en los aspectos legales de uso de la tierra. La segunda fue que los abogados de la Universidad de Utrecht, especializados en empresas y derechos humanos, se sumaron al consorcio. En los últimos años ha habido un crecimiento en el campo de las normas internacionales en materia de empresas y derechos humanos y en la responsabilidad social de las empresas, aunque aún haga falta la aplicación real y efectiva de estas normas. A pesar de que sea necesario más tiempo para que estas normas se apliquen plenamente, es importante saber, también para el público en América Latina, sobre la existencia de estas normas, cuáles recursos pueden ser utilizados, o qué caminos pueden seguirse cuando estas normas no son respetadas.

4.Definición del problema y preguntas de investigación

Colombia y Brasil poseen abundantes recursos naturales y sus explotaciones representan importantes actividades económicas, especialmente en las zonas rurales y selváticas en las que se interesa el consorcio LAR. Otra característica de Brasil y Colombia es la fuerte estratificación económica. Ambos figuran en la lista de los 20 países con el peor índice Gini de desigualdad económica. Colombia es el país de América del Sur más desigual dentro de este índice. Colombia carga además con el problema específico de cuatro décadas de conflicto y con los más de cuatro millones de desplazados internos, que representan más del 8% de la población colombiana (de 50 millones en 2016). La brecha económica de Brasil es un poco menor, y su clase media ha crecido hasta representar cerca de la mitad de la población (de 208 millones en 2016). A pesar de su progreso en la reducción de la pobreza, los extremos económicos permanecen. En un lado del espectro económico Brasil hospeda el mayor número de multimillonarios de América del Sur, mientras que el otro lado está formado por varios millones de campesinos sin tierra.

En la zona rural del Valle del Cauca colombiano y en el valle selvático del Tapajós en Brasil, las grandes disparidades económicas están muy presentes. Los monocultivos de azúcar y soja respectivamente son controlados en su mayoría por grandes usuarios de la tierra (latifundios). Otros actores económicamente poderosos son las empresas (multinacionales), destinadas a, y exitosas en, la explotación de recursos naturales, no sólo de la tierra y de las fuentes explotables, sino también del agua (para monocultivos, minería y energía hidroeléctrica). Estas zonas rurales y selváticas son habitadas en su mayoría por comunidades tradicionales de ascendencia indígena, africana o de ambas. Como se explicó anteriormente, el interés del LAR surgió de las demandas concretas de las comunidades que, en el contexto actual, no tienen suficiente contrapeso ni poder de negociación cuando compiten por la tierra, el agua u otros recursos naturales, con los agricultores y las empresas multinacionales que tienen más capital, (en consecuencia) mejores conexiones políticas y, en no pocas ocasiones, el respaldo del poder armado.

Como resultado de estas competiciones, luchas y conflictos por los recursos naturales en el Valle del Cauca colombiano y en la cuenca brasileña del Tapajós, las comunidades económicamente pobres y políticamente impotentes son las que por lo general salen perdiendo. Esto conduce a una mayor marginación, violaciones de los derechos humanos, criminalización de la protesta, desplazamientos forzados e incertidumbre frente a la obtención de los medios necesarios para vivir. Cuando estas personas salen de sus casas, algunas veces de manera forzada, las comunidades tradicionales desaparecen.

En ambas zonas es fácil encontrar ejemplos donde los derechos de las comunidades tradicionales (de los indígenas, afro descendientes o comunidades mixtas) no están siendo reconocidos, o donde sus derechos existen en el papel pero no son respetados en la práctica. Al mismo tiempo, los líderes de las comunidades tradicionales que tratan de reclamar sus derechos están siendo ellos mismos criminalizados. Esto conlleva a la pregunta: ¿para quién trabaja el sistema de justicia (penal)? Las preguntas sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal y de si ciertos individuos o grupos están siendo desproporcionadamente criminalizados -y además de si otros individuos o grupos están siendo desproporcionadamente exentos de penalización y de los procedimientos de la justicia criminal- son cuestiones centrales de la criminología y, en especial, de la criminología crítica. Para esto último podemos hacer referencia, por ejemplo, a la obra del criminólogo crítico holandés Louk Hulsman, que también es muy leído en América Latina.

Junto a esta victimización humana, hay también una victimización y un daño no humano. Como se ha mencionado, en un sentido ecológico tanto Brasil como Colombia pertenecen a la lista de los llamados 17 países más megadiversos del mundo. Brasil es considerado el país con mayor biodiversidad del mundo. Colombia es mucho más pequeño que Brasil, pero debido a su paisaje diverso (dos mares y costas, las cadenas montañosas de los Andes y la selva tropical), es el país por kilómetro cuadrado más biodiverso del mundo. El cambio de uso de la tierra en las dos áreas geográficas elegidas por LAR también conduce a daños y deterioro sobre el medio ambiente, incluyendo la pérdida de biodiversidad (Boekhout van Solinge y Kuijpers, 2013: 201-202), ya que el impacto ambiental del uso de la tierra nueva, basado en los monocultivos, las grandes inversiones y explotaciones, es mucho mayor que el impacto causado por el uso tradicional de la tierra por parte de pequeñas comunidades.

Las instituciones del Estado, como la policía y el sistema judicial (penal), idealmente intervienen con el fin de limitar los crímenes y daños, sin embargo, no hacen presencia ni son funcionales en las áreas geográficas de interés. Cuando hacen presencia, los políticos y las instituciones del Estado están por lo general en manos de los económicamente más poderosos. Aunados con la corrupción generalizada y, no pocas veces, con la colusión entre los políticos y agentes privados, los habitantes de estas zonas guardan una gran desconfianza hacia los políticos, las instituciones estatales y las autoridades oficiales.

Teniendo en cuenta la ‘desigualdad de recursos’ entre las partes interesadas, y partiendo de las solicitudes formuladas por las comunidades durante la preparación en febrero de 2010, la primera fase del LAR adoptó un enfoque de abajo hacia arriba centrado en el ámbito de la comunidad: estimulando su organización interna, aumentando el conocimiento sobre su derechos y las formas de acceder a las instituciones estatales o a los actores estatales. En los tres primeros años del LAR, surgieron dos preguntas centrales de investigación:

•¿Cuál es la naturaleza y los efectos del cambio del uso del suelo en las regiones del Cauca (Colombia) y la cuenca del Tapajós (Brasil)?

•¿Cómo el conflicto y los daños al medio ambiente surgidos a partir del cambio del uso de la tierra pueden ser abordados de una manera en la que la ley y los derechos humanos de las comunidades rurales se respeten?

Estas dos preguntas de investigación centrales conducen a otras sub-preguntas:

•¿Cuál es la naturaleza de los conflictos que surgen a partir del cambio del uso del suelo en los dos casos estudiados?

•¿Quiénes son los actores involucrados, cuál es la naturaleza del daño social y ambiental y quiénes son las víctimas de violaciones a los derechos humanos que emergen del cambio del uso de la tierra?

•¿Cuál es la situación jurídica relativa a los derechos de tierras y títulos, cómo actualmente se hacen cumplir las normas y cómo se implementan las políticas?

•¿Cómo las estructuras internas del gobierno pueden ser identificadas como colaboradoras de los conflictos por el cambio del uso de la tierra en ambas zonas?

•¿Qué puede hacerse para prevenir estos conflictos, o su mayor escalamiento, y cómo pueden ser gestionados frente a los derechos humanos?

•Finalmente, ¿qué puede aprenderse de estos dos casos para otros conflictos, presentes o futuros, sobre los recursos naturales y el uso de la tierra en zonas geográficamente comparables?

En la (segunda) fase de seguimiento, del 2012-2013, el foco de atención se desplazó a un nivel superior: de la intra-comunidad a la inter-comunidad: estimulando el diálogo entre las comunidades (étnicas), y construyendo redes entre ellas. Esto se combinó con un enfoque que mejorara el acceso de las comunidades a instituciones gubernamentales o personas (actores estatales y responsables políticos) confiables. En Brasil, el LAR funciona con este propósito de la mano con las oficinas de la Fiscalía Federal y Estatal [Ministerio Público federal y estatal]. En Colombia, donde estas instituciones del Estado tienen menor presencia y efectividad, el LAR facilitó el acceso a las instituciones gubernamentales mediante la organización de diálogos intersectoriales (donde representantes de la comunidad tuvieron la oportunidad de comunicarse directamente con los representantes de las instituciones gubernamentales).

En la (tercera) fase complementaria, del 2013-2015, el LAR se dirigió explícitamente al nivel internacional, con el objetivo de mejorar la conducta corporativa y el cumplimiento de las leyes y las normas internacionales, tales como el recientemente establecido Marco Ruggie de la ONU. En esta tercera fase complementaria la siguiente pregunta de investigación se convirtió en guía:

•¿Cómo los conflictos y el daño social y ambiental emergidos de los cambios del uso de la tierra pueden ser dirigidos de tal manera que el imperio de la ley y los derechos humanos de las comunidades rurales sean respetados?

Esta pregunta de investigación fue combinada con tres preguntas de investigación parciales:

•¿Cómo puede la criminología contribuir en las intervenciones estatales dirigidas a frenar los crímenes y los daños provocados por las empresas?

•¿Cómo puede el campo de la ley (vinculante y no vinculante) contribuir a limitar esos daños y conflictos?

•¿Cómo puede el consorcio LAR contribuir a limitar los daños y los crímenes buscando un diálogo con los responsables políticos (internacionales) y las empresas (multinacionales)?

5.Recursos naturales y criminología (verde)

La relación entre recursos naturales y conflictos puede ser estudiada desde diferentes perspectivas. Una perspectiva inusual proviene de la criminología, que parece ser muy adecuada para el estudio de la explotación de los recursos naturales en América Latina y el Sur global en general, teniendo en cuenta el hecho de que el comportamiento de saltarse la ley es común en el ámbito de la explotación de los recursos naturales. Como cuestión de hecho, la corrupción ha sido identificada como la causa principal por la que los países ricos en recursos naturales tienen en general un mal desempeño económico (Kolstad y Søreide, 2009, p. 214). En todo el mundo, los países que son ricos en recursos naturales generalmente se desempeñan de una manera relativamente pobre en términos económicos. Los países ricos en recursos naturales en promedio experimentan un desarrollo económico menor que los países que no poseen estos recursos: tasas de crecimiento económico más bajas, bajos niveles de desarrollo humano, más desigualdad y pobreza (Sachs y Warner, 2001; Kolstad y Søreide, 2009, p. 214.). La presencia de muchos recursos naturales, por lo tanto, parece perjudicial para el desarrollo económico de un país. En la literatura de los recursos económicos y naturales este fenómeno se conoce como la “maldición de los recursos”.

Si se le da una perspectiva criminológica al concepto de la maldición de los recursos, es posible argumentar que una maldición de los recursos puede ser también una “maldición del crimen”: la presencia de muchos recursos naturales (valorables) hace de un país o una región vulnerable a este tipo de explotaciones de recursos en las que, en la práctica, las leyes y reglamentos no son respetados (Boekhout van Solinge, 2014b). Esto significa no sólo que un país o zona rica en recursos naturales se desempeña relativamente mal en términos económicos, sino también que es vulnerable a las actividades delictivas como la explotación ilegal de los recursos naturales, la corrupción, la colusión y, en algunos casos, también la violencia (sistemática).

Entre muchos especialistas del crimen organizado, es sobre todo la combinación de violencia (amenazas o fuerza) y la corrupción (sistemática) la que hace que algunos delitos puedan ser considerado como ‘crimen organizado’. El crimen organizado es organizado en tanto que ciertas actividades ilegales pueden continuar (siendo rentables), porque su existencia está asegurada por el uso de amenazas o de la fuerza y por la corrupción de los funcionarios públicos para mantener un cierto grado de inmunidad frente a la aplicación de la ley (Albanese, 2005: 9). Además, a partir de la literatura del crimen organizado es generalmente conocido que éste puede prosperar gracias a la ausencia de un Estado fuerte. Cuando las instituciones de confianza no están presentes o son débiles, se presentan las posibilidades para el surgimiento del crimen organizado. Varias formas de extracción de recursos naturales pueden, de hecho, ser consideradas como crimen organizado (Boekhout van Solinge, 2014b).

La criminología, sin embargo, no sólo estudia las actividades que son declaradas ilegales. La criminología puede ser definida simplemente como el estudio de la delincuencia, pero esto haría que ella fuera dependiente de la definición estatal de lo que es ilegal y criminal. Qué actos están siendo criminalizados, y las formas en que las leyes están siendo aplicadas o no (¿por igual a todos y a todas las clases sociales?), está determinado, en muchos países de todo el mundo, por la influencia de actores poderosos (por lo general de la influencia de círculos económicos, políticos y militares). Con el fin de ser un estudio académico independiente, la criminología no puede seguir automáticamente las definiciones estatales de lo que es un acto ilegal. Un enfoque más común entre los criminólogos académicos, que en su mayoría son científicos sociales, es considerar el delito como un fenómeno social o una construcción social. De acuerdo con la muy utilizada definición de Edwin Sutherland (de mediados del siglo XX), el dominio de la criminología incluye el proceso de elaboración de las leyes y de las leyes que se incumplen, así como la reacción social hacia la ruptura de la ley (Sutherland et al., 1992, 3).

Algunos criminólogos, en particular los criminólogos críticos y criminólogos verdes, no toman el crimen sino el daño como punto de partida. La criminología verde, que existe desde hace una década o más, no sólo considera los actos constitutivos del delito, como la mayoría de la criminología convencional lo hace, sino que toma el daño como un punto de partida explícito (Beirne y South, 2007). Aunque los daños percibidos o esperados son generalmente la base para tipificar ciertos actos criminales, no existe siempre una relación directa entre la extensión del daño y el grado en el cual cierto acto es criminalizado. También la moral, el poder y el nivel de conocimiento o ignorancia sobre determinados actos influyen en si deben ser considerados perjudiciales y, en consecuencia, declarados ilegales. Dicho de otra manera, no siempre hay una relación directa y congruente entre el grado del daño y el alcance de la penalización. Algunos actos que son castigados (severamente) no son en realidad tan dañinos (pensar, por ejemplo, en la posesión o cultivo de ciertas plantas psicoactivas), mientras que algunos actos perjudiciales (pensar en la destrucción de los bosques antiguos) no son criminalizados, o cuando son criminalizados las leyes no son aplicadas (Boekhout van Solinge, 2016: 375). Muchos criminólogos verdes prefieren tomar el daño y no el ‘delito’ como norma, gracias a la cual se incluyen tanto los daños sociales (en contra de los seres humanos) como el daño contra los no humanos (contra animales o ecosistemas).

El estudio de los recursos naturales desde una perspectiva criminológica ofrece la posibilidad de centrarse simultáneamente en tres cuestiones relacionadas entre sí (Zaitch, Boekhout van Solinge & Müller 2014: 92). En primer lugar, cuando se involucran delitos penales es posible analizar quiénes son los autores, cómo operan los mecanismos ilegales y por qué suceden estas prácticas ilegales. En segundo lugar, una perspectiva criminológica (verde) puede revelar quiénes son las víctimas humanas y cuáles daños sociales y ambientales pueden ser identificados. Por último, un enfoque criminológico verde también se centra en cuáles ‘derechos’ han sido violados (constitucionales, humanos, ambientales, sociales, etc.), qué iniciativas existen para defender esos derechos y qué medidas o intervenciones pueden ser tomadas para protegerlos (Zaitch, Muller & Boekhout van Solinge, 2014: 92).

La criminología verde formó el concepto genérico del LAR. El énfasis es puesto en la identificación y reducción de los daños sociales y ambientales (ecológicos) resultantes del cambio de uso de la tierra. Este énfasis en el daño, sin embargo, no significa que LAR no se interese por los crímenes. Varias de las explotaciones de los recursos naturales en las dos áreas pueden ser abordadas actualmente desde los conceptos ya existentes de la criminología. Un ejemplo es el concepto de crimen organizado que acabamos de mencionar: una organización o red que está estructuralmente involucrada en actividades ilegales y que asegura su existencia y continuación a través de la corrupción y la violencia (Albanese, 2005). También la explotación de los recursos naturales puede abordarse desde otros ángulos criminológicos tales como:³

•Delitos de cuello blanco: los actos ilegales cometidos por personas de un alto o respetable estatus (Sutherland, 1940, Nelken, 1994);

•Crimen corporativo: actos ilegales cometidos por el personal de las empresas (internacionales). (Pearce y Snider)

•Crimen gubernamental: el crimen cometido por agentes gubernamentales, como los funcionarios públicos o políticos (Friedrichs, 2004)

•Crimen de Estado: los crímenes cometidos en nombre del Estado, como las violaciones de los derechos humanos (ver Green y Ward, 2004).

•Crimen estatal-corporativo: actos ilegales cometidos como resultado de la interacción entre los actores o instituciones gubernamentales y privadas (Michalowski y Kramer, 2006).

¿Cómo puede la criminología, y la criminología verde en particular, contribuir a un mejor entendimiento de los conflictos por los recursos naturales y a una reducción de tales conflictos? Dicho de otra manera, ¿cómo pueden ser detenidas o por lo menos mitigadas las violaciones de los derechos humanos que ocurren junto a la degradación ambiental, tal como sucede en las dos zonas geográficas estudiadas?

Como se indica en el Manual Internacional de Criminología verde, la mayor parte de los daños verdes en todo el mundo son causados por las relaciones político-corporativas encaminadas principalmente hacia las ganancias. Una de las formas en las que este daño estatal-corporativo es menos visible al público es mediante la concentración del daño en poblaciones marginales que buscan el empoderamiento político y económico para luchar contra esos daños. Las soluciones a los daños y crímenes verdes deben concentrarse en documentar y dar a conocer el impacto del daño verde en los grupos marginados, tanto humanos como no humanos (South y Brisman, 2013: 12). Este libro está en línea con este último objetivo.⁴

Las comunidades son actualmente el grupo más vulnerable y menos poderoso. Por lo tanto, la estrategia de desarrollo del LAR se centra en hacer de este débil grupo el más fuerte, por ejemplo a través del desarrollo de capacidades. El primer paso fue asegurarse que las comunidades conocieran sus derechos. Se trataba de ayudar a las comunidades en la reivindicación de sus derechos asegurando un mejor acceso a las instituciones o actores gubernamentales (de confianza).

Al otro lado del espectro del poder se encuentra el poder de las empresas, que en el contexto rural de América Latina incluye a la élite rural tradicional de terratenientes latifundistas ricos y poderosos. Estas élites rurales a veces casi que ‘gobiernan’ en algunas áreas, incluyendo el control sobre el uso privado de la violencia. Cuando este es el caso, se presenta cierta semejanza con el origen rural, en el siglo 19, de la mafia siciliana.

Los actores comerciales son los que más deben cambiar con el fin de lograr una reducción de los daños sociales y ambientales, así como de los conflictos por los recursos naturales. De la literatura criminológica sobre la delincuencia de cuello blanco y el crimen corporativo sabemos más o menos qué tipo de intervenciones son posibles y efectivas (ver por ejemplo, Braithwaite, 1994, Nelken, 1994, Friedrichs, 2004).

La criminología distingue dos modelos principales en el caso del incumplimiento de la ley o de la norma por parte de actores privados como las empresas: el modelo de cooperación, basado en el cumplimiento, y el modelo de penalización, basado en la disuasión y sanción. Desde la perspectiva de los actores privados (los regulados) y las instituciones gubernamentales (los reguladores), en general es preferida la cooperación, ya que es más económica y fácil, además de que mantiene las mejores relaciones. Sin embargo, desde una perspectiva criminológica crítica, esto no es suficiente; a veces una respuesta penal represiva es necesaria (Pearce & tumbas, 1990). El derecho penal debe ser a veces la reacción apropiada del Estado, especialmente en los casos en que los autores ordenan o cometen la violencia.

Otras respuestas legales, como el derecho administrativo, son vías a veces más eficaces que el derecho penal en remover las estructuras de apoyo para cometer delitos. El referido criminólogo John Braithwaite (1994) señaló que la mala publicidad ha demostrado ser eficaz en el control del poder corporativo y del crimen. El Estado puede mejorar esto por medio de ruedas de prensa de alto perfil. Braithwaite (1989: 127), sin embargo, también ha apuntado que el llamado señalamiento con el dedo no es tan eficaz por sí solo, ya que implica el riesgo de estigmatización y la formación de una subcultura de negocios en la que las normas no son estructuralmente respetadas. Algunas subculturas de negocios pueden ser consideradas como subculturas del negocio criminal, tal como cuando el comportamiento infractor de la ley, incluyendo el uso de la violencia, es ‘normal’ y además aceptado por los miembros de la subcultura (Boekhout van Solinge 2014b).

Parece que el concepto de subculturas del negocio criminal se aplica a algunas de las prácticas comerciales en Colombia y Brasil, las dos regiones de estudio. En ambas zonas es algo regular que los actores privados hagan uso de los servicios de agentes no estatales que emplean la violencia ilegítima en lugares públicos, como los pistoleros en el estado brasileño de Pará (y en otros lugares de la Amazonia brasileña), y los paramilitares en el departamento del Cauca colombiano (y en otras partes de Colombia).

En última instancia, si la represión o la cooperación es la respuesta adecuada a las actividades de violación de la ley por parte de empresas, ello dependerá de la cultura empresarial (Braithwaite, 1989: 130). Cuando existe la voluntad de hacer lo correcto en la comunidad de negocios, un modelo de cooperación basado en el cumplimiento es probablemente el mejor camino a seguir. El castigo es la mejor estrategia cuando la buena voluntad hace falta. Un problema que a menudo se produce en los países donde el crimen corporativo es rampante es la ausencia de procesos efectivos de deshonra social. Cuando una empresa y cultura social existen donde los crímenes corporativos y la corrupción son comunes, la primera prioridad debe ser la creación de una cultura en la que el crimen corporativo no sea tolerado. “Es necesario enfatizar en los procesos informales de deshonra frente a un comportamiento no deseado y el de alabar un comportamiento ejemplar” (Braithwaite, 1989: 127). Braithwaite lo resume de la siguiente manera: “Los reguladores eficaces de negocios son aquellos que tienen el sentido común para seleccionar el modelo adecuado en el momento adecuado. (…) En la regulación de los negocios, como en la vida familiar, los que son eficaces en el control social son aquellos que han perfeccionado el arte de la deshonra estratégica, evitando los escollos de la estigmatización” (Braithwaite, 1989: 131).

Puntos de vista desde la criminología pueden contribuir a mejorar las políticas públicas en materia de derechos humanos y el medio ambiente, además de reducir los daños y los crímenes presentes como resultado de los conflictos por los recursos naturales.

6.El esquema de este libro

Este libro da una visión general de algunos de los trabajos de la labor internacional e interdisciplinar del LAR en Brasil y Colombia. Como los distintos capítulos dejan en claro, parte de este trabajo se centra en la identificación y comprensión de los daños sociales y ambientales que resultan del cambio de uso del suelo en las dos zonas, mientras que otros capítulos, incluido éste, se centran en soluciones, hallazgos y remedios para reducir estos daños.

Existen marcos nacionales e internacionales sobre el uso sostenible de la tierra y el agua, y sobre el respeto de los derechos humanos. El problema es que aún no están implementados. El siguiente paso que la comunidad internacional tiene que tomar es la implementación de estas normas. Las aportaciones de los científicos y las ONG pueden contribuir a una mejor aplicación de las normas internacionales en materia de recursos naturales, en políticas verdaderamente sostenibles y en el respeto de los derechos humanos.

En tanto que la economía mundial está ahora más entrelazada y globalizada que nunca, un concepto útil puede ser el de la “responsabilidad compartida” entre los países del Norte y del Sur Global. Allí donde se evidencia la escasez de tierra y agua, recursos que están cada vez más bajo presión como resultado de la demanda global de tierra, agua y otros recursos naturales, es necesaria una política internacional y global responsable. Las asociaciones internacionales de universidades y ONG ofrecen posibilidades para identificar algunos de los daños sociales y ambientales que se producen, así como para buscar remedios que limiten dichos daños. Esperamos que este libro puede inspirar a otros, científicos y activistas del Norte y Sur Global, para formar asociaciones internacionales que aborden las cuestiones que son, en esencia, de naturaleza global.

Referéncias

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BOEKHOUT VAN SOLINGE, Tim (2014b), ‘Natural Resources and Organized Crime’ in L. Paoli (ed.) Oxford Handbook of Organized Crime, New York: Oxford University Press. pp. 500-528, 2014.

BOEKHOUT VAN SOLINGE, Tim, ‘Deforestation in the Brazilian Amazon’, in R. Sivanpillai (ed.) Biological and Environmental Hazards, Risks, and Disasters, Amsterdam/Oxford/Waltham: Elsevier, pp. 373-395, 2016.

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1Hubo además una condición adicional, a saber, que por lo menos uno de los países en estudio pertenezca a la lista de países con los cuales el gobierno de los Países Bajos tiene un acuerdo de cooperación para el desarrollo (en el caso del LAR, Colombia). La razón es que la mayor parte de la financiación de CoCooN proviene de la Dirección General de Cooperación Internacional (DGIS) del Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda.

2Ver por ejemplo: http://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/Conflict+and+Cooperation+over+Natural+Resources+in+Developing+Countries+%28CoCooN%29/background.

3Para una discusión más completa de los varios conceptos de la criminología que se aplican a la explotación de los recursos naturales, ver Zaitch, Boekhout van Solinge & Müller (2014).

4En el 2016, el primer Manual de Criminología Verde será publicado en Colombia, editado por Avi Brisman, Hanneke Mol, Nigel South y David Rodríguez.

Rutas de acceso a derechos étnico-territoriales: el caso de las comunidades negras del Alto Cauca, Colombia

Daniel Varela Corredor¹
Irene Vélez-Torres²
Juan Carlos Morales³

1.Introducción

Este capítulo aborda los procesos organizativos contemporáneos de comunidades afrodescendientes habitantes del Alto Cauca. Los tres procesos que aquí contrastamos enfrentan conflictos históricos que constriñen su usufructo de recursos naturales como el suelo, el agua, materiales de arrastre y metales preciosos, constricción que compromete la continuidad cultural de las comunidades en los territorios que han habitado por trecientos años⁴. Para enfrentar dichos conflictos, las comunidades han defendido la pertenencia étnica afrocolombiana, impulsada en Colombia por algunas organizaciones sociales desde la década de 1970 (Wabgou et al, 2012: 99-130), y reglamentada por el estado con la Constitución Política de 1991. Dicha afirmación de pertenencia ha sido efectiva a la hora de cohesionar a los grupos en torno a sentimientos de identidad común y a demandas concretas de territorio y derechos diferenciados. Sin embargo, al ser la cuenca alta del río Cauca una región copada por proyectos de desarrollo privado y marcada por una historia de conflicto interno y de acumulación de tierras y poder político, el auto-reconocimiento étnico y los derechos que le vienen asociados por ley encuentran limitaciones que son aquí analizadas. Estas limitaciones son particularmente visibles en las barreras que afrontan las comunidades para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada (CPLI) y para que dicho ejercicio co-ayude a garantizar su derecho al territorio.

Desde 2010 un grupo de investigadores nos hemos preocupado por caracterizar el origen, los actores y la dinámica de los conflictos asociados al uso del suelo, del agua y del subsuelo en la cuenca alta del río Cauca, en el suroccidente de Colombia (Vélez, Varela, Rátiva y Salcedo, 2012; Vélez y Varela, 2014; FIAN Colombia et al, 2014). En el marco de este trabajo, a lo largo de cuatro años hemos desarrollado un estudio longitudinal de carácter etnográfico a través de varias inmersiones de campo. Esta metodología nos ha permitido tener acceso a diferentes momentos de las comunidades, observar el desarrollo de procesos institucionales desde la perspectiva comunitaria, así como acompañar la organización de las comunidades para el acceso a derechos territoriales y otros derechos humanos. La continuidad en el acompañamiento ha repercutido en la profundidad del conocimiento sobre las diferentes dimensiones de los conflictos, sobre los desafíos organizativos y sobre las dinámicas de interlocución con los gobiernos nacional y regional. Finalmente, también nos ha permitido construir confianzas y solidaridades con las comunidades y sus procesos organizativos. En ese sentido, nuestro trabajo en terreno se orientó bajo una lógica de participación y colaboración, donde las comunidades y sus organizaciones sociales se involucraron en la definición del carácter, de los objetivos, de los alcances y de los productos de la investigación.

2.Los escenarios de estudio

El resultado de nuestro estudio presenta una visión regional sobre la movilización étnica afrodescendiente del Alto Cauca a partir de la observación sistemática de tres espacios donde intervienen Consejos Comunitarios creados por comunidades negras: La Toma, en la zona minera de montaña, El Hormiguero, en la zona plana con vocación agrícola y colindante a una gran ciudad como lo es Cali, y Monte Oscuro, en el poblado de Puerto Tejada, un enclave urbano producto de la progresiva descampesinización de la zona plana del Alto Cauca. Este texto se propone describir la dinámica histórica de los conflictos territoriales que hoy enfrentan cada una de estas comunidades, así como contrastar las estrategias de acción empleadas por sus organizaciones y la manera como se posicionan como actores dentro del marco de derechos étnicos constitucionales. En particular, evaluaremos la manera como las organizaciones se relacionan con el mecanismo de la CPLI: en qué contextos lo consideran pertinente, en qué contextos no, cuáles son sus potencialidades y cuáles sus límites.

La figura de los Consejos Comunitarios nació con la Ley 70 de 1993, la cual reconoció el carácter étnico de los afrocolombianos y su derecho a ejercer dominio de los territorios ancestralmente ocupados en las áreas rurales. En dicha ley, a los Consejos se les encomendó la representación legal de las comunidades para la titulación colectiva del suelo, así como la administración y autoridad sobre cada territorio titulado. El Pacífico colombiano, que hasta entonces se había conservado como una reserva forestal de la nación en gran parte de su extensión, fue escenario de un proceso sin precedentes de titulación colectiva por parte del Estado a favor de los nacientes Consejos Comunitarios (Restrepo, 2013). No ocurrió así con otros territorios afrocolombianos como el Alto Cauca, el cual, durante la segunda mitad del siglo XX, había experimentado una avanzada del capital privado que buscaba el control de los suelos agrícolas y de las fuentes hídricas. Este desarrollo capitalista ha retrasado y limitado las aspiraciones territoriales de los pueblos negros del Alto Cauca, incluso su reconocimiento como organizaciones étnicas en el marco de la Ley 70 de 1993.

En términos ambientales, sociales y económicos, el control que hoy ejerce el capital se expresa en el desecamiento del valle geográfico a partir de un sistema de diques y embalses que comprometen la sostenibilidad de la zona montañosa. También, en la consolidación de la economía azucarera y en la descampesinización generalizada de los habitantes negros con presencia histórica en el territorio. Más recientemente, la zona de montaña fue objeto de proyectos de inversión minera que si bien aún no se materializan con la explotación a gran escala de oro, sí se expresan en títulos de concesión sobre el subsuelo otorgados por el Estado a agentes externos a las comunidades tradicionales de la zona, y en la incursión de retroexcavadoras que explotan los suelos aluviales de manera ilegal. Todo esto ha ocurrido en un contexto de conflicto armado generalizado, alimentado por el interés de los grupos armados en hacerse a las rutas del narcotráfico y a la renta que proporciona la explotación de los recursos naturales.

Ahora bien, la conflictividad experimentada en la zona ha potencializado como nunca antes la acción civil de campesinos y campesinas, indígenas, afrodescendientes y otras organizaciones sociales. Entre la gente negra, descendiente de esclavizados africanos que trabajaron en haciendas y en minas de oro, se destaca el surgimiento de al menos cuarenta organizaciones que se reivindican como Consejos Comunitarios en el norte del departamento del Cauca (ACONC, 2013). De igual forma, surgieron dos consejos comunitarios en la zona rural de Cali y dos en Jamundí, municipios del sur del departamento del Valle del Cauca. Si bien la mayoría de estos Consejos no están reconocidos por el gobierno nacional, la Corte Constitucional de Colombia, en su Auto 005 de 2009, los reconoce como pueblos étnicos, practicantes de un acervo cultural específico y habitantes de un territorio ancestral, el cual debe ser protegido por el Estado mediante distintos mecanismos, entre ellos, la garantía del derecho a la CPLI.

Al tiempo que nuestra investigación avanzaba en la caracterización de los conflictos ambientales, cobraba relevancia en el escenario de la política étnica nacional el derecho de las comunidades a la consulta previa de proyectos legislativos y de desarrollo. El derecho a la CPLI fue reconocido por el Estado colombiano en 1991 al ratificar el Convenio 169 de la OIT, y normado a través de la Ley 21 de 1991 y de la Ley 70 de 1993. Desde la perspectiva de las comunidades afrodescendientes con las que trabajábamos, este mecanismo de participación parecía ser, en su momento, el recurso más directo para entablar diálogos con el Estado sobre temas de ordenamiento del territorio y proyectos de desarrollo económico que les afectaban. A continuación analizaremos los caminos emprendidos por las comunidades para reclamar derechos de acceso, usufructo y ordenamiento de los recursos naturales que hacen parte de los territorios que habitan históricamente. Nos preguntamos por el papel jugado por el mecanismo de la CPLI en cada uno de los procesos analizados.

Realizaremos el análisis de los casos de El Hormiguero, La Toma y Monte Oscuro a partir de la articulación de tres categorías: (i) la historia del territorio y de los medios de vida que han permitido a la gente de cada región constituirse como comunidad; (ii) la descripción del principal conflicto que hoy afronta cada comunidad y de los actores con quienes entablan el conflicto; y, (iii) las estrategias por medio de las cuales cada comunidad ha defendido su territorialidad, se ha constituido como un colectivo étnico y ha entablado una relación con el Estado en su nivel nacional y regional, en busca de un arbitramiento justo del conflicto. El análisis comparativo de estas dimensiones nos permite establecer las particularidades del proceso social y político de cada comunidad, analizando en contexto la pertinencia y las implicaciones de apelar o no al derecho a la CPLI.

3.El caso de El Hormiguero

En 1954 las élites industriales y terratenientes del valle del Cauca gestionaron dentro del Estado colombiano la creación de la Corporación Autónoma Regional CVC, la cual diseñó y ejecutó la construcción de un sistema de diques y represas con el propósito de regular las inundaciones de la cuenca alta del río Cauca. La desecación de los humedales, la canalización del cauce, y sobre todo, la construcción del embalse La Salvajina en 1984, hicieron que las inundaciones periódicas en el valle geográfico pasaran de ocupar 86.768 hectáreas en 1950 a 8.290 en 2008; el resultado de esta transformación ecosistémica fue la ampliación de la frontera agrícola y la habilitación de nuevas tierras para la producción agropecuaria (CVC, 2014). Este cambio favoreció una nueva geografía económica marcada por la industrialización y expansión de los cultivos de caña de azúcar, los cuales pasaron de ocupar aproximadamente el 12% del área plana en 1950 al 56% en 2004 (Velásquez y Jiménez 2004)⁵.

La anterior transformación del paisaje implicó cambios para las comunidades campesinas ribereñas, en su mayoría afrodescendientes. La comunidad del Corregimiento de El Hormiguero, ubicado a orillas del Cauca en el área rural del sur de Cali, es un ejemplo de ello. La gente negra de este corregimiento se autoidentifica como descendiente de los esclavizados africanos que trabajaron en la hacienda colonial de Cañasgordas. Después de alcanzar su libertad en 1851⁶, los afrodescendientes libres buscaron refugio a la orilla del río, en los terrenos despreciados por los hacendados por su carácter inundable. Si bien la ocupación que hicieron de los bosques cenagosos fue consecuencia del acaparamiento histórico de las tierras no inundables, los hormigueños desarrollaron saberes culturales y aprendieron a sacarle provecho a las crecientes del río: ejercieron una producción autónoma campesina sin competir por tierra con las haciendas, mientras su sistema productivo incluía cultivos de subsistencia como plátano, yuca, maíz, y una gran diversidad de especies frutales adaptadas a los terrenos pantanosos. Los cultivos de café y cacao, así como la extracción de arena en los playones del río, les permitieron conectarse con la economía de mercado y acceder al dinero. Por su parte, la cacería en los bosques y la pesca en las ciénagas hicieron que nunca faltara la proteína animal (Vélez et al, 2014: 169-171; Garrido, 2013: 12-14).

Con el desecamiento del área cenagosa del Hormiguero y el final de las inundaciones, la comunidad perdió su principal contención frente a la expansión del uso de la tierra por parte de los hacendados. Después de la construcción de Salvajina, estos terratenientes impusieron el cultivo de la caña, bien arrendando la tierra a los ingenios o produciendo la caña ellos mismos para proveer a la industria azucarera. El hecho de que la comunidad no contara en muchos casos con los títulos de propiedad sobre la tierra, o de que dichos títulos los poseyeran los viejos hacendados que nunca hicieron posesión física de los terrenos, hizo que los hormigueños estuvieran en desventaja a la hora de reclamar derechos sobre el territorio que habían construido. Mientras la disponibilidad de la tierra se expandía para la caña, se encogía para las crecientes familias afro-campesinas. Además, la aspersión aérea de glifosato para la maduración de la caña y el cambio ambiental vivido por la desaparición de los bosques, afectaron el equilibrio socio-ecológico de las fincas e hicieron que éstas dejaran de ser rentables. El frágil sistema campesino del Hormiguero entró en crisis y los pequeños agricultores no encontraron otra alternativa que vender a precios irrisorios sus predios y sus mejoras a los hacendados y cañicultores.

Hoy, la población del Hormiguero oscila entre 7.300 y 10.000 habitantes (Bolaños, 2014). Si bien subsisten en la actualidad 36 fincas tradicionales que interrumpen la homogeneidad del paisaje cañero, y muchos hogares conservan en sus patios y antejardines árboles frutales, la mayoría de la población se encuentra confinada en los cinco poblados del Corregimiento. La economía de estos habitantes depende del empleo informal que brinda la ciudad de Cali, la vinculación a diversas labores en las plantaciones de caña, la extracción de arena del lecho del río Cauca y el empleo obrero en la zona industrial del norte del Cauca (Garrido, 2013: 16).

Ahora bien, el control territorial que consolidaron las familias hacendadas al ganarle la guerra a las inundaciones, hoy les permite hacer nuevos planes de inversión para el crecimiento de su capital. Si el cultivo de la caña resultó ser un buen negocio, mucho mejor lo es la urbanización del suelo, tal como lo demostraron en las décadas de 1980 y 1990 los hacendados del oriente de Cali, cuyos terrenos en el distrito de Aguablanca también fueron desecados y valorizados por la CVC. En 2012, la Secretaría de Vivienda Municipal calculó el déficit habitacional de la ciudad en 90.000 viviendas urbanas nuevas, lo que implica la adecuación de 10 millones de metros cuadrados para alojar, principalmente, a 35.000 personas desplazadas del campo por el conflicto armado (Secretaría de Vivienda de Cali, 2014). Debido a los altos costos del suelo dentro del perímetro urbano, la Alcaldía de Santiago de Cali ha planteado desarrollar proyectos en el área rural.

Estos proyectos dan la idea de nuevos enclaves de pobreza o guetos: los propietarios de la tierra en Hormiguero le han planteado al municipio dos proyectos para la construcción de 20 mil viviendas subsidiadas por el gobierno nacional, las cuales ocuparían 240 hectáreas que hoy están cultivadas con caña. Uno de estos proyectos colinda exactamente con uno de los asentamientos de la comunidad del Hormiguero (Secretaría de Vivienda de Cali, 2014). Para que estos proyectos pudieran concretarse, el ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cali (POT) contempló nuevas disposiciones para el uso del suelo rural en el corregimiento y la construcción de lagunas para el almacenamiento de aguas residuales a la orilla del río. De igual forma, el POT recalcó la necesidad de estudiar las condiciones de riesgo de las familias que viven en el corredor fluvial del río Cauca y, en caso necesario, planear su desalojo.

La amenaza de la expansión urbana y del desalojo no es nueva en El Hormiguero. Sin embargo, con la aprobación en 2014 de este nuevo POT, la vieja amenaza se concreta en una forma institucionalizada de despojo a la que la comunidad se opone. Por esta razón, el Consejo Comunitario de El Hormiguero, creado en 2009, ha reclamado el derecho a ser consultados respecto a lo que el POT determina para su corregimiento. Para ello, apelaron al mecanismo de la CPLI. Hasta ahora, las instituciones competentes del Estado en sus niveles nacional y municipal han desconocido el derecho de la comunidad a la CPLI mediante la negación de dos hechos: (1) del carácter de comunidad étnica afrodescendiente de los habitantes del hormiguero, y (2) de las afectaciones que el POT implican para el ejercicio de territorialidad de la comunidad.

Sobre el primer elemento, resulta paradójico que el Corregimiento de El Hormiguero haya sido incluido en programas municipales para la protección y promoción del patrimonio inmaterial de las comunidades negras, tales como la cátedra afrocolombiana o las rutas de turismo que venden la experiencia de la religiosidad afro. Sin embargo, a la hora de defender patrimonios materiales como el territorio, o de reconocer la autonomía y la participación de la comunidad en la toma de decisiones, el carácter étnico de la comunidad es negado: después de siete años, tanto el Municipio de Cali como el Ministerio del Interior no reconocen al Consejo Comunitario como una autoridad legítima en la zona, de acuerdo a la Ley 70 de 1993. Por otro lado, las certificaciones expedidas por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del interior (Certificaciones 1536 y 2096 del 2012) sistemáticamente han reiterado la no presencia de comunidades negras en el área rural de Cali, con lo que han dado vía libre a los distintos proyectos urbanísticos.

En cuanto al segundo elemento, la oficina encargada en el Ministerio del Interior expidió una nueva resolución tras la insistencia de la comunidad sobre su etnicidad. Allí advertía que si bien en el Corregimiento de El Hormiguero sí habitan comunidades negras, éstas no se verán afectadas en su territorialidad y en su integridad cultural por la aprobación del nuevo POT. Los funcionarios hicieron referencia al hecho de que en la zona predominan las plantaciones agroindustriales, las haciendas ganaderas y los servicios recreativos para la ciudad de Cali, y poco se observa de “prácticas tradicionales de manejo del territorio”.

¿Pero qué tipo de territorialidad defienden los hormigueños? Si bien algunos hormigueños todavía producen alimentos en el reducido número de fincas y varios de ellos obtienen su sustento de la extracción de arena en el río, es un hecho que la crisis del sistema campesino hizo que la comunidad hoy tenga poco control sobre el uso del suelo y del agua como recursos económicos. Pese a esto, aún mantienen una relación estrecha con el río, con los reducidos humedales y con la tierra como espacios de habitación. La apropiación simbólica de estos espacios refuerza su identidad colectiva al conectarlos con la misma geografía histórica que habitaron sus ancestros africanos esclavizados, y luego campesinos rebeldes y prósperos, que disfrutaron durante cien años la libertad que habían alcanzado en 1851 (Bolaños, 2014).⁷ Esta apropiación del espacio y los lazos de identidad comunitarios se refuerzan por medio de rituales como las adoraciones a la virgen de la inmaculada concepción, las cuales incluyen, cada diciembre, un recorrido de esta imagen sacra a lo largo del río y del territorio (Arocha, 2011).

Cuando la comunidad de El Hormiguero se organiza para exigir su derecho a la CPLI, entre sus principales elementos de análisis no está la necesidad económica de los pobladores para garantizar su subsistencia a través de los bienes ambientales del territorio (una de las principales diferencias con el caso de La Toma); la pérdida masiva de la finca tradicional por la expansión de la frontera agrícola del monocultivo de la caña fue una pérdida que los pobladores no aspiran en este momento retroceder. Sin embargo, en la medida en que estos espacios productivos constituyen la memoria material del pasado fértil y productivo de la comunidad, su defensa de la finca tradicional se ubica en el ámbito simbólico más que en el ámbito económico.

Por otro lado, cuando la comunidad de El Hormiguero reivindica su derecho a la CPLI lo hace bajo el argumento de que este mecanismo es el recurso, ganado constitucionalmente, que garantiza su participación en la definición del futuro de su territorio. Para la comunidad éste es un mecanismo de poder político que permite influir sobre decisiones centrales que afectarán el presente y futuro del territorio rural que la comunidad habita. Al exigir su derecho a participar la comunidad está exigiendo su derecho a gobernar el territorio ancestral que habita.

4.El caso de La Toma

Según la memoria oral de los habitantes locales, el proceso de poblamiento de La Toma ha tenido dos hitos fundamentales. Por un lado, la explotación minera de oro y azufre que trajo a los primeros esclavos africanos a esta zona desde 1636. Posteriormente, el establecimiento de una línea férrea que atravesaría este territorio y lo convertiría en una zona idóneamente conectada con las dos ciudades más importantes de la región: Popayán y Cali. Tras la abolición de la esclavitud en 1851, los afrodescendientes locales continuaron explotando artesanalmente el oro en las riberas del río Cauca y del río Ovejas. Esta minería de barequeo la han alternado estacionalmente con la producción de algunos productos de amplia comercialización como el café y el cacao. Además, los afro-campesinos de esta zona han mantenido históricamente espacios de finca para el cultivo de alimentos para el auto-consumo, tales como fríjoles, yuca, plátano y una amplia diversidad de frutales. La pesca en el río Ovejas, afluente del río Cauca, ha sido la principal fuente de abastecimiento de proteína animal, así como una importante práctica cultural.

Una característica central de la comunidad de La Toma es que la mayoría de las familias dependen económicamente de la práctica tradicional agro-minera. Algunas familias complementan su economía con las remesas enviadas por parientes que han migrado a Cali, Florida o Bogotá; otras con actividades desarrolladas a nivel local como ser profesor del colegio rural o manejar el jeep que provee el transporte público en la zona. Pese al grado de diversificación económica que se ha logrado a través de la migración o de la formación profesional, las actividades predominantes y de las que depende la economía familiar son el cultivo de café, plátano y cacao, y la minería tradicional de oro. En este sentido, tener tierra para sembrar y un puesto para extraer oro en alguna de las minas del Corregimiento son necesidades primarias para garantizar el sostenimiento de las familias.

En la medida en que el acceso a la tierra y al oro son determinantes de la relación económica de la comunidad con el territorio (land-base resources, según como se ha denominado en inglés), una alteración en ese acceso no sólo implica la violación del derecho al trabajo, sino que genera transformaciones irreversibles en el ejercicio de las prácticas socio-económicas tradicionales. Así, la explotación ilegal de oro por medio de retroexcavadoras, así como la titulación minera otorgada por el gobierno nacional a actores foráneos a la comunidad, afectan la relación económica de la comunidad con su territorio. Mientras la minería de las retroexcavadoras es ilegal y violenta, la titulación minera es legal pero implica igualmente la privatización del acceso al oro. En ambos casos lo que la comunidad afrodescendiente confronta es el despojo, legal e ilegal, de sus medios de vida tradicionales.

El Consejo Comunitario de La Toma fue reconocido por el Municipio de Suárez en el año 2005 pero hasta la fecha no se reporta oficialmente en la base de datos del Ministerio del Interior. Sin embargo, en términos de acciones colectivas viene trabajando colegiadamente desde la construcción del embalse La Salvajina. Fue esta gran reserva de agua el factor físico que dividió la zona alta de La Toma de la comunidad vecina de Mindalá. Además, el cierre definitivo de la vía férrea, que fue simultáneo al cambio que el embalse generó en la navegabilidad del río, obligaron a los pobladores de la zona alta a encontrar alternativas de movilidad. Así, cuando las dos vías históricas de comunicación con la ciudad de Cali fueron interrumpidas, las personas ubicadas en la zona norte del corregimiento buscaron una nueva ruta de descenso terrestre a través de las vecinas veredas de Yolombó, Gelima y Dos Aguas. El impacto generado por esta infraestructura hace de La Salvajina un referente central en la historia ambiental y social de esta comunidad.

Aunque afectados por el impacto socio-ambiental negativo que sobre la comunidad de La Toma generó el embalse, esta experiencia contribuyó a que la comunidad fortaleciera su voluntad de lucha y las capacidades de organización social. Esto se vio reflejado en el exitoso proceso de movilización llevado a cabo en el año 1997 cuando la comunidad confrontó el proyecto de desviación del río Ovejas, planteado por la CVC como una necesidad para ampliar el caudal del embalse La Salvajina. Frente a este plan de trasvase, que la comunidad revive como una amenaza frente al único río que permanece vivo en el territorio, los habitantes de la zona alta y de la zona baja se organizaron para decidir por unanimidad y a través de varios espacios de participación comunitaria, que esa desviación afectaría los intereses de la comunidad y que por tal motivo no era viable.

Además del uso de mecanismos constitucionales de participación como la CPLI llevada a cabo para conforntar la desviación del río Ovejas, la capacidad de organización y movilización de la comunidad de La Toma se expresa en la resistencia, a través de un confinamiento estratégico, frente a las acciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)⁸ que disputaron a las guerrillas el control del territorio desde Timba hasta el Naya. También, más recientemente, con movilización legal para sustentar la negativa de la comunidad a aceptar la titulación minera y las acciones de las retroexcavadoras en su territorio. Cabe resaltar que, durante la última década, la movilización legal del Consejo Comunitario y las manifestaciones públicas de los habitantes del corregimiento han contenido un desastre ambiental minero que ya se ha evidenciado en otras zonas ecológicamente similares como Zaragoza, San Antonio o Timbiquí.

Aunque resulta interesante notar que los conflictos asociados a la disputa por el control territorial han impactado de forma positiva en la organización social de la comunidad de La Toma, ello no implica que los conflictos sean deseables. Para resumir, algunos de los impactos negativos generados por estos conflictos son la fractura de las relaciones sociales entre comunidades vecinas, los reiterativos procesos de desplazamiento forzado, las amenazas de muerte y los asesinatos por parte de actores armados ilegales que en diferentes momentos han custodiado capitales privados a nivel local. Uno de los casos más visibles ha sido el de la líder comunitaria Francia Márquez Mina, quien tras oponerse abiertamente a la minería ilegal en el río Ovejas ha sido amenazada y obligada a migrar fuera del Alto Cauca.

En términos de la dimensión armada del conflicto, resaltamos la presencia permanente de un batallón de alta montaña del ejercito nacional que protege la infraestructura de la represa La Salvajina; desde el año 2000 la presencia de grupos paramilitares – AUC, Águilas Negras y Rastrojos⁹ – que protegen rutas del narcotráfico, algunas iniciativas mineras y otros capitales de inversión internacional (Jimeno, 2015); y, finalmente, grupos guerrilleros de las FARC que desde 2010 están cada vez más involucrados en la custodia y propiedad de máquinas retroexcavadoras para la extracción ilegal de oro.

Ahora bien, en la actualidad la comunidad afronta una amenaza mayor por la titulación minera y la potencial explotación de oro a gran escala. En caso de que los actuales dueños de los títulos mineros hagan efectivo su derecho a la explotación de oro, el resultado sería una des-territorialización definitiva que tendría un impacto irreparable en las tradiciones socio-culturales de la comunidad, así como en los medios y formas de vida con que basan su sustento. Además, este impacto sería extensivo a las “colonias tomeñas”, que son grupos de migrantes de La Toma que actualmente viven en capitales departamentales y ciudades intermedias, y quienes siguen tejiendo su identidad en su relación con la pertenencia al territorio tradicional de La Toma (Vélez-Torres y Agergaard, 2014). Tal vez esta sea la razón principal por la cual, desde la perspectiva del Consejo Comunitario de La Toma, ejercer el derecho a la CPLI en el caso de la titulación minera implicaría afectar el derecho de la población local al territorio y al ejercicio de sus prácticas comunitarias tradicionales.

En el año 2010, tras confrontar varios intentos de desalojo por parte de la Policía municipal y bajo diferentes edictos expedidos por la Alcaldía de Suárez (circunscripción municipal a la que pertenece La Toma), el Consejo Comunitario de La Toma interpuso una acción de tutela para defender su derecho al territorio, a la participación y al trabajo. Aunque negada en primera instancia, esta tutela fue finalmente revisada por la Corte Constitucional que emitió la Sentencia T1045 de 2010, según la cual se reconoce la presencia de comunidades negras en el Corregimiento de La Toma, se exige el desarrollo de la CPLI para otorgar cualquier título minero o desarrollar cualquier proyecto que afecte a la comunidad, y se pide a las instituciones públicas velar por el bienestar de la comunidad y la garantía de su derecho al territorio. Este tercer componente de la sentencia es el más comprehensivo y, por ello, la principal herramienta legal que tiene la comunidad de La Toma para ejercer la gobernabilidad de su territorio, más allá del ejercicio de cualquier mecanismo de participación.

Según el Consejo Comunitario de La Toma, existen al menos tres razones por las cuales, en su caso específico, ejercer el derecho a la CPLI no ofrece a la comunidad ninguna ventaja para proteger su cultura y ejercer su derecho al territorio:

•Primero, porque la titulación fue otorgada a espaldas de la comunidad, cuando dominaba en el territorio el régimen de terror instaurado por las AUC. Se cuestiona, de esta manera, la legalidad y legitimidad inicial en la adjudicación de los títulos mineros; además, se sugiere que el ejercicio de la CPLI implicaría legitimar una titulación que se realizó de forma indebida desde el primer momento.

•Segundo, porque la CPLI permitiría a la comunidad participar en la definición de la forma en que se realizaría la exploración y explotación minera, pero no permitiría a la comunidad oponerse a la exploración o explotación a gran escala, ni oponerse a la otorgación del título minero en sí mismo. Es decir, es una participación con poder limitado que, de cualquier manera, no permite a la comunidad decidir sobre la continuación de su práctica agro-minera tradicional, cediendo sus derechos tradicionales al titulante privado.

•Finalmente, la titulación minera a particulares ha negado el derecho de prelación que tienen las comunidades afrodescendientes según la Ley 70 de 1993 y el actual Código de Minas (Ley 685 de 2001). Aunque ambas normativas hablan del derecho de prelación que tienen las comunidades afrodescendientes para ejercer la minería tradicional en sus territorios, en el caso de La Toma este derecho se ha violado cuando se ha otorgado un título sin tener en cuenta este uso tradicional del territorio. En esta medida, antes que el derecho a la CPLI, la comunidad reclama su derecho al ejercicio de las prácticas económicas tradicionales y, de esta manera, el derecho a la explotar oro de forma tradicional.

Desde la perspectiva del Consejo Comunitario de La Toma, la CPLI es un mecanismo que, aunque garantizaría su derecho a la participación, lo haría en un campo de decisiones muy limitadas y en contravía de su derecho a la territorialidad. Emerge una contradicción entre el derecho a la participación y el derecho a la territorialidad, pues la CPLI legitimaría el control del subsuelo por parte de un actor privado – quien además adquirió su título en momentos de extrema violencia y coerción social por parte de las AUC. Además, implicaría un cambio en las prácticas agro-mineras tradicionales al desplazar a la comunidad para entregar el territorio en concesión. De esta forma, antes que reclamar la CPLI, la comunidad de La Toma ha optado por defender su territorialidad desde la exigencia del territorio colectivo que le correspondería por ley, y desde la reclamación de su derecho de prelación para explotación minera tradicional.

5.El caso del Consejo Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro

Reconocido jurídicamente en febrero del 2009, el Consejo Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro (CCCPMO) está integrado por 50 familias afrocolombianas que habitan, en su mayoría, en el municipio caucano de Puerto Tejada. Éste se halla asentado en el valle interandino del río Cauca justo en una zona dominada por el cultivo de la caña de azúcar. Si bien la actividad económica vinculada con la caña y los ingenios azucareros ha sido la principal responsable de los conflictos por la tierra y su uso en la zona, la presencia de haciendas de recreo y actividades industriales también han generado presión sobre ese recurso.

Al igual que en El Hormiguero, las familias integrantes del CCCPMO eran de tradición campesina, con fuerte arraigo por el territorio y herederas de una actividad productiva dirigida a la auto sostenibilidad alimentaria. Sin embargo, con la expansión de la industria azucarera, la cual se vio acelerada desde las décadas de 1950 y 1970, y cuya dinámica de concentración de la tierra y demás recursos no ha dejado de crecer, las familias campesinas de Puerto Tejada y los demás municipios de influencia cañera fueron perdiendo muchas de sus tierras y los medios necesarios para alimentarse suficiente y dignamente¹⁰. Ahora, las familias sin tierras o sin las suficientes para poder vivir de ellas, sobreviven trabajando en el comercio informal, prestando servicios de limpieza en la vecina ciudad de Cali o empleándose en lo que bien puedan, en medio de un contexto social de pobreza, exclusión y creciente delincuencia común.

Desde que fuera conformado, el CCCPMO reivindica de manera pacífica su derecho a acceder colectivamente a tierras que le permitan rescatar sus formas de vida tradicional, desarrollar sus proyectos productivos y garantizar su derecho a la alimentación y a la autonomía alimentaria. Las posibilidades reales con que cuenta el Consejo para acceder a ese recurso son muy limitadas dado que: (i) en la zona no hay disponibles tierras baldías; (ii) casi todas las tierras se hallan bajo el control de grandes propietarios, ingenios cañeros, industrias, zonas francas y otros actores privados; y, (iii) las pocas tierras que quedan son muy costosas al ser la región una en las que mayor precio tiene la tierra en Colombia. En ese sentido, el CCCPMO sigue dos estrategias: (i) obtener la tierra que resulta de procesos de extinción de dominio que el Estado hace a grandes haciendas o fincas de narcotraficantes; y, (ii) acceder a la tierra a través de los procesos de entrega de tierra a poblaciones étnicas en el marco de las acciones estatales dirigidas a reducir los conflictos inter-étnicos entre población campesina, afrodescendiente e indígena.

Para el primer caso, el Consejo había sido beneficiario de una entrega estatal de tierra incautada al narcotráfico, proceso que tras unos meses fue revertido con el fin de transferir al sector agroindustrial la tierra que ya estaba trabajando la comunidad. Esta arbitraria medida del Estado condujo a graves perjuicios económicos para las familias del Consejo, ya que ellos habían invertido sus menguados recursos en mejoras de la tierra y compra de insumos, que no fueron compensados por ningún tipo de reparación o compensación por parte de las autoridades. Luego, desde hace aproximadamente tres años, surgió la posibilidad de acceder a casi 200 hectáreas de tierra en un municipio cercano a Puerto Tejada. Este proceso se encuentra interrumpido debido a la falta de compromiso coordinado entre la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes y el también ahora liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Adicionalmente, este predio ha sido entregado de manera provisional a uno de los más poderosos ingenios de caña del país. Este camino de acceso a la tierra se mantiene vigente y continúa siendo un desafío en la medida que el Consejo mantiene sus reclamaciones ante diversas instancias del Estado, especialmente a nivel regional y nacional.

En el segundo caso, la incidencia del CCCPMO se ha hecho de la mano con otro consejo comunitario de la zona, y se han logrado avances en el sentido de que las autoridades estatales evalúen la pertinencia de compra de una propiedad, cercana a las 100 hectareas, para su posterior asignación a ambos consejos¹¹.

Cabe resaltar que estas acciones de incidencia del CCCPMO en aras de acceder a la tierra se han hecho luego de años de capacitación interna sobre los derechos humanos; derecho a la alimentación adecuada y derechos conexos; los derechos de las mujeres en relación con el derecho a la alimentación y la tierra; la gobernanza responsable en materia de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques; y las formas de desarrollar estrategias de exigibilidad de esos derechos. Estas acciones de capacitación se han venido implementando al tiempo que el Consejo desarrolla herramientas de monitoreo (Ver FIAN et al, 2014 y FIAN et al, 2015) o participa en informes sobre derechos humanos (FIAN et al, 2013) de la mano de FIAN, que es la organización de derechos humanos que ha acompañado el caso. También es de subrayar que este tipo de acciones permitieron que el CCCPMO haya llegado a exponer o mencionar su caso ante diversas instancias de derechos humanos a nivel internacional, como es el caso del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (CCCPMO et al, 2013)

También debe resaltarse que desde su constitución, el Consejo reivindica su carácter étnico, sin que por ello se generen exclusiones en términos de otros auto-reconocimientos. Eso explica por qué las familias se perciben al mismo tiempo como campesinas y afrocolombianas, lo cual no obedece a una estrategia deliberada, orientada a ampliar caminos de incidencia efectiva. En efecto, en un contexto en el que el Estado y la sociedad en su conjunto utilizan las diferenciaciones étnicas para reducir el espectro universal de aplicación de los derechos humanos, el que el CCCPMO asuma este tipo de auto-reconocimiento obedece a una realidad objetiva: es prácticamente imposible ser afrocolombiano o indígena sin ser campesino o campesina a la vez, del mismo modo que muchas poblaciones campesinas también están sujetas a un pasado indígena o afrodescendiente.

En relación con la CPLI, el Consejo reconoce la importancia de esa herramienta y lo importante que puede llegar a ser para la futura defensa de los intereses de la comunidad, en caso de que el Estado otorgue la titularidad colectiva de tierras que tanto anhelan. Sobre esto es importante reconocer que varias de las personas líderes del Consejo o cercanas a él, fueron protagonistas a nivel local de muchas de las movilizaciones que en décadas pasadas han tenido por consecuencia que el Estado reconozca algunos de sus derechos o implementen leyes relacionadas.

6.Conclusiones

Los tres procesos organizativos que aquí contrastamos enfrentan conflictos históricos que constriñen su usufructo de recursos naturales. Es claro que en Monte Oscuro el conflicto se genera por el acceso al suelo para producir alimentos, en tanto este recurso ha sido acaparado por la economía azucarera y por el narcotráfico. En el Hormiguero, si bien hoy el conflicto se plantea por quién y cómo se toman las decisiones que determinan el ordenamiento territorial y la expansión urbana, hemos mostrado que las raíces de este conflicto se encuentran en la regulación de las aguas del río Cauca, ejercida por las élites hacendatarias desde la década de 1950. En La Toma, el conflicto no solo se genera por el acceso y la apropiación de los metales preciosos que se encuentran dispersos en la llanura aluvial, sino también por los mecanismos legales amparados que conllevan a la legitimación del despojo que beneficia a actores privados y desplaza a los mineros tradicionales.

Para enfrentar dichos conflictos, las comunidades han defendido su pertenencia étnica afrocolombiana, en tanto no abandonan otras identidades que los conectan a un pasado campesino en el que prosperaron produciendo alimentos y bienes para el intercambio regional o nacional. El lenguaje de la etnicidad, como ningún otro antes, ha sido efectivo a la hora de cohesionar a los grupos en torno a sentimientos de identidad y a demandas concretas de territorio y derechos diferenciados. Entre estos derechos sobresale la CPLI como mecanismo que se ofrece para incentivar la participación política en la toma de decisiones sobre el rumbo del territorio. Ahora bien, las comunidades mencionadas en este artículo han desarrollado diversas estrategias de incidencia frente a sus derechos, las cuales se adaptan a sus propias realidades, horizontes de lucha y antagonistas involucrados. Esta flexibilidad trasciende también al uso o percepción estratégica que las comunidades tienen de un mecanismo como la CPLI y de cuán importante puede llegar a ser o no, en cada contexto.

Sobre el mecanismo en cuestión, podemos concluir que este se plantea como un espacio para la participación y el debate político, pero no significa una garantía de protección efectiva del territorio. Ahora bien, debemos advertir que como espacio de participación política, la CPLI se encuentra viciada por la falta de claridad en la metodología del mecanismo y por el hecho de que la participación de las comunidades se encuentra mediada por el reconocimiento institucional de las mismas, mediante la “certificación” de presencia de comunidades étnicas y las afectaciones a las que estarán expuestas si se adelanta determinado proyecto. Este proceso de certificación tiene dos efectos: por una parte, la lucha por ser “certificados” para acceder al derecho de la CPLI implica un desgaste de las organizaciones, lo cual hace que estas se distraigan de sus verdaderos objetivos de defensa territorial; por otra parte, los procesos de certificación han implicado un crecimiento exponencial del aparato brurocrático estatal, el cual, como es costumbre, crea nuevos itinerarios y trabas para la garantía de derechos plenos. Esto hace que el problema del acceso al derecho de la CPLI se termine resolviendo en las altas cortes, alejadas de los contextos y problemáticas particulares de las comunidades.

Frente a estos complejos itinerarios burocráticos, el Consejo Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro parece mostrar un camino más certero, al concentrar sus esfuerzos jurídicos en la búsqueda de garantías directas de acceso al suelo como recurso fundamental para garantizar la vida y la integridad cultural de estos pueblos. Por su parte, La Toma decide apartarse de la exigencia del mecanismo bajo la comprensión de que éste puede llegar a afectar el propósito para el cual fue creado, a saber, la defensa del territorio tradicional de las comunidades étnicas.

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1Investigador del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y miembro externo del Grupo Conflicto social y violencia de la Universidad Nacional de Colombia. Investiga contextos de violencia desde un enfoque etnohistórico; en particular, ha estudiado la historia de la minería en el Chocó, los procesos de reparación a población víctima de la violencia y la reinserción de grupos paramilitares. Email: dvarela@icanh.gov.co.

2Profesora de la Escuela de Ingeniería de los Recursos Naturales y del Ambiente (EIDENAR), Universidad del Valle, y miembro externo del Grupo Conflicto social y violencia de la Universidad Nacional de Colombia. Investiga conflictos socio-ambientales desde un enfoque de acción participativa y con perspectiva étnica; algunos de sus temas de interés son la migración forzada, el control de bienes ambientales y los movimientos sociales. Email: irene.velez@correounivalle.edu.co.

3Director Ejecutivo de FIAN Colombia. Investigador en los temas de derecho a la alimentación y nutrición adecuada; geopolítica del hambre; monitoreo en derechos económicos, sociales y culturales. También apoya el desarrollo de herramientas diagnósticas e informes especializados en esos asuntos y en materia de la gobernanza responsable de la tierra, la pesca y los bosques. Email: porderechoalimentacion@gmail.com.

4Sobre la historia del poblamiento africano en la región del Alto Cauca durante la colonia hispánica ver: Colmenares, 1979; 1983; Herrera, 2009; sobre la historia de la población negra en esta región durante los siglos XIX y XX ver: Sanders, 2009, Mina, 2011.

5Según el gremio azucarero y su centro de investigaciones Cenicaña, actualmente 205.000 de las 406.000 hectáreas que ocupa el valle geográfico del río Cauca están dedicadas al cultivo de caña con destino a la producción de azúcar y a la producción dual de azúcar y etanol (Quintero et al, 2008).

6En Cañasgordas ese año fueron liberados 56 esclavos según los cálculos realizados por Jorge A. Tovar (2010)

7Sobre el proceso de emancipación de esclavos en el alto Cauca ver: Sanders, 2009; Valencia Llano, 2007; Tovar, 2010; y Mina, 2011.

8Las AUC ostentaron el poder territorial de la zona de Timba, Buenos Aires y Suárez desde el año 2000, cuando una ejercito paramilitar de más de 500 hombres se instaló en Timba y desde allí coordinó el control territorial. En abril de 2001, este bloque paramilitar cruzó la cordillera occidental e incursionó a la región del Naya con la complacencia de quienes comandaban la Tercera Brigada del ejército en Cali. Allá, asesinaron cerca de 50 civiles y desplazaron cerca de 3200 personas, incluyendo indígenas y afrodescendientes. (Jimeno, 2015)

9Tras el proceso de desmovilización de las AUC entre 2004 y 2005, los ejércitos paramilitares de la zona cambiaron su nombre para autodenominarse Águilas Negras y Rastrojos; estos grupos han sido nombrados por el gobierno como Bandas Criminales Emergente (BACRIM).

10Hay que mencionar que a finales de los años 20 del siglo pasado, en la región había ya un proceso rápido de transformación dirigido a la expansión y tecnificación del cultivo de caña con base en recomendaciones hechas por la “Misión Inglesa” (1927) y la “Misión Puertorriqueña Chardón” (1929), lo cual llevó a la creación de nuevos ingenios azucareros y a que las comunidades campesinas comenzaran a padecer un sistemático proceso de pérdida de tierras y recursos necesarios para la producción alimentaria. Esta información fue extraída de: CCCPMO, 2012: 13-14

11Por razones de petición expresa del CCCPMO, en ningún documento en que se trata su caso se mencionan mayores detalles de los lugares, ubicaciones y actores involucrados en estas reclamaciones o negociaciones por la tierra. Eso con el fin de: i) evitar fuga de información que puede afectar las acciones de incidencia en marcha y no desvelar detalles de las estrategias implementadas; ii) proteger la seguridad de sus líderes; y iii) minimizar los riesgos de criminalización por parte de actores estatales.

Cultivo de soya y conflictos por la tierra en la región de Santarém, Pará

Sérgio Sauer¹
Pedro Sérgio Vieira Martins²

1.Introducción

Este capítulo analiza la llegada y expansión de los cultivos de soya en la región Sur del Estado de Pará, específicamente en la región de Santarém, y sus consecuencias socioambientales en base a investigaciones bibliográficas, datos estadísticos – del sitio web de la Companhia Brasileira de Abastecimento (CONAB) y del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – estadísticas in locu y documentos de investigación notarial. El objetivo es analizar cómo las inversiones gubernamentales y privadas fomentan la expansión agropecuaria en distintos espacios geográficos, expandiendo las fronteras con pastizales y, junto a ello, desarrollando otras actividades agrarias, especialmente de cultivos que satisfagan las demandas del mercado internacional de commodities agrícolas y no agrícolas.

Los análisis sobre la introducción y cultivo de soya en la Amazonía no han tenido importancia debido a la representatividad del área en relación al cultivo nacional, pues menos del 1% del área total cultivada está en Pará (CONAB, 2016). En primer lugar, llama la atención el acentuado ritmo de expansión, pues “[…] la velocidad con la que la plantación avanza” es impresionante (SCHLESINGER y NORONHA, 2006, p. 77; NINNI, 2004; BENATTI, 2003), con promedios por encima del crecimiento nacional, sólo comparables con los avances de las fronteras agrícolas en los estados de Maranhão, Piauí y Tocantins (CONAB, 2008a; FREITAS Jr., 2013). En segundo lugar, la expansión de la producción de cereales hacia el norte evidencia además los cambios de logística, especialmente en las inversiones públicas (obras del Programa de Aceleración del Crecimiento – PAC) y privadas, fomentando una transformación en el transporte de cereales con sistemas intermodales, especialmente de ferrocarriles e hidrovías (WILKINSON, 2009).

Tercero, y más importante, la expansión del cultivo de soya en la Amazonía expresa lo que Almeida (2011) definió como “agroestratégias” y Delgado (2013) como “economía del agronegocio”. Implantada a partir de una combinación de elementos que engloba desde los incentivos públicos hasta la formación de una matriz de opinión por los medios de comunicación, pasando por opciones de negocio en las inversiones regionales, aquella agroestrategia entrega como resultado no sólo la producción de commodities agrícolas y no agrícolas; también, la destrucción del medio ambiente y la generación de conflictos sociales (BENATTI, 2003), materializando así procesos de “acumulación y desposesión” (HARVEY, 2004).

Para analizar este proceso de implantación y expansión de los cultivos, el presente capítulo fue dividido en tres partes, destinada la primera de ellas a reflexionar sobre los procesos históricos de expansión del capital en dirección al norte del Brasil, principalmente en la región de Santarém, Estado de Pará. La segunda intenta demostrar la consolidación de la cultura de la soya en la región y los mecanismos empleados para ello, especialmente las políticas de infraestructura del gobierno federal. La tercera y última parte del artículo identifica los conflictos resultantes de esta nueva configuración socioambiental en las regiones de nuevas fronteras.

2.Fronteras: expresiones de las agroestrategias o de la economía del agronegocio

A partir de la década de 1940, aunque especialmente renovada después del golpe de 1964, se consolidó una política de expansión económica agropecuaria en el Brasil. De acuerdo con los discursos oficiales, esa política tenía dos objetivo centrales: a) ocupar los espacios vacíos del territorio nacional y b) minimizar los conflictos por la posesión de tierra en las regiones Sur, Sudeste y Nordeste del país. La implantación del paquete tecnológico de la Revolución Verde a partir de los años de 1960 en el Centro Sur no significó cambio alguno en la lógica de expansión de las fronteras agrícolas. Alteraciones en la base productiva – especialmente con la adopción de la mecanización intensiva, el uso de fertilizantes químicos y semillas seleccionadas – modernizaron los latifundios (MARTINS, 1996), pero sin reducir la expansión de las fronteras. Por el contrario, esa modernización, por medio del crédito subsidiado, fue asociada a incentivos (especialmente exenciones fiscales a las empresas) para inversiones privadas y para la creación de proyectos de colonización en la ocupación de tierras de la Amazonía y el Centro Oeste (MARTINS, 1996).

El país fue testigo del desplazamiento de millones de familias, principalmente del Sur y del Nordeste, hacia las regiones Centro Oeste y Norte. La apertura de nuevas fronteras tuvo lugar no sólo a través de la asignación de parcelas para familias pobres, sino principalmente en la destinación de incentivos que financiaran la apropiación de grandes áreas por parte de empresas y grandes propietarios del Centro Sur. Las inversiones gubernamentales en infraestructura (especialmente la apertura de entradas) y los incentivos fiscales, volvieron rentable la compra y/o apropiación de grandes extensiones de tierras, materializando una “alianza militar-latifundista” (MARTINS, 1996).

En los años de 1970, las sociedades latinoamericanas fueron moldeadas por las lógicas de la frontera, es decir, por relaciones sociales y políticas marcadas por desplazamientos demográficos que incentivaron el aprovechamiento de tierras “no ocupadas” o “insuficientemente” ocupadas (MARTINS, 1996). El bajo costo del suelo y el cambio constante de su uso (aplicación de insumos, tecnologías e inversiones en infraestructura, disminución de los costos de transporte) crearon condiciones óptimas para que el capital explotara esas fronteras agrícolas. Guardadas las diferencias históricas y sociales, ese proceso resurge y se renueva con la ocupación y cultivo de cereales en el norte de Mato Grosso y en el sur de Pará, expandiendo el enfrentamiento con la naturaleza en el bioma amazónico. En los últimos años, esta expansión aparece tanto en la Amazonía como en Cerrado, especialmente en la porción del bioma localizado en una parte de los estados de Bahía, Piauí, Maranhão y Tocantins.

En los años 2000 se le presentan al capital nuevas posibilidades de conciliar frentes de expansión y fronteras, poniendo a su servicio planeación, tecnologías, nuevas tierras todavía “no utilizadas” y otras ya abiertas a la agricultura, además de los incentivos gubernamentales. Históricamente, la ganadería y la minería fueron las principales actividades que mayormente impactaron en el medio ambiente amazónico.³ Los procesos de ocupación de tierras favorecieron estas actividades, que son aún las principales responsables de los altos índices de deforestación. Sin embargo, la rápida expansión de los cultivos de cereales en la región, con especial énfasis en el Estado de Pará, es parte importante de la incorporación de nuevas tierras a las agroestratégias regionales amazónicas (ALMEIDA, 2011) no sólo de pastizales, sino también de bosques secundarios (PEREIRA e VIEIRA, 2010), reproduciendo la lógica de la exploración depredadora.

Según Almeida (2010), las agroestrategias son parte de la agenda política mundial, sobre todo a partir de una narrativa estrechamente ligada a la necesidad de suministro de alimentos. Comprenden un conjunto heterogéneo pero articulado de narrativas, mecanismos jurídico-formales, acciones gubernamentales e inversiones privadas. Las agroestrategias incluyen acciones gubernamentales como, por ejemplo, inversiones y ajustes a la carga fiscal de productos e insumos (ALMEIDA, 2011). Son, por lo tanto, una combinación de acciones gubernamentales e inversiones privadas, especialmente de empresas multinacionales del sector agroindustrial, que tienen como objetivo la apropiación de los recursos territoriales o, en los términos de Delgado (2013), la apropiación de la renta de la tierra. Estas agroestratégias representan un conjunto de iniciativas para remover los obstáculos jurídico-formales a la expansión del cultivo de cereales y para incorporar nuevas extensiones de tierra a los intereses industriales, en un contexto de aumento de los precios de los commodities agrícolas y no agrícolas (ALMEIDA, 2011).

En la misma perspectiva, pero empleando una noción distinta, Delgado (2013) definió la “economía del agronegocio” como un pacto de poder, por tanto, con características semejantes a la noción de agroestratégia. Según este autor, la economía del agronegocio extrapola la estrategia económica para “construir ideológicamente una hegemonía por lo alto – la gran propiedad sobre la tierra, las cadenas agroindustriales muy ligadas al sector externo y a las burocracias de Estado” (DELGADO, 2013, p. 63s), posibilitando “[…] la acumulación de capital en el ámbito de estos sectores amalgamados por el dinero público” (DELGADO, 2013, p. 62).

En los años más recientes, esta economía del agronegocio es el núcleo de la lógica económica brasileña, representando un pacto estratégico entre “[…] el gran capital agroindustrial, el sistema de crédito público a la agricultura y la agroindustria, la propiedad de la tierra y el Estado” (CARVALHO, 2013, p. 34), entre otros objetivos, con el fin de “la apropiación de tierras”, manteniéndolas como reserva de valor (CARVALHO, 2013, p. 34). En el caso amazónico, la lógica de apropiación es la extracción o la minería, es decir, la expropiación pura y simple de los recursos naturales sin beneficio social alguno y con impactos socioambientales (SAUER, 2012, 2011).

La economía del agronegocio o las agroestrategias están basadas “[…] en la captura y sobreexplotación de las ventajas comparativas naturales” o en la renta de la tierra (DELGADO, 2013, p. 64), materializando conflictos territoriales y verdaderas luchas por el territorio (SAUER, 2012, 2011). Además, según Delgado (2013, p. 64), ese pacto de poder hace uso de un conjunto de aparatos ideológicos tales como: a) bancada ruralista activa en el Congreso; b) activa asociación (asociación profesional) del agronegocio; c) burocracia encaminada a la expansión del crédito público, d) pasividad de las instituciones públicas de regulación; e) fuerte cooptación de los círculos académicos; f) connivencia y apoyo de los medios de comunicación nacionales.

En la misma perspectiva, según Almeida (2010, p. 103), estas agroestrategias están compuestas por complejas coaliciones de intereses que agrupan

“[…] figuras de los medios de comunicación como periodistas, editorialistas y comentaristas regionales que escriben para un público amplio y difuso en las columnas de “opinión”, calculando los efectos de la estructura de la tierra, exaltando las posibilidades del mercado de commodities y relativizando los efectos de los cambios climáticos. Agrupan además a profesores universitarios, economistas reconocidos, especialistas en implementaciones de políticas públicas, ONGs y grandes emprendedores con soluciones pragmáticas y operacionales, presionando sobre decisiones políticas”

Como parte de las agroestrategias, los medios nacionales (DELGADO, 2013; ALMEIDA, 2011) presentan noticias semanales sobre las perspectivas y posibilidades de ganancias futuras del sector agropecuario o agroindustrial, reforzando narrativas y discursos sobre la creciente necesidad y/o oportunidades de la expansión del sector de cultivo de cereales para la exportación.⁴ Con frecuencia, estos medios contrastan las buenas perspectivas del sector con las trabas burocráticas (leyes demasiado rígidas) o con la falta de inversiones públicas en infraestructura.⁵ Estas narrativas enfatizan la relación entre una supuesta crisis alimentaria y las medidas salvacionistas de aumento de la producción para resolver los problemas de escasez de alimentos (ALMEIDA, 2011).

Esta agroestrategia, además de ser una “acumulación vía expoliación” (HARVEY, 2004), viene provocando un conjunto de conflictos de intereses, especialmente disputas por las tierras y los territorios de la Amazonía (SAUER e ALMEIDA, 2011). En las tierras y territorios con expansión de fronteras se encuentran comunidades ribereñas, comunidades tradicionales y quilombos, poblaciones indígenas y productores familiares establecidos hace décadas, si no siglos (MARTINS, 1996), como cuentan las historias de las comunidades del Planalto santareno.

3.Expansión de la soya en la Amazonía: el caso de Santarém

Según varias estadísticas (IBGE, 2015; CONAB, 2016; CPT, 2010), la soya empezó a ser cultivada en el estado de Pará, inclusive en la región de Santarém, a partir de la cosecha de 1997. La construcción del puerto de la empresa Cargill, en el 2001, constituyó un incentivo fundamental para la ampliación de ese cultivo en la región (PAIXÃO Jr., 2012), principalmente porque disminuyó significativamente los costos de transporte (WILKINSON, 2009) para la exportación de ese commodity hacia los mercados europeos y asiáticos (BENATTI, 2003). Sin embargo, hay otras razones que explican esta expansión, como, por ejemplo, los precios de las tierras (CPT, 2010) y los incentivos gubernamentales.

Las estadísticas anuales de cosechas de la CONAB (2016) evidencian que el cultivo de soya llegó al Estado de Pará en los años 1997/1998, especialmente en la región de Santarém (Bajo Amazonas). Hoy existen dos polos consolidados de cultivo de esta leguminosa, que son las regiones de Paragominas (Noroeste de Pará) y de Santana do Araguaia (Sur del Estado), siendo la región de Paragominas la que poseía en esos momentos un área cultivada mayor a la del polo de Santarém, según se puede ver en el mapa (Figura 1).

Figura 1: Cultivo de soya en el Estado de Pará – distribución por municipio (2012)

Fuente: IBGE – Producción Agrícola Municipal (2014)
Elaboración: Ralph de Medeiros Albuquerque – Mader/FUP

A partir del año de cosecha de 1997/1998, la producción de soya aumentó significativamente en el Estado de Pará, como puede verse en el Gráfico 1.

Gráfico 1 – Producción de soya en el Estado de Pará (en mil toneladas)

Fuente: Serie histórica: soya – cosechas 1997/1998 – CONAB (2016).

El aumento de la cantidad producida es directamente proporcional al aumento del área de soya cultivada en el Estado, la cual pasó de 2,6 hectáreas en la cosecha de 1997/1998 a más de 336 mil hectáreas en la cosecha de 2014/2015 (CONAB, 2016).⁶ Según las informaciones proporcionadas en el Gráfico 2, hay un aumento significativo del área plantada a partir de la cosecha 2002/2003, confirmando el crecimiento de la producción y demostrando que la construcción del puerto de Cargill, en Santarém, fue un incentivo decisivo para la expansión de la soya en la región (CPT, 2010).

Las expectativas de un aumento de los precios de los commodities en el mercado internacional de los años 2003/2004 (CONAB, 2008) ayudan a explicar el incremento del cultivo en la región.⁷ Sin embargo, como este crecimiento estuvo muy por encima de la media nacional, otros factores – como los precios de la tierra, la construcción de infraestructura (puerto) y la concesión de incentivos gubernamentales, especialmente de crédito – deben ser considerados para explicar la expansión acelerada de la soya en la Amazonía, además de la expansión de los cultivos de caña de azúcar en la región Centro-Sur del Brasil, que compite con las áreas de pastizales y soya.

Gráfico 2 – Área plantada de soya en el Estado de Pará (en mil hectáreas)

Fuente: Serie histórica: soya – cosechas 1997/98 a 2014/15 – CONAB (2016)

Aunque los datos sean un poco diferentes,⁸ las estadísticas de la Producción Agrícola Municipal (IBGE, 2015) confirman el crecimiento del área de soya cultivada en los tres polos del Estado de Pará. Este cultivo pasó de un poco más de mil hectáreas, en 2001, a más de 100 mil hectáreas una década después (2011), básicamente en los tres polos de producción del Estado (microregiones de Santarém, Paragominas y Conceição do Araguaia), de acuerdo con las estadísticas del IBGE (2015), superando el crecimiento nacional (MILANI et al., 2008) y siendo más elevado que en los demás países productores de este cultivo.

Para el año 2016, la región de Santarém tenía la mayor área plantada de legumbres, con alrededor del 44% del área total de soya en el Pará (SCHLESINGER e NORONHA, 2006). Las proporciones empiezan a alterarse desde 2007/2008, pues para el año 2011 la región de Paragominas contaba con más del 58% (63 mil hectáreas) del área cultivada, Santarém con aproximadamente 28% del área de soya (más de 29 mil hectáreas) y la región de Conceição do Araguaia con el 10% (más de 11 mil hectáreas sembradas con la leguminosa), conforme a los datos del Gráfico 3 (IBGE, 2015).

Gráfico 3 – Área plantada de soya en los tres principales polos del Pará.

Fuente: Producción Agrícola Municipal (IBGE, 2015)

En el mismo periodo, sin embargo, según los datos del Gráfico 2, el área cultivada aumentó cinco veces, alcanzando más de 15 mil hectáreas en la cosecha de 2002/03. Este incremento fue aún mayor en los años posteriores, ya que el área cultivada se duplicó (más del 100% de aumento del área) en la cosecha siguiente, pasando las 35 mil hectáreas hasta llegar a 336 mil hectáreas en la cosecha 2014/15 (CONAB, 2016). Estos datos demuestran que, en las fronteras agrícolas, el aumento de la producción, proporcionalmente, se debe más a la incorporación de nuevas áreas y no a los incentivos en tecnología, como pretende el discurso actual en defensa de la modernización conservadora (FILGUEIRAS et al., 2007).

Estos datos actualizan el problema de la adquisición de tierras tanto para la producción como para la especulación. Las inversiones productivas y especulativas deben ser analizadas en combinación con la valorización financiera de las propiedades rurales (SAUER e LEITE, 2012), en un contexto en el que las inversiones públicas crean “[…] una situación en la cual la tierra en sí misma se convierte en un medio para capturar la renta económica” (HECHT, 2005, p. 387), o, en los términos de Harvey (2004), promoviendo la acumulación por desposesión.

Aunque la soya haya llegado a Santarém a finales de la década de 1990, el incremento del área cultivada inició a partir de la construcción del puerto de Cargill, finalizado en el 2001 (PAIXÃO Jr. 2013), evidenciando así la lógica de los incentivos privados de expandir las fronteras hacia la Amazonía (NINNI, 2004).⁹ Tanto las informaciones de la CONAB (2016) como del IBGE (2015) demuestran claramente un vertiginoso crecimiento del área cultivada a partir de las cosechas de 2002/03, con una expansión de hasta tres veces el área cultivada en comparación con los años anteriores.

De acuerdo con varios estudios (SAFRANSKY e WOLFORD, 2011; HECHT, 2005), entre las razones que explican este proceso de expansión de las fronteras, tanto para la producción agropecuaria (commodities agrícolas) como para la exploración minera (commodities no agricolas), están: a) los incentivos gubernamentales, especialmente la concesión de préstamos que compensen las tasas de interés; aunque también inversiones en infraestructura y reducción de impuestos a las exportaciones (WILKINSON, 2009);¹⁰ b) el buen margen de ganancias obtenido con los cultivos de cereales y, especialmente, con los de soya; y c) la disponibilidad de tierras, relativamente baratas todavía, en las regiones de fronteras, pero con buenas perspectivas de valorización (SAUER e LEITE, 2012).

Como parte de las agroestrategias, la combinación de inversión privada y pública es muy evidente en la región.¹¹ La pavimentación de la vía BR 163, una obra federal con inversiones del orden de R$ 1 billón y parte de las obras de infraestructura del PAC, tiene como una de sus principales justificaciones la creación de un corredor de exportación para el transporte de la soya, aunque también otros productos vinculados a la expansión de la frontera agropecuaria. De acuerdo con los términos del Plan Sustentable de la BR-163, esta pavimentación crea “un corredor de exportación para la producción de cereales y carne del Centro-Norte mato-grossense con dirección al mercado internacional” (GTI, 2006, p. 94).¹²

La Figura 2 identifica caminos e inversiones (inclusive algunas empresas envueltas, pero no hay referencia a inversiones públicas en el reportaje). Según lo planeado, el flujo de commodities agrícolas se iniciará en el norte de Mato Grosso en dirección al Océano Atlántico, pasando por la región de Santarém (GTI, 2006; Valor, 2013).

Figura 2: Vías de transporte para el transporte de la producción de soya (2013)

Elaboración: Ralph de Medeiros Albuquerque – Mader/FUP

Estas inversiones no sólo revelan el comportamiento del sector en términos de competitividad, con el aporte de recursos para dinamizar el transporte, factor importante en la composición de los costos (BARROS, 2013); también revelan las agroestratégias (ALMEIDA, 2011), inclusive las composiciones empresariales orientadas a la acumulación de fuerzas y exploración de los recursos regionales.

Según Wilkinson (2009), el rendimiento del Grupo Amaggi, que inició con la producción de soya y se transformó en un trading de cereales, es emblemática dentro de la nueva configuración del capital en esta región del Brasil. Para el autor, hace diez años el Grupo “[…] introdujo una innovación en la logística del flujo de cereales del Brasil con la construcción del Puerto de Itacoatiar, en el Amazonas, y con la creación de la Hidrovía de Madeira-Amazonas, orientados a la explotación de soya producida en el Centro-oeste. Construyó, también, una terminal para almacenar los cereales, en el Amazonas y en el Pará, y otro para fertilizantes, también en el Amazonas.” (WILKINSON, 2009, p. 75).

Según informaciones de prensa, hay varias iniciativas, como la creación de un joint venture¹³ entre empresas, revelando de esta manera la importancia de las inversiones para el transporte por este canal y no por los puertos de Santos (SP) y Paraguaná (PR), como es realizado actualmente (BARROS, 2013). El conjunto de inversiones públicas, especialmente la pavimentación de la BR-163 y la construcción de las terminales de transbordo en Miritituba (Río Tapajós, municipio de Itaituba), permiten una salida más económica de los cereales, por tanto, son inversiones en infraestructura que “funcionan más como un factor de estímulo a la plantación” (SCHLESINGER e NORONHA, 2006, p. 26). “No sólo habrá un acortamiento de las distancias, también el uso de barcazas representará una mayor economía en el transporte, pues cada una de ellas puede cargar hasta 200 mil toneladas de cereales, es decir, prestar el servicio que realizan 50 camiones” (BARROS, 2013).

Las inversiones privadas son fundamentales para promover la expansión del agronegocio y la extracción de recursos naturales en la Amazonía, así como en toda América Latina. Esas inversiones han permitido que “[…] extensos corredores de infraestructura vengan siendo construidos en todo el continente […] vinculando las fronteras extractivas con las áreas metropolitanas y los mercados extranjeros”, atrayendo inversiones y construyendo “caminos para la extranjerización de tierras” (SAFRANSKY e WOLFORD, 2011, p. 5). Sin embargo, estas inversiones privadas, como fue el caso de la construcción del puerto de Cargill, son realizadas por medio de incentivos gubernamentales y con el aporte de recursos públicos, especialmente inversiones de infraestructura en áreas como carreteras, ferrocarriles, hidrovías, puertos y energía (SAFRANSKY e WOLFORD, 2011; HECHT, 2005).

Para Schlesinger e Noronha (2006), la expansión del cultivo de soya en el Estado de Pará contó con incentivos gubernamentales federales y estatales, tanto en infraestructura como en financiamiento directo. Según ellos (2006, p. 76), “el gobierno paraense e instituciones federales como la Embrapa/Amazonía Oriental, proporcionaron las bases tecnológicas para el desarrollo [de los cultivos]. El Banco de la Amazonía, a su vez, ha financiado haciendas de soya y procesadoras de cereales en Santarém”

Además de las inversiones públicas en obras del PAC en la región (continuando los incentivos de los Planes “Brasil para Todos” y “Avanza Brasil”, del Gobierno FHC), hay aportes de recursos por medio de préstamos. Según datos del Banco de la Amazonía (BASA), en el 2012 fueron contratados casi R$ 2 millones para el segmento de soya en la región de Santarém (BASA, 2013).¹⁴ No es un volumen muy significativo, pero es necesario considerar, primero, que este volumen se refiere solamente a nueve contratos. Segundo, y lo más importante, es que no había destinación de recursos para este segmento hasta el 2006, según información proporcionada por BASA (2013).

Además de las financiaciones de los propios tradings y de aportes de otras fuentes gubernamentales, con la celebración de los primeros dos contratos en 2007, aportando alrededor de R$ 37 mil, el BASA ha destinado, desde entonces, más de R$ 2,8 millones para el sector (BASA, 2013). Este aporte de recursos públicos materializa el perfil de la economía del agronegocio (DELGADO, 2013), convirtiendo a “la región en una nueva división territorial de la producción moderna, cada vez más abierta a las determinaciones del mercado globalizado y a los signos contemporáneos” (PAIXÃO Jr., 2012, p. 89).

4.Cultivos de soya y conflictos por la tierra y por el territorio en Santarém

El avance de la soya en Santarém es resultado de la combinación de múltiples factores que incentivan la expansión de la frontera agrícola. La red de carreteras, la disponibilidad de tierras y la frágil protección de los territorios ancestrales son algunos de estos factores. La expansión del cultivo de soya, buque insignia de la Revolución Verde en el Brasil, puede ser entendida como una expresión de la modernización agropecuaria de la región, no sólo como ampliación territorial del paquete tecnológico, sino también como procesos monopolistas de apropiación del territorio (SILVA, 2006), en una actualización perversa que abarca desde la innovación tecnológica hasta el creciente monopolio de los tradings. Incorporación de tecnología, ampliación de la producción de commodities, exportación y generación de dividendos, entre otros factores, son frecuentemente utilizados para alabar la modernización agropecuaria, inclusive como la única salida posible.

La modernización económica, sin embargo, no se traduce en procesos de modernización sociales ni políticos en las fronteras, pues, en primer lugar, “[…] caracterizar y definir la frontera en el Brasil es, justamente, una situación de conflictividad social” (MARTINS, 1996, p. 27). En otras palabras, los frentes de expansión y la inclusión de “[…] lugares a las redes de modernización agrícola con conexiones globales, vinculadas a las prácticas de las corporaciones del agronegocio” (SILVA, 2006, p. 5) generan más conflictos socioambientales, una realidad histórica en la Amazonía que se profundizó con la llegada de la soya (CPT, 2010). Conflictos generados no sólo por diferencias históricas, sino sobre todo por un desequilibrio del poder (SAUER, 2012). En términos políticos, la frontera es la expresión de poder de los más fuertes, inclusive porque materializa la “acumulación por desposesión” (HARVEY, 2004), es decir, una “acumulación primitiva permanente” (CARVALHO, 2013, p. 31) como elemento central de la modernización capitalista actual y de la “economía del agronegocio” (DELGADO, 2013).

En general, cuando se mencionan los problemas centrales en la Amazonía, el primer y principal problema que aparece es la deforestación. Sin embargo, según ya se ha mencionado, es importante tener en claro que las “causas de la deforestación en la región están vinculadas a las diversas actividades antrópicas” (BENATTI, 2003, p. 1) y no sólo a la expansión de una actividad económica. Además, las informaciones y estadísticas sobre el uso de tierras, de una manera general, impiden hacer una asociación directa entre la erradicación o substitución de bosques nativos (o primarios) y los cultivos de soya en la región.

La deforestación es un problema importante, pero hallazgos como “1,2 millones de hectáreas de bosques fueron convertidos en cultivos” de soya (MILANI et al, 2008, p. 20) deben ser mejor estudiados.¹⁵ Según Benatti (2003), en el inicio del boom de la soya las áreas preferidas “[…] de ocupación de la soya en la región Oeste paraense” eran “[…] áreas ya utilizadas para el pastaje y la agricultura, representando el 90%. Las tierras que poseen cobertura vegetal primaria todavía están limitadas al 10% del área total ocupada” (BENATTI, 2003, p. 13). Estas informaciones, por lo tanto, impiden establecer una relación directa entre la expansión de los cultivos y la deforestación. Esto, por otro lado, no se relaciona con alguna clase de cuidado de los bosques, sino con una dimensión económica, pues el cultivo de áreas ya antropizadas (ya deforestadas) tienen un costo menor y “requieren menos trabajo para preparar la tierra a la mecanización” (PAIXÃO Jr., 2012, p. 65).

Deshacer la relación directa entre los cultivos mecanizados y la deforestación, sin embargo, no significa negar que la expansión de la plantación de soya representa una nueva amenaza al medio ambiente amazónico. En este sentido, es fundamental considerar que, si bien no hay todavía una asociación directa entre el cultivo de cereales y la deforestación, podría acontecer que, con “[…] el agotamiento de las áreas ya utilizadas para la actividad agraria, o cuando sea muy dispendioso el uso de parcelas ya deforestadas, las tierras con bosques puedan volverse más ‘atractivas’” (BENATTI, 2003, p. 13).

En segundo lugar, al estudiar los impactos de la expansión de los cultivos sobre los bosques secundarios, Pereira e Vieira (2010, p. 2) recuerdan que, además de destruir áreas en proceso de regeneración, “[…] este tipo de agricultura puede provocar un efecto de arrastre, impulsando la ejecución de otras actividades de alto impacto ambiental […], debido a la infraestructura (carreteras, ferrocarriles, hidrovías y puertos) construida para la soya”.¹⁶ Junto a la deforestación, hay otros daños ambientales importantes en la ocupación mecanizada de la Amazonía para la producción de cereales, donde el más importante es el alto índice de contaminación de ríos, nacederos, lagos y pantanos debido al uso de agrotóxicos (SCHLESINGER e NORONHA, 2006; CPT, 2010).

Además de los impactos ambientales, la expansión de los cultivos es la expresión del uso “corporativo del territorio” (SILVA, 2006), o de la privatización del territorio, como un mecanismo clave de apropiación de la renta de la tierra (DELGADO, 2012) por medio de un “neoextrativismo” (BALETTI, 2013). En los procesos de apropiación del territorio – inclusive como un mecanismo de bloqueo al acceso de la tierra para los más pobres – el precio de las tierras es un elemento clave (SAUER e LEITE, 2012). Atraído por los precios bajos (CPT, 2010; BENATTI, 2003), el cultivo de soya encareció el precio de las tierras en la región de Santarém (NINNI, 2004),¹⁷ así como en otras regiones de frontera (SAUER e LEITE, 2012), causando un impacto sobre la posesión de la tierra, tanto en el sentido de impedir nuevos accesos (por medio de asentamientos con fines de reforma agraria, por ejemplo) como impidiendo el reconocimiento de derechos (SAUER, 2012).

Este incremento provoca una combinación de aumento de la especulación del suelo (acumulación de tierras con vistas a futuras ganancias) y de la exacerbación de las disputas territoriales. Según ya se ha mencionado, los estimativos sugieren una disponibilidad de 500 mil hectáreas de tierra aptas para el cultivo de soya, debido a que estas tierras se encuentran con capacidad subutilizada” (FILGUEIRAS et al., 2007, p. 39). Esta información, de un lado, permite ver las posibilidades de apropiación del territorio (sea para la producción, sea para la especulación), pero también dimensiona la extensión de los posibles impactos socioambientales, inclusive porque la “capacidad subutilizada” no puede ser entendida como tierra no utilizada o sin ocupar.

En relación a los conflictos sociales como consecuencia de la expansión de los cultivos de cereales en la Amazonía, no existen muchos datos disponibles. Sin embargo, las informaciones de la CPT (2010) sobre conflictos están directamente relacionados con la disputa de tierras en la región, pues “[…] varias comunidades, localizadas a lo largo de la BR 163, se extinguieron o se redujeron para dar lugar a las plantaciones de soya” (CPT, 2010) y “[…] los pequeños productores han ido vendiendo sus lotes de tierra de manera sistemática” (SCHLESINGER e NORONHA, 2006, p. 26) a los cultivadores de soya que migraron en busca de tierras baratas y condiciones favorables para el cultivo del grano.

Según el informe de investigación de la CPT,¹⁸ la búsqueda de tierras baratas y la garantía del mercado para la soya “[…] causó muchos conflictos sociales, por lo que se volvió común oír relatos de casas incendiadas, expulsiones de familias, amenazas de muerte, intimidaciones a líderes, usurpación de tierras, supresión de selvas” (CPT, 2010). La usurpación de tierras, violación histórica en la región, aumentó considerablemente como consecuencia de la necesidad de suelos aptos para el cultivo de cereales (MILANI et al, 2008), incluso con operaciones de la Policía Federal y acusaciones a varios usurpadores (CPT, 2010).

Acompañando los casos, la Comisión Pastoral de la Tierra informó sobre varios conflictos, inclusive con acciones judiciales de pequeños productores familiares buscando mantener sus posesiones. De acuerdo con estos relatos, en una comunidad de Prainha (municipio vecino a Santarém), además de la apropiación indebida de áreas públicas (en la Gleba Pacoval por ejemplo), la usurpación es mediada por la compra de lotes, pues al “[…] comprar lotes cercanos a la PA 254, varios de estos compradores usurparon kilómetros de tierra al fondo, es decir, lotes que poseían 1 Km de fondo fueron aumentados a 5 o hasta a 8 Km” (CPT, 2010).¹⁹

Además de la apropiación indebida y fraudulenta de tierras públicas, la expansión de la soya se efectúa también con la substitución de comunidades rurales enteras por monocultivos. Sistematizando informaciones del Sindicato de Trabajadores Rurales de Santarém, la CPT (2010) afirma que “[…] más de quinientas familias dejaron sus tierras [a lo largo de la BR 163] para dar lugar a los campos de soya” en la última década.

El avance de la soya sobre la Tierra Indígena Munduruku del Planalto santareno es un ejemplo de la exacerbación de los conflictos socioambientales. La Tierra Indígena, según se puede observar en el mapa, es reivindicada por cuatro aldeas (Cavada, Açaizal, Amparador e Ipaupixuna), pero no está homologada por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) (TdD, 2015).

Figura 3: Mapa de la TI Mundukuru, construido con la comunidad

Fuente: Cuaderno Nueva Cartografía (2014)

La investigación notarial, realizada en el año 2015, muestra que el área que reivindican las comunidades indígenas fue registrada oficialmente en la Notaría del Municipio de Santarém como parte de dos parcelas federales, la Gleba Antiga Concessão de Belterra (matrícula nº 12.241) y la Gleba Ituqui (matrícula nº 1.566). Desde 1973, sin embargo, ambas vienen siendo divididas en propiedades particulares, algunas constituyéndose en verdaderos latifundios (área de tres mil hectáreas). La Gleba Ituqui está dividida en más de 200 registros (inclusive con áreas destinadas a la reforma agraria), con siete latifundios (áreas por encima de 1.125 hectáreas) y cuatro fincas medianas (entre 300 y 1.125 hectáreas), según los registros hasta el 2015 (TdD, 2015).

Esas propiedades fueron registradas en notaría, pero no hay procesos administrativos indicando el origen público de la segmentación de las tierras federales. El órgano responsable de la regularización de la tierra, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) no autorizó, o no posee, los documentos que legitimen la obtención de esos títulos de tierras de las dos parcelas, evidenciando una apropiación indebida de las mismas. En consecuencia, la supuesta legalidad de los títulos de tierras, la “inexistencia” de pueblos indígenas y la existencia de áreas ya deforestadas para actividades pecuarias fueron favorables para que la soya fuese cultivada en el Planalto (TdD, 2015).²⁰

Los cultivadores de soya, expandiendo su cultivo desde Mato Grosso, arrendaron algunas fincas y, en algunos casos, compraron áreas alrededor de las aldeas, pero sólo registraron esas transacciones en notaria hasta años después. La “compra de la posesión”, es decir, la adquisición de las beneficencias en tierras públicas también fue un instrumento de apropiación de tierras en el Planalto. El paso siguiente era solicitar la regularización de las tierras de esas áreas, ya cultivadas con soya y maíz, a través del Programa Tierra Legal (TdD, 2015).²¹

En Santarém, las lógicas de apropiación de la tierra y de los recursos naturales por los cultivadores de soya son: 1) apropiación por posesión de la tierra pública devastada por la propuesta de regularización de la tierra del Programa Tierra Legal; y 2) apropiación por compra de tierras, con anotación en notaría, pero con matrícula cuyo origen es desconocido o inexistente. Este proceso de apropiación y expansión del cultivo de soya es el motivo fundamental de los conflictos socioambientales en el Planalto santareno (TdD, 2015; CPT, 2010).

La frontera como “lugar de encuentro de los diferentes” (MARTINS, 1996) conlleva a la expulsión o presión sobre los poseedores y en el no reconocimiento de los derechos de las comunidades tradicionales y pueblos indígenas de la región. La valorización de las tierras (tanto en el sentido de precios, como en el “descubrimiento” de la aptitud para los cultivos) tuvo como consecuencia, por ejemplo, una mayor resistencia (tanto del gobierno como de los grupos privados) a la demarcación de tierras indígenas y al reconocimiento de comunidades quilombolas en la región (SAUER e SILVA, 2011; CPT, 2010; SAUER e MACHADO, 2010).

5.Conclusiones

Las nuevas fronteras agrícolas en la Amazonía, superadas las talas de selva para pastizales, y abiertas por la expansión de los cultivos de soya a partir del final de la década de 1990, representan un marco dentro de las agroestratégias del capital para esta región del Brasil. La construcción de infraestructura como carreteras, hidrovías, puertos, almacenes y ferrocarriles, con inversiones públicas y del sector privado (especialmente de los tradings), están en ejecución a lo largo de la segunda década del siglo XXI.

La velocidad de expansión de los cultivos y, en consecuencia, de los conflictos sociales y ambientales, será el escenario de la realidad regional. Al igual que los fenómenos económicos y sociales experimentados por la región Centro-Oeste, ocurrirá, además de los conflictos por la posesión de la tierra, la elevación de sus precios y profundas transformaciones en su uso. Deberán, también, ocurrir cambios en la relación de las fuerzas políticas, una vez que el capital no se limita a organizar sus relaciones económicas, sino que avanza sobre las estructuras estatales, materializando la economía del agronegocio (por tanto, basándose en pactos políticos, en la extracción de la renta del suelo y de la “renta ambiental”).

La región de Santarém, que en la década de 1970 fue testiga de la llegada de inmigrantes a causa de los proyectos de colonización del régimen dictatorial-militar, vienen enfrentando procesos de modernización de la agricultura, en su forma fordista empresarial, no menos conflictivos que las etapas anteriores de este proceso. Esta “nueva marcha” tiene la marca de la desposesión de los espacios creados por las comunidades locales, avanzando hacia nuevas áreas de selva. Por tanto, es la consolidación del modelo conservador de desarrollo agropecuario, ya que el uso de tecnologías (infraestructura, semillas genéticamente mejoradas, entre otras) no revierte en ganancias sociales, económicas o ambientales para las poblaciones nativas, sino que fortalece la acumulación expoliativa del capital agrario.

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1Doctor en Sociología, profesor de la Facultad de la UnB de Planaltina (FUP/UnB), de las Maestrías en Medio Ambiente y Desarrollo Rural (MADER/FUP) y de la de Sustentabilidad junto a Pueblos y Tierras Tradicionales (MESPT/CDS). Becario del CNPq.

2Licenciado en Derecho por la Universidad federal de Pará (UFPA), maestro en Agricultura Familiar y Desarrollo Sustentable del Programa de Pos-graduación en Agriculturas Amazónicas (PPGAA/UFPA) y asesor jurídico de Tierra de Derechos (Santarém).

3Según Benatti (2003, p. 1), son varias las causas de la destrucción ambiental y deforestación de la Amazonía, en particular los “[…] diferentes usos de la tierra (ganadería extensiva, plantación de cereales, agricultura de corte y quema, etc.), obras de infraestructura (hidroeléctricas, entradas y proyectos de minería), exploración de minería de aluvión, acaparamiento de tierras y degradación forestal (tala desordenada de maderas e incendios forestales)”.

4El periódico Gazeta do Povo, en su edición del 01 de octubre de 2013, afirmó categóricamente que la “soya suramericana domina dos tercios del comercio global”, siendo indiscutible el liderazgo de Brasil. De la misma manera, el periódico Valor Econômico, en su edición del 16 de octubre de 2013, publicó la noticia sobre las proyecciones futuras del cultivo de soya, afirmando que, como “principal producto agrícola del país, la expansión de la producción en la década será de 3,9% al año, menor que el 5% de la década pasada, pero por encima de la expansión mundial prevista, de 2,4% al año”

5O Valor (agosto de 2013) anunció que, incluso con “los altos costos, menores precios y márgenes de ganancia menos holgados”, la producción de soya en MT, en la cosecha de los años 2013/2014, se debe expandir, pero un “problema que se va a volver en contra del sector productivo en 2013/2014 será el descenso de las cosechas, el principal problema del Estado en los años 2012/2013”.

6Además del aumento ya verificado, los estimativos muestran que la región de Santarém “tiene casi 500 mil hectáreas aptas para la plantación de soya y que actualmente estas tierras están con capacidad ociosa” (FILGUEIRAS et al., 2007, p. 39), lo cual evidencia la dimensión del potencial del sector.

7De acuerdo con la CONAB (2008, p. 216-7), el precio de la soya se elevó efectivamente a partir de octubre de 2006, estableciendo precios más altos en el mercado internacional debido a la “reducción del área de producción” y al “incremento del consumo de soya y sus derivados en los países asiáticos”.

8Las estadísticas del IBGE y de la CONAB utilizan metodologías y fuentes de información distintas, produciendo resultados diferentes. A pesar de esto, el crecimiento del cultivo de soya en la región es innegable, pues la CONAB registró 104,8 mil hectáreas en la cosecha del año 2009/10 y 119,2 mil hectáreas en la cosecha 2010/2011, mientras que el IBGE (2013) contabilizó 106 mil en 2011 y 172 mil hectáreas en 2013.

9Reportagem da Época, del año 2004, muestra el financiamiento de los tradings para la expansión de las fronteras, pues “[…] los campos de soya encontraron en la selva su más nueva y promisoria frontera de expansión. Con la financiación de grandes empresas como Cargill y Bunge Alimentos, el lugar en donde más aumentaron las plantaciones fue en el Pará” (NINNI, 2004).

10De acuerdo con Wilkinson (2009, p. 77), las entidades gremiales vinculadas al complejo de la soya, “además de cuestionar cualquier iniciativa de los Estados de imponer tributos a la comercialización de la soya, la cual se encontraba exonerada, propusieron la desgravación tributaria efectiva de la producción de harinas y aceites destinados a la exportación, mediante la eliminación de las cargas ICMS, PIS y Cofins incluidas en esos productos”.

11Reunidas bajo la recién creada Asociacion de los Terminales Privados del Río Tapajós (Atap) Bunge, Cargill, Hidrovias de Brasil, Unirios, Reicon, Chibatão Navegações y Cianport abogan por los nueve terminales previstos para el puerto de Miritituba (BARROS, 2013), municipio de Itaituba (PA), demostrando claramente las agroestratégias para la región.

12De acuerdo con datos del IPEA, la pavimentación, combinada con barcos de abordaje en Santarém o en el Puerto de Miritituba (Itaituba), abarata el envío de soya y de otros cereales y fibras producidos al norte de Mato Grosso en por lo menos 25 dólares por tonelada (PROVEDELLO e FURTADO, 2004).

13El grupo Amaggi y Bunge crearon Navegações Unidas Tapajós Ltda. (Unitapajós) para actuar en el transporte de cereales desde Mato Grosso, por la hidrovía Tapajós-Amazonas, hasta Santarém (PA) o hasta Santana (AM), una alternativa de transporte más económica (BARROS, 2013).

14De acuerdo con Schlesinger e Noronha (2006, p. 76), el cultivo de soya en el Pará contó con un aporte de R$ 70 millones que fueron otorgados por el Gobierno del Estado a través del Programa de Desarrollo de Cerrado (Prodecer)

15El tal acuerdo de la “Moratoria de la soya”, que prohibió a las empresas adquirir soya de la Amazonía proveniente de áreas deforestadas (MILANI et al, 2008), no debe ser visto como una preocupación por la deforestación sino como el intento de dar una imagen positiva al sector (para una crítica a la “soya sustentable”, ver Baletti, 2013).

16Un reportaje de Época corroboró el “efecto de arrastre” cuando publicó que “estimulados por la valorización de la tierra para la soya, usurpadores y ganaderos invaden tierras públicas para derrumbar más pedazos de la selva. Desperdician uno de los ecosistemas más ricos del planeta, que hasta podría generar más empleos con la explotación sustentable de madera” (NINNI, 2004).

17Según un reportaje de Época, en la región de Santarém, “en 1998, la hectárea costaba cerca de R$ 40. En el 2000 estaba en alrededor de R$ 140, [en 2004], las tierras estaban siendo negociadas a R$ 1 mil o R$ 2 mil por hectárea, dependiendo de la localización del lote” (NINNI, 2004). Según el Sindicato de Trabajadores Rurales, 500 familias vendieron sus tierras a precios entre los R$ 2 mil y R$ 3 mil por hectárea (CPT, 2010) en el 2003.

18De acuerdo con varios documentos del Dossiê Cargill 2010, desde 2005, la Comisión Pastoral de la Tierra viene monitoreando las consecuencias socioambientales de la expansión de la soya por medio de visitas in loco y del acompañamiento a familias y comunidades impactadas con el cultivo del grano en el Pará (CPT, 2010).

19La usurpación es tan grave en la región que el Ministerio Público, en un Término de Ajuste de Conducta, en el 2004, hizo constar que Cargill no debería “recibir productos provenientes de propiedades que aparezcan en los registros de tierras de origen dudoso o bajo sospecha de dominio conflictivo” y, por el contrario, debería fortalecer “la actualización anual del catastro de propietarios” (CPT, 2010).

20En los relatos de los indígenas, los cultivos de pimienta negra, en la década de 1980, no exigían una gran deforestación ni la utilización de productos químicos, lo que redundaba en pocos conflictos, inclusive a causa del apadrinamiento. En la década siguiente, el avance de la actividad pecuaria transformó el uso de la tierra y la apertura de espacios para el pasto resultó en la tala de selva nativa y en el aumento de conflictos entre indígenas y ganaderos, inclusive porque las relaciones de apadrinamiento fueron substituidas por relaciones rígidas de trabajo (TdD, 2015).

21El Programa Tierra Legal, creado a partir de la ley n° 11.952/2012, prevé la regulación de las tierras federales no destinadas en la Amazonía legal. Tiene como objetivo titular inmuebles rurales cuyas posesiones sean anteriores a diciembre de 2004, en tanto que, de los 296.856 inmuebles rurales previstos para ser regularizados en los nueve estados, 89.785 están en el Pará (TdD, 2015).

Residuos de glifosato y ampa en fuentes naturales de agua y límites normativos para valorar la contaminacion en brasil y colombia

Irene vélez-torres¹
Luz Edith Barba Ho¹
Camilo Hernán Cruz Vélez¹
Carlos José Sousa Passos²
Carlos Martin Infante Córdoba²
Nayara Luiz Pires²
Bruna Maria da Silva Caldas²

1.Introducción general

Los plaguicidas o agrotóxicos hacen parte de un grupo de sustancias químicas capaces de controlar plagas y cuya aplicación aumenta la productividad agrícola (Péres y Moreira, 2003). La población en general está expuesta a los agroquímicos, principalmente por el consumo de alimentos tratados directamente con estos productos (Jardim y Caldas, 2012) o por el consumo de productos de origen animal, como la leche, la carne y los huevos, cuando los animales de donde provienen se alimentan de pastos tratados con agrotóxicos (Romano, Romano y Oliveira, 2009). Adicionalmente, análisis de muestras de agua de lluvia de zonas rurales y urbanas mostraron la presencia de diferentes residuos de agrotóxicos, indicando que los habitantes de estas regiones pueden estar expuestos a ellos por el ciclo ambiental y, más precisamente, por el ciclo del agua (Belo et al., 2012).

Además de los plaguicidas organoclorados y del posterior surgimiento de los organofosforados, el avance científico de las últimas décadas ha permitido la formulación de nuevas formas para el control de plagas (Solomon et al., 2010). De esta manera, el glifosato, un compuesto organofosforado, fue sintetizado por un grupo de investigadores de la Compañía Monsanto en los Estados Unidos, liderado por el químico J. Franz. Actualmente este compuesto es comercializado en más de 119 países. Mientras el glifosato es el ingrediente activo en más de 750 herbicidas de amplio espectro (Guyton et al., 2015), el compuesto comercial Roundup (GlyBH) es el más comercializado a nivel global (European Commmission, 2007; EPA, 2012, Mesnage et al., 2015), habiendo registrado en Brasil, solamente en el año 2013, la venta de 185.956,13 toneladas (Ibama, 2014).

De hecho, desde 2008 Brasil es el mayor consumidor mundial de agrotóxicos (Silva, 2015). El desempeño de su sector agropecuario fue resultado del crecimiento de la producción, siendo la soya responsable del 5,8% de este crecimiento (IBGE, 2015). Además, según proyecciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Suministro (MAPA en portugués), en la próxima década el cultivo de soya será el que más deba expandirse en Brasil, con un área cultivada que pasaría de 10,3 millones a 40,4 millones de hectáreas para el 2024, con un crecimiento del 34,1% sobre el área de soya en 2013. Este crecimiento se dará no sólo en las regiones ya consolidadas del cultivo, como la región Centro-Oeste, sino que también avanzará hacia la selva tropical amazónica de la región norte del país (Schlesinger, 2008).

Entre los municipios del Estado de Pará, en la Amazonía Oriental, Santarém se destaca como el mayor productor de soya en las cosechas de los últimos años, probablemente estimulada por la instalación de un gran puerto granelero de la empresa Cargill en los márgenes del río Tapajós (Oliveira, 2015). Ante este escenario, y sabiendo que la producción de soya guarda una relación directa con el uso de agrotóxicos en general, y específicamente con el uso de glifosato, es importante resaltar el carácter indispensable de un seguimiento ambiental constante en regiones de cultivo agrícola que emplean este herbicida.

En el caso de Colombia se utilizan más de 100 productos agroquímicos en la agricultura, lo cual genera una contaminación potencial en los ecosistemas directa e indirectamente expuestos. El glifosato se utiliza para las fumigaciones de cultivos ilícitos (coca y amapola), para la eliminación de plagas en cultivos de arroz, caña de azúcar, maíz, papa y tomate; además, desde 1981, se utiliza como madurante en el cultivo de la caña (Cenicaña, 1993).

En Colombia, los cultivos de caña de azúcar se han concentrado en la región del Valle del Cauca. Allí, mientras en 1956 la caña de azúcar ocupaba el 12% del área plana (Velásquez y Jiménez 2004), ha llegado actualmente a 176.244 hectáreas, equivalentes al 56% del área plana del departamento (Procaña, 2016). El decidido impulso dado por el gobierno a la expansión agrícola de esta región se reflejó en la construcción de diques y canales desde 1956, del Embalse La Salvajina en 1984, y en la implementación de la Ley Páez en 1995 para el fortalecimiento del sector agroindustrial. La reorganización del paisaje hídrico local en torno a la agroindustria, desde la década de 1980, generó una gran demanda de agua y deterioró la calidad de las fuentes superficiales y subterráneas de la región (Pérez y Álvarez 2009).

Adicionalmente, desde 1920 se empezó a investigar el uso de madurantes en la caña de azúcar, evaluando diferentes opciones y determinando dosis adecuadas para aumentar su rendimiento, sin afectar la producción de los cultivos siguientes. Los primeros ensayos con madurantes se realizaron a finales de la década de 1960, pero no fue sino hasta la década de 1980 que se empezó a utilizar herbicidas como madurantes, convirtiéndose en una práctica comercial en el valle geográfico del río Cauca (Cenicaña, 1993). Además del cambio fundamental en la geografía económica regional, la expansión de la caña generó un impacto ambiental sobre la salud de los pobladores y trabajadores expuestos al uso de agroquímicos.

Por otro lado, algunos estudios recientes indican el riesgo potencial del glifosato sobre la salud de la fauna silvestre(Gasnier et al., 2009; Shehata et al., 2012; Séralini et al., 2012); aún más recientemente, el glifosato fue clasificado por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC en inglés) como probablemente cancerígeno para humanos (IARC-WHO, 2015). A pesar de que el contexto evidencia la creciente importancia de estos compuestos en términos de riesgos ecotoxológicos en la salud humana, es evidente la gran carencia de métodos analíticos simples, no tan caros en términos de materiales e instrumentos y con exigencias mínimas de entrenamiento del personal técnico de laboratorio, que permitan determinar residuos de estos compuestos en matrices ambientales tales como el agua, la biota acuática, el material vegetal, los sedimentos y los suelos (Amarante Júnior et al., 2002; Ramírez et al., 2014).

Por ello, uno de los desafíos enfrentados en el presente trabajo fue el de desarrollar y validar un método analítico que permitiera identificar el glifosato, y su producto de degradación AMPA (ácido aminometilfosfónico), en muestras de agua por cromatografía líquida de alta eficacia, con detección por fluorescencia -HPLC-FL (Pires, 2015). Este desarrollo metodológico se aplicó en muestras de agua provenientes de Santarém, región de cultivo extensivo de soya, ubicada al oeste del Estado de Pará en la Amazonía brasileña, así como en muestras de agua de las Estaciones Comunitarias de Tratamiento y Suministro y de otros pequeños cuerpos hídricos del corregimiento de El Hormiguero, en la región del valle interandino del río Cauca, al suroeste de Colombia. El análisis de estos resultados condujo a identificar lagunas e inconsistencias en la normativa vigente de cada país, así como incoherencias entre los diferentes marcos normativos que buscan regular los límites de detección de la presencia de residuos de estos contaminantes en muestras ambientales como el agua.

2.Metodología

Para estudiar la presencia de residuos contaminantes de herbicidas a base de glifosato en el agua, utilizamos una misma metodología de campo y realizamos un análisis comparativo entre los casos de Brasil y Colombia. Así, el mismo protocolo de muestreo fue utilizado en ambos países con el propósito de mantener una coherencia que permitiera generar resultados comparables. El método analítico previamente desarrollado (Pires, 2015) tuvo como objetivo identificar residuos de glifosato y AMPA en las cuencas de los ríos Cauca en Colombia, así como en los ríos Curuá-Una y Moju dos Campos de la Amazonia brasileña (ver Mapa 1).

Mapa 1. Localización de la región de Santarém en Brasil y de la región Alto Cauca en Colombia.

El protocolo de muestreo tuvo en cuenta los lineamientos establecidos por las normas nacionales de ambos países. En el caso de Colombia, se siguió la norma técnica NTC-ISO 5667-1, el Manual de instrucciones para la toma, preservación y transporte de muestras de consumo humano para el análisis de laboratorio, y los Métodos estándar para análisis de agua y aguas residuales (APHA et al., 2012). El agua recolectada fue representativa del sistema de suministro de agua de la localidad y se recolectó en cantidad suficiente para los análisis. Además, en cuanto a los muestreos de agua subterránea, se dejó bombear el pozo antes de tomarse la muestra para así asegurar que el agua extraída del depósito fuera nueva.

Finalmente, en la recolección de las muestras de agua se siguieron recomendaciones como el uso de recipientes de politetrafluoroetileno (PTFE), los cuales evitan la presencia de contaminantes que puedan afectar el análisis de trazas; los recipientes fueron lavados con agua y detergente neutro, se enjuagaron con agua destilada o desionizada y se secaron adecuadamente. Las muestras fueron recolectadas por la inmersión de un cubo a una profundidad cercana a los 15 y los 20 cm en cada punto, con la ayuda de una jeringa y un filtro de 0,45 µm. Aproximadamente 100 ml fueron filtrados y transferidos en frascos de polietileno. Las muestras se mantuvieron durante cada día de muestreo en condiciones de refrigeración en una caja térmica con hielo reutilizable hasta su llegada al laboratorio, donde al final fueron congeladas (APHA et al., 2012).

La investigación se organizó en las siguientes fases:

Fase 1.

Visitas preliminares de reconocimiento de las regiones de estudio y de concertación de los muestreos con las comunidades y los líderes de cada territorio.

Fase 2.

Colecta de muestras de agua para determinar la presencia de residuos de herbicidas a base de glifosato.

Fase 3.

Análisis de muestras en el Laboratorio de Toxicología de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Brasilia, en Brasil.

Fase 4.

Sistematización de resultados y primeros avances interpretativos.

2.1. Sitio de estudio 1: El hormiguero, Colombia

El corregimiento de El Hormiguero se encuentra ubicado en el municipio de Cali, a 6 km del perímetro urbano, en la vía Cali-Puerto Tejada. El principal centro poblado del corregimiento está rodeado de cultivos de caña de azúcar de haciendas agrícolas de propiedad privada, mientras al oriente limita con el río Cauca. Presenta una topografía plana y una altitud de 950 msnm. Su ubicación en una zona de cultivo permanente de caña de azúcar aumenta considerablemente los riesgos de contaminación sobre la calidad de agua de los pozos de abastecimiento debido a la infiltración de agroquímicos en los suelos, así como sobre las fuentes superficiales debido a la escorrentía o a la aspersión del fumigante, todo ello reflejado en la salud de la población (Arana Rengifo 2007).

En El Hormiguero se realizaron visitas a los acueductos de Cabecera, Cascajal, Morga y Pailita para conocer el funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua potable (PTAPs). Igualmente, se determinaron los puntos de muestreo de los pozos y del efluente del proceso de tratamiento en cada una de las plantas. Por otro lado, la selección de los puntos de muestreo de las fuentes superficiales se realizó en un taller de cartografía con la comunidad. Esta información fue complementada a través de un recorrido de reconocimiento de campo con líderes comunitarios.

Se debe considerar que el régimen de lluvias en la región es bimodal, con un primer periodo de lluvias de marzo a mayo, y un segundo periodo de octubre a diciembre.

Se recolectaron muestras mensuales durante dos periodos de 3 meses cada uno durante el año 2015. El Periodo 1 incluyó los meses de marzo, abril y mayo; el Periodo 2, los meses de julio, agosto y septiembre. Esta periodización siguió el criterio de muestrear bajo diferentes condiciones climáticas de lluvia y sequía.

Es importante anotar que para el cultivo de caña de azúcar, la aplicación de glifosato como madurante se realiza dos meses antes de la cosecha, mientras que como herbicida se realiza en una etapa pre-emergente. Esto quiere decir que un cultivo con un periodo de plantación y cosecha de 9 meses, es fumigado al menos en dos oportunidades. Adicionalmente, el cultivo de caña en Colombia no sigue criterios de estacionalidad, razón por la cual en una misma zona hay áreas de cultivo (suertes) en diferente etapa de crecimiento. Estas condiciones hacen que la frecuencia de fumigación sea continua, y que una misma zona y población estén expuestas permanentemente.

2.2 Sitio de estudio 2: Región de Santarém y Mojuí dos Campos, Amazonía Brasileña

En Brasil, el área de estudio correspondió a la región del planalto del municipio de Santarém, oeste del Estado de Pará (Mapa 1), que hace algunos años contiene al municipio de Mojuí dos Campos. Esta región del planalto está formada por la cuenca hidrográfica del río Curuá-Una, que posee varios arroyos (riachuelos) y otros ríos tributarios, como el río Muju dos Campos. El paisaje local está compuesto por un mosaico de selva tropical (bioma amazónico), recortado por una densa red de drenaje hídrico y ocupado por cultivos de soya y ganadería, esta última destinada tanto para la subsistencia como para fines comerciales. El área fue escogida por la gran influencia que ha recibido de la expansión de la frontera agrícola a lo largo de los últimos 10 a 15 años (Aguiar, Peleja e Sousa, 2014).

Las muestras de agua fueron recolectadas estratégicamente de cursos de agua cercanos a las plantaciones de soya. Los sitios de muestreo fueron definidos en base a imágenes satelitales y teniendo en cuenta el sistema natural de drenaje local, así como demandas presentadas por las propias comunidades potencialmente expuestas a los agrotóxicos empleados en los cultivos de soya. Las muestras fueron recolectadas en febrero (periodo de lluvias) y agosto de 2015 (periodo seco). Además del criterio estacional, esta periodización incluyó el momento de mayor y menor uso de herbicidas a base de glifosato en la soya, a saber, febrero y agosto, respectivamente.

2.3 Análisis por cromatograíia líquida de alta eficacia, con detección por fluorescencia

La determinación de glifosato y AMPA fue analizada por cromatografía líquida con detección por fluorescencia, en el Laboratorio de Toxicología de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Brasilia, siguiendo la metodología desarrollada en Pires et al. (2015).

Las muestras de agua fueron filtradas (45 µm) y 200µL fueron inyectados directamente en el HPLC para el análisis de AMPA, o la muestra fue concentrada por liofilización (10x) para el análisis de glifosato. La separación cromatográfica fue obtenida en columna de intercambio ionica (PRP-X100, 10 µm, 250x2.1 mm) y fase móvil isocratica: 0.010 M fosfato de potasio, pH 2.1, ajustado con ácido fosfórico (H₃PO₄), 4% de metanol, flujo de 0.5 mL por minuto. En la caja de reacción postcolumna a 33º C, los analitos son oxidados con hipoclorito de calcio, complejados con o-ftalaldehido-2-mercaptoetanol, y el producto fluorescente es detectado (excitación a 340 nm y emisión 455 nm). El límite de cuantificación (LoQ) para AMPA y glifosato fue de 0.25 y 0.1 µg/L respectivamente. Este mismo método analítico fue utilizado para los análisis de todas las muestras de agua provenientes de las regiones de estudio mencionadas arriba, tanto en Brasil como en Colombia.

3.Resultados sobre la presencia de residuos de agroquímicos

Para el caso de Colombia, durante la estación lluviosa se analizaron 17 muestras (ver Tabla 1), de las cuales el 11,8% dieron positivas para la presencia de residuos de glifosato, mientras que en esta misma estación se detectó que el 58,8% de las muestras fue positivo para AMPA. Estos resultados muestran que, bajo las condiciones ambientales de la zona de estudio, el glifosato se ha transformado en AMPA, uno de sus subproductos de degradación (Martins-Junior 2005).

Resulta importante anotar que la presencia de estos residuos en el agua cruda de los acueductos puede originarse por infiltración en el terreno debido a las labores de fumigación en el campo, sumado al posible deterioro del sistema de protección de los pozos profundos. Además, la presencia de residuos en el agua tratada puede asociarse a la exposición del agua en los tanques de aireación con los que cuentan los sistemas, a una altura de 15 a 20 metros, y que cumplen la función de facilitar la remoción de hierro y manganeso. De cualquier manera, en la medida en que los sistemas de potabilización no están diseñados para remover plaguicidas, la contaminación del agua puede originarse y permanecer en cualquiera de las unidades del tratamiento.

Por otro lado, durante la estación seca se analizaron 23 muestras en Colombia (ver Tabla 1), de las cuales el 4,3% fue positivo para AMPA, mientras que no se detectó presencia de glifosato en ninguna de las muestras durante este periodo. Esto puede estar asociado a que, durante la época seca, al no presentarse lluvias, no hubo escorrentía que arrastrara los residuos de los herbicidas hacia las fuentes de agua superficiales y subterráneas de la zona.

Estos últimos resultados probablemente reflejan el hecho de que la variación climática, y en particular el Fenómeno del Niño que afectó a Colombia durante 2015 (Daza, 2015), alteraron la hidro-climatología de la zona, impidiendo la aplicación rigurosa del criterio de estacionalidad. Esta situación implicó que varias de las fuentes superficiales estuvieran totalmente secas durante el segundo periodo de colecta, razón por la cual no fue posible la recolección de muestras en los mismos sitios.

Tabla 1. Análisis de residuos de herbicidas con base en glifosato en muestras recolectadas en Colombia.

Para el caso de Brasil, durante la estación lluviosa se analizaron 30 muestras (ver Tabla 2), de las cuales el 20% dieron positivas para AMPA, mientras ninguna dio positiva para residuos de glifosato. Por otro lado, durante la estación seca se analizaron 25 muestras (ver Tabla 2), de las cuales ninguna resultó positiva para los residuos de plaguicidas en estudio. Esta diferencia entre el periodo seco y el periodo de lluvia puede atribuirse, por un lado, a la ausencia de escorrentía durante la época seca que arrastrara los residuos de herbicidas hacia las fuentes de agua y, por otro lado, puede deberse a que la mayor aplicación de herbicidas a base de glifosato en soja se realiza en el momento de la siembra de la planta, durante la estación de lluvias.

Tabla 2. Análisis de residuos de herbicidas con base en glifosato en muestras recolectadas en Brasil.

Comparando los resultados obtenidos entre las muestras que valoran la presencia de residuos de glifosato y AMPA en Brasil y Colombia, podemos observar que, en el caso de Colombia, la presencia detectada fue mayor en la cantidad de muestras y en la concentración de la sustancia. Esto puede deberse a las formas de uso y a la frecuencia de aplicación del agroquímico en las plantaciones de caña de azúcar.

4.Situación normativa sobre agrotóxicos

El seguimiento de la presencia de residuos de compuestos de agrotóxicos en el ambiente es algo complejo, ya que diferentes variables están implicadas, como el viento, la lluvia y el modo de aplicación del producto (Rebelo y Caldas, 2014). La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, en inglés), la Agencia Europea de Medio Ambiente, la Autoridad Australiana sobre Tóxicos y Drogas Veterinarias (APVMA, en inglés), La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la IARC, son todas ellas referencias cuando se trata de regulación y clasificación de estas substancias químicas.

En Brasil, el registro de agrotóxicos para uso agrícola involucra a los siguientes organismos: la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA, Ministerio de Salud), responsable de la evaluación toxicológica, del establecimiento del Límite Máximo de Residuos en los alimentos y de la evaluación del riesgo sobre la salud humana; el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA, Ministerio del Medio Ambiente), responsable de la evaluación de la peligrosidad ambiental; el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Suministro (MAPA, en portugués), responsable de la evaluación agronómica y registro final. En Colombia, la definición de las normas relacionadas con agrotóxicos están reguladas por tres instituciones del gobierno nacional: el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es responsable de establecer la reglamentación oficial de Buenas Prácticas Agrícolas, buscando prevenir los riesgos asociados al uso de plaguicidas en la producción de alimentos.

4.1. Normativa brasileña

En Brasil, la denominación empleada por la legislación es la de “agrotóxicos”, definidos por la Ley Federal nº 7.802, de 11 de julio de 1989, como: “Los productos y los componentes del proceso físico, químico o biológico destinados al uso en los sectores de producción, almacenamiento y beneficiamiento de productos agrícolas, en las pasturas, en la protección de bosques nativos o implantados y de otros ecosistemas también en ambientes urbanos, hídricos e industriales, cuya finalidad sea alterar la composición de la flora y de la fauna, con el fin de preservar la acción dañina de seres vivientes considerados nocivos, bien como sustancias y productos empleados como defoliantes, desencantes, estimuladores e inhibidores del crecimiento” (Ley Federal Brasilera, 1998).

El decreto del Ministerio de Salud nº 2.914 de diciembre de 2001, reglamenta los parámetros para la potabilidad del agua. De acuerdo con este decreto, 27 agrotóxicos deben ser monitoreados mínimo una vez cada seis meses en el agua de consumo humano, donde el Valor Máximo Permitido (VMP) para el glifosato es de 500 µg/L, aislado o en combinación con su principal subproducto de degradación, el AMPA. El seguimiento es responsabilidad de quien ofrece el suministro colectivo o de quien presta servicios alternativos de distribución del agua, mientras que el proceso de supervisión corresponde a las autoridades de salud de las diferentes instancias del gobierno (Ministerio de Salud, Brasil 2011; Barbosa, 2013). Los patrones de potabilidad del agua para substancias químicas según el decreto son establecidos con base en la metodología de Evaluación Cuantitativa de Riesgo Químico (AQRQ, en portugués) (WHO, 2011).

Además del decreto nº 2.914 del Ministerio de Salud del Brasil, hay otras dos Resoluciones del Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), la nº 357 (agua superficial) y la nº 396 (agua subterránea), que preven los límites máximos para parámetros físicos y químicos y contenidos microbiológicos en el agua destinada a diferentes usos.

De acuerdo con la Resolución CONAMA nº 357, expedida en el 2005, en la que se establece la clasificación de los cuerpos de agua y las directrices ambientales para su marco regulatorio, la concentración de glifosato en el agua dulce para el Tipo 1 y 2, es de 65 µg/L, en tanto que para el Tipo 3 la concentración es de 280µg/L, conforme a la Tabla 3.

Tabla 3. Clasificación de aguas dulces según la Resolución de la CONAMA nº 357, de acuerdo con su uso preponderante y la concentración máxima de glifosato.

Fuente: CONAMA (2005)

La resolución CONAMA nº 396, expedida en el 2008, y que dispone sobre la clasificación y las directrices ambientales para el marco regulatorio de las aguas subterráneas, establece el VPM para el glifosato y/o AMPA de acuerdo con los usos preponderantes, según la Tabla 4. El decreto nº 2.914 del Ministerio de Salud del 2011 comparte la misma valoración.

Tabla 4. VMP de glifosato y AMPA de acuerdo con la Resolución CONAMA nº 396.

4.2. Normativa colombiana

El Ministerio de Agricultura de la República de Colombia expidió en 1984 el Decreto 1594 sobre usos del agua y residuos líquidos, reglamentado por la Ley 9 de 1979 (ver Tabla 5). Esta norma se aplica para valorar la calidad de las aguas naturales usadas como fuentes de abastecimiento. Según el artículo 74 del decreto, se estima que el agua en un ecosistema y el agua de interés sanitario deben tener una concentración máxima de plaguicidas organofosforados equivalente a 50µg/L.

Tabla 5. Concentraciones para el control de sustancias de interés sanitario según Decreto 1594 de 1984, Art. 74

Más recientemente, el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante Resolución Número 2115, expedida el 22 de junio de 2007, determinaron las condiciones por medio de las cuales se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano (ver Tabla 6). En el caso del agua potable, es necesario observar las características toxicológicas de cada sustancia, según sean reconocidas y definidas por el Ministerio de la Protección Social. A partir de este nivel, la concentración máxima permitida variará entre 0.1 µg/L y 10 µg/L. Atendiendo a esta Resolución, para determinar el límite permisible de un plaguicida, es necesario establecer cuál es su clasificación por parte del Ministerio de la Protección Social.

En este sentido, resulta relevante que en marzo de 2015 la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC) perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya clasificado al glifosato en el grupo 2A como “probablemente cancerígeno en humanos” (IARC-WHO, 2015). Como consecuencia de esta decisión y acogiéndose al principio de precaución, en mayo de 2015 el gobierno colombiano decidió suspender las fumigaciones aéreas con glifosato sobre cultivos ilícitos. Esta categorización de la OMS y la posterior decisión de la Presidencia no implican de forma directa que la concentración máxima permitida de glifosato en agua potable haya variado en la legislación colombiana, pues es necesario establecer primero una clasificación de toxicidad nacional para este compuesto.

En la medida en que el Ministerio de la Protección Social no ha establecido la DL50 para glifosato y AMPA, así como tampoco ha acogido oficialmente la clasificación A2 de la IARC, no es posible en este momento establecer el límite normativo de estas estas substancias en el agua. Debido a esta limitación, es imposible realizar una aplicación efectiva de la norma, por lo cual el estudio de valoración del DL50 de estos plaguicidas es urgente.

Tabla 6. Normativa referida al agua potable, artículo 8 de la Resolución 2115 de 2007.

4.3 Normatividad internacional sobre el Glifosato

La Tabla 7 presenta una comparación entre diferentes concentraciones máximas de glifosato según las guías y normas establecidas o sugeridas por diferentes países u organismos de salud a nivel mundial.

Tabla 7. Comparación entre estándares y valores guías para residuos de glifosato en agua

Fuente: Construcción propia con base en INN (2006), WHO (2008), (EPA, 2012)

Haciendo una comparación entre el límite máximo de glifosato en el agua potable de Brasil (500 µg/L), Colombia (hasta 10 µg/L) y otros países, es posible observar una gran heterogeneidad entre los valores. Es tanta la diferencia que el rango de variación es entre 0,1 a 900 µg/L de ingrediente activo. Según los datos de la Tabla 7, se observa mayor rigurosidad en los límites permisibles por parte de la OECD. Tomando esta base, las muestras analizadas en Brasil y Colombia estarían en todos los casos por encima de esta norma europea, y en este sentido se hace urgente la estandarización de criterios para establecer los límites permisibles. Además, en el caso colombiano hace falta la clasificación de la sustancia para poder aplicar la norma.

5.Conclusiones y recomendaciones

Con base en la metodología analítica utilizada, fue posible identificar la presencia de residuos de herbicidas a base de glifosato durante la estación de lluvias tanto en Brasil como en Colombia. Dicha presencia está asociada a las prácticas de uso del pesticida, tanto en caña de azúcar como en soya, pero también tiene que ver con un fenómeno de escorrentía que se genera cuando las lluvias arrastran las sustancias desde los lugares de fumigación hasta las fuentes de agua superficiales y subterráneas analizadas. Esta hipótesis coincide con el hecho de que, aunque en Colombia la fumigación es permanente durante el año, durante la época seca se nota una clara reducción en la presencia del residuo en las fuentes analizadas.

Es necesario recordar que por el hecho de que no se hallen residuos de estos pesticidas en las fuentes de agua analizadas no se puede concluir que la población humana no se encuentre expuesta. Ello se debe a que la movilidad del contaminante está suspendida a por la falta de lluvias, razón por la cual la sustancia ha de concentrarse en el suelo y en la vegetación sin que sea detectable en el agua. Por este motivo, es necesario que un estudio más completo sobre la contaminación ambiental por herbicidas a base de glifosato se realice en otras matrices ambientales como suelo, material vegetal y aire.

Se recomienda realizar un estudio de monitoreo de la presencia de este contaminante durante un periodo seco que no esté afectado por el Fenómeno del Niño, de manera que se pueda estimar de forma más clara el efecto sobre las fuentes de agua por parte de la escorrentía en condiciones hidro-climáticas normales.

El estandarizar y validar un método de detección de la presencia de este glifosato en sangre u orina podría confirmar otros medios de exposición de la población, por ejemplo a través de la ingesta de alimentos, de la exposición epidérmica y de la inhalación. Así, es necesario avanzar en el diseño y aplicación de metodologías analíticas sobre material humano para complementar la información sobre contaminación ambiental.

Con base en la normativa vigente sobre límites de residuos de glifosato y AMPA en Brasil, es posible afirmar que aunque existe una presencia de estos residuos, se encuentran sin embargo dentro del rango permitido (500 µg/L). A pesar de ello, si se tomara como referencia la normativa europea, estos mismos resultados estarían por fuera de la norma. En el caso de Colombia, la normatividad es deficiente para la clasificación toxicológica de estas sustancias, razón por la cual no es posible establecer con precisión si la concentración hallada está dentro de los límites normativamente permitidos y por tal motivo, no es posible en la actualidad hacer un control efectivo de la calidad de agua por contaminación de pesticidas. Es urgente entonces la adecuación de la norma según la estandarización internacional del límite permitido de residuos de herbicidas a base de glifosato.

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1Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Medio Ambiente, Universidad del Valle Calle 13 No. 100-00. A.A. 25360. Santiago de Cali, Colombia.

2Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Brasilia, Brasil.

Una perspectiva de los negocios y los derechos humanos en torno a los conflictos generados por los cambios en los usos de la tierra en Brasil y Colombia

Liesbeth Enneking & Kinanya Pijl¹

1.Introducción

Tanto en la cuenca brasileña del Tapajós como en el Valle del Cauca colombiano, actividades económicas tales como la agroindustria, la minería, la construcción y operación de los embalses hidroeléctricos, y la explotación industrial de madera, han incrementado los conflictos sociales en torno al uso de la tierra, los territorios y los recursos naturales. Estas actividades implican cambios fundamentales en el uso de las tierras en y alrededor de los bosques locales, tierras en las que viven muchas personas, lo que ha conducido a que, tanto los habitantes locales como los ambientalistas, se hayan levantado en resistencia. Acaparamiento de tierras, violaciones de los derechos humanos y conflictos entre las comunidades ocurren regularmente a causa de los grandes propietarios locales y las empresas multinacionales. Abundan las historias de activistas de los derechos de tierras que han sido asesinados por sicarios o milicias privadas debido a los intereses que pretenden representar, mientras que otros afirman haber sufrido acoso, intimidación y amenazas por parte de grandes propietarios de tierras. En ambas zonas, los actores gubernamentales están luchando para llegar a una respuesta adecuada frente a esa situación, debido a la falta de recursos y personal, y a la corrupción.

Al mismo tiempo, los gobiernos y las empresas comerciales que operan a nivel internacional aceptan de labios para afuera los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU (UNGP, en inglés)², aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011.³ Este conjunto de leyes no vinculantes establece los deberes y las responsabilidades de los estados y de los actores corporativos para prevenir que las actividades corporativas vayan en detrimento de los derechos humanos y para reparar los impactos que se produzcan. Sin embargo, a vísperas del quinto aniversario de esta normativa, surge la pregunta de si puede (o es capaz de), no sólo en la teoría sino también en la práctica, minimizar el impacto de las situaciones de conflicto, como aquellas generadas por el cambio de uso del suelo en la cuenca del Tapajós y en el Valle del Cauca. En este capítulo se discutirá el papel que pueden desempeñar los UNGP a este respecto (parte 5) en base a estudios de casos de ambas áreas (parte 4). Se comenzará con una visión general de los desarrollos relevantes en los ámbitos de la responsabilidad social corporativa internacional (parte 2) y de las empresas y los derechos humanos (parte 3), concluyendo con algunos avances locales prometedores (parte. 6).⁴

2.Responsabilidad social de las corporaciones internacionales⁵

Durante las últimas dos décadas, en muchas sociedades occidentales ha habido un creciente debate socio-político acerca de los efectos potencialmente perjudiciales, sobre las personas y el planeta, de las actividades comerciales corporativas que operan a nivel internacional. Estos debates han sido estimulados por incidentes como el de abril de 2013 en Rana Plaza, en el que el derrumbe de un edificio de una fábrica de Bangladesh a causa de una construcción deficiente resultó en la muerte de más de mil de sus trabajadores. La onda resultante de la indignación pública internacional se dirigió no sólo al propietario del edificio, sino también y quizás más aún a las decenas de tiendas occidentales de textiles en descuento, que incluye a Auchan, C&A, Mango, Primark y Wal-Mart, quienes habían subcontratado la producción de prendas de vestir a una o más de las muchas empresas locales que operaban en este edificio. A estas empresas se les acusó de no haber adoptado las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de quienes se encontraban fabricando los artículos que estas empresas comercializan.⁶

La cuestión de si, y en qué medida, los vendedores minoristas originarios de países occidentales pueden ser considerados responsables de las malas condiciones laborales de sus cadenas de producción internacionales, se refiere a la cuestión más amplia de la responsabilidad social de las empresas internacionales. ¿Qué puede esperarse de las empresas comerciales que operan a nivel internacional, que están directa o indirectamente involucrados en actividades con países donde las normas relativas a la protección de los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y la seguridad no son muy estrictas o no se hacen cumplir estrictamente? ¿En qué medida estas empresas deben asegurar, cuando operan en estos débiles marcos regulatorios, que los intereses relacionados con las personas y el planeta – es decir: la protección de esos intereses frente a los impactos perjudiciales que sus actividades o las actividades de sus filiales o socios de negocios pueden tener – prevalezcan sobre sus intereses de maximización del beneficio, incluso cuando no están estrictamente obligados a hacerlo según las normas legales locales?

En las sociedades occidentales especialmente, la operación internacional de las empresas comerciales se enfrenta a un cada vez mayor escrutinio por parte de las ONG y de los medios de comunicación sobre los impactos de sus operaciones en el extranjero, así como el aumento de la presión social y política para garantizar que normas similares (como mínimo) sean adoptadas en sus operaciones globales, incluyendo la producción y las cadenas de distribución. En respuesta, cada vez más empresas están creando y/o uniéndose a los códigos de conducta, sistemas de etiquetación y certificación en sus productos, e iniciativas de múltiples partes interesadas. Aunque la adopción o la participación en estos instrumentos de autorregulación suele ser voluntaria y el cumplimiento de las normas de comportamiento establecidas en ellos por lo general no son objeto de un seguimiento y/o aplicación externa, pueden sin embargo generar un impacto en las normas de funcionamiento de las empresas involucradas. También pueden tener un impacto dentro de las cadenas de suministro de estas empresas, en tanto sea cada vez más común, especialmente en sectores de riesgo como la industria del vestido, que en los acuerdos contractuales realizados con los socios que participan en la cadena de producción se incluyan cláusulas relativas a los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y a las normas laborales y de seguridad.

Al mismo tiempo, respecto a los incidentes que están directa o indirectamente relacionados con las actividades de las empresas comerciales que operan a nivel internacional y que resultan en perjuicios para sus empleados, las comunidades y/o el medio ambiente local, es cada vez más probable que conduzcan a acciones legales en torno al tema de la responsabilidad de las empresas en estos contextos. Desde mediados de la década de 1990 han aumentado significativamente las demandas de responsabilidad civil transnacional interpuestas ante los tribunales de los estados de origen de las multinacionales, sus filiales extranjeras y socios comerciales, en relación a los impactos perjudiciales de sus actividades sobre el planeta y las personas de los países que las acogen. Aunque la tendencia hacia los llamados ‘casos extranjeros de responsabilidad directa’ se originó en los EE.UU., hoy en día se ha extendido a un número de sociedades occidentales cada vez mayor, como el Reino Unido, Canadá, Francia, los Países Bajos, Suecia y Alemania. Por otra parte, en una serie de estados de acogida, como Sudáfrica y Brasil, se están llevando a cabo reclamaciones similares ante los tribunales locales, con éxito creciente.

Aunque sus perfiles legales pueden divergir, muchos de estos casos provienen de conflictos relacionados con la extracción, uso o comercio realizado por empresas con operación internacional, que se dedican a la extracción, en estados anfitriones ricos en recursos naturales, de petróleo, gas, minerales, madera y agua, generando problemas por los cambios en el uso de la tierra. En Brasil y Colombia los conflictos sobre el uso de tierras y recursos naturales también han dado lugar a acciones legales en tribunales locales y extranjeros. Un ejemplo de ello es la demanda pendiente contra la multinacional petrolera de origen británico BP, presentada ante el Tribunal Superior de Londres, por los daños supuestamente causados a las tierras y cultivos de los agricultores colombianos por la construcción de un oleoducto a mediados de 1990.⁷ Otro ejemplo es la demanda que se presentó ante un tribunal brasileño contra la multinacional agroquímica suiza Syngenta, por su presunta complicidad en el (intento) de asesinato, en el 2007, de miembros de la Vía Campesina que protestaban contra el daño ambiental causado por el uso de pesticidas y cultivos modificados genéticamente.⁸ Otro ejemplo son las acciones legales promovidas ante los tribunales brasileños en relación con el desplazamiento y los conflictos socio-ambientales resultantes de la construcción del embalse de Belo Monte (Douglas, 2015).

3.Negocios y derechos humanos⁹

A pesar del creciente número de demandas que se ocupan de la responsabilidad de las prácticas comerciales corporativas consideradas socialmente irresponsables, persisten los interrogantes en cuanto al alcance y delimitación de las responsabilidades de los estados y de los actores corporativos a este respecto. Es por ello que, a nivel de la ONU, la realización de un marco de políticas que se enfrente particularmente a estas cuestiones ha sido fundamental en los debates sobre la responsabilidad social y la rendición de cuentas de las corporaciones internacionales.

En el 2008, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acogió la normativa “proteger, respetar y remediar” sobre negocios y derechos humanos,¹⁰ redactado por John Ruggie, representante especial de la ONU, y extendiendo su mandato para fortalecer el funcionamiento del marco normativo.¹¹ En el 2011, este marco se materializó en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP). El marco de la política de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y los Principios Rectores acompañantes, definieron los respectivos roles de los estados y de las empresas en la prevención y, cuando fuese necesario, la reparación de los abusos a los derechos humanos por parte de las corporaciones.¹²

En el primer pilar del marco, los estados tienen el deber de proporcionar protección contra las violaciones empresariales a los derechos humanos en su territorio y/o jurisdicción. Esta protección que debe garantizar el Estado requiere de la implementación y/o habilitación de políticas eficaces: legislación, regulación y adjudicación destinadas a prevenir, investigar, sancionar y ofrecer reparación a tales violaciones. Además, deben establecer con claridad la expectativa de que todas las empresas comerciales registradas en su territorio y/o jurisdicción respeten los derechos humanos en todas sus actividades, aún cuando operen en el extranjero.

En el segundo pilar del marco, las empresas tienen la responsabilidad de evitar causar o contribuir a las violaciones de los derechos humanos y de hacer frente a cualquier impacto negativo sobre los derechos humanos de quienes se involucran con estas empresas (Principios 1-10 UNGP y comentario). Con el fin de cumplir con esta responsabilidad empresarial de respeto, deben contar con políticas y procesos que incluyan: (a) el compromiso de dar cumplimiento a la responsabilidad de respetar los derechos humanos; (B) un proceso de diligencia debida de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de la forma en que abordan sus impactos sobre los derechos humanos; y (c) los procesos que permitan la remediación de los efectos negativos sobre los derechos humanos que ellas causan o en las que ellas contribuyen (Principios 11-12 UNGP y comentario).

El tercer pilar del marco se centra en la necesidad de acceso a recursos efectivos para las víctimas de abusos empresariales a los derechos humanos. Esto implica el deber de los estados de garantizar, a través de medios judiciales, administrativos, legislativos, apropiados o de otro tipo, que tales recursos estén disponibles y que las violaciones empresariales a los derechos humanos sean investigadas, sancionadas y reparadas. Los estados deben ofrecer tanto los mecanismos de reclamos judiciales como no judiciales para las víctimas de abusos empresariales a los derechos humanos, además de facilitar el acceso a tales mecanismos. Al mismo tiempo, se espera que las empresas comerciales establezcan o participen, a nivel operacional, en mecanismos de reclamo efectivos para las personas y comunidades que puedan verse afectadas negativamente por las actividades en las que estas empresas están envueltas (Principios 25-31 UNGP y comentario).

El marco de políticas de las Naciones Unidas y los Principios Rectores han encontrado un amplio apoyo en los Estados, empresas, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. Ellos han propuesto un importante desafío a la vieja visión de que la responsabilidad social corporativa debe dejarse a la discreción de las mimas empresas. En lugar de ello, la idea que ha tomado cada vez mayor fuerza es la de que deben ser necesarias ciertas medidas de regulación para garantizar que las empresas comerciales, especialmente las que operan a nivel internacional, permitan que, en determinadas circunstancias, los intereses de las personas y del planeta prevalezcan por sobre sus propios intereses de ganancia, sin importar el contexto normativo en el que operan. La Comisión Europea, por ejemplo, comunicó en su estrategia Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de 2011 que “Algunas medidas reguladoras crean un entorno más propicio para que las empresas asuman voluntariamente su responsabilidad social”.¹³

En esta comunicación, la Comisión Europea también pidió a los Estados miembros de la UE llegar con un Plan de Acción Nacional que establezca sus prioridades en la aplicación de los UNGP.¹⁴ Hasta el momento, seis de los Estados miembros de la UE (Dinamarca, Finlandia, Lituania, Países Bajos, Suecia y Reino Unido) han llegado con estos Planes de Acción Nacionales, mientras que otros Estados miembros están preparando los suyos propios. Curiosamente, los efectos de esta propuesta han sido sentidos por fuera de la UE, como en Noruega y Colombia, que han adoptado sus Planes de Acción Nacionales, mientras que otros se están construyendo en los EE.UU., Brasil y muchos otros países.¹⁵

En línea con esta evolución, ha habido un creciente número de iniciativas reguladoras encaminadas a la promoción de una conducta socialmente responsable por parte de las empresas comerciales que operan a nivel internacional y, en este sentido, a la presentación de sus rendiciones de cuentas. Un ejemplo es el Reglamento de Madera de la UE, que introduce un trámite adicional en el sistema, obligando a los importadores europeos de madera procedente de determinados países, a asegurarse de que no fue cosechada ilegalmente.¹⁶ Un hecho importante a nivel internacional ha sido el establecimiento de un grupo de trabajo intergubernamental, de composición abierta dentro de las Naciones Unidas, con el mandato de “[…] elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos”.¹⁷ Aunque la idea de un tratado internacional sobre derechos humanos y negocios encuentra una significativa resistencia, ha sido bien recibido sin embargo por una gran variedad de países de África, Asia y América-Latina.¹⁸

4.Conflictos relacionados con el cambio del uso de la tierra: dos casos de estudios¹⁹

La cuenca brasileña del Tapajós

La cuenca del Tapajós es una zona del Estado de Pará, al norte de Brasil, y como parte de la baja amazonía alberga una diversidad de plantas y animales. La cuenca es un mosaico de áreas protegidas y tierras indígenas.²⁰ Actividades económicas tales como los agronegocios, minería, construcción y operación de presas hidroeléctricas y la explotación industrial de madera han dado lugar a disturbios sociales y conflictos sobre el uso de las tierras, los territorios y los recursos naturales en esta área (Boekhout van Solinge, 2014: 35-36). El hecho de que a menudo los pueblos indígenas y las comunidades locales no posean títulos de propiedad formales de las áreas en las que sus antepasados han vivido durante muchos siglos, juega un papel importante en estos problemas, ya que esto los hace particularmente vulnerables a los conflictos por la propiedad y uso de las tierras (Global Witness, 2013: 19; Dutch Soy Coalition, 2008). Aunque Brasil tiene protecciones constitucionales y legales para los pueblos indígenas y sus derechos sobre la tierra, y ha desarrollado un modelo ejemplar para asegurar estos derechos demarcando y registrando áreas sustanciales de suelo para las comunidades locales, en la práctica hay una tendencia hacia una menor seguridad y protección.²¹

Como resultado de la creciente actividad económica en la región, en las últimas décadas se ha presentado una afluencia de decenas de miles de trabajadores, causando una explosión de crímenes violentos, tráfico sexual, esclavitud sexual, al mismo tiempo que los trabajadores se ven obligados a trabajar en condiciones laborales similares a la esclavitud. Los productores de soja, en particular, han estado relacionados con el empleo de mano de obra esclavizada (Greenpeace, 206), aunque también hay informes de condiciones de trabajo crueles en las obras de construcción de Belo Monte y otras represas (Pyl, 2009; Jagger, 2013). Además, la extracción ilegal se caracteriza por pésimas condiciones de trabajo que tienden a ir acompañadas de violencia, amenazas de muerte y asesinatos, a veces, incluso, de los opositores a estos proyectos (Greenpeace, 2014: 7-48). Global Witness informa que las disputas sobre la propiedad, el control y el uso de la tierra han sido un factor subyacente en casi todos los homicidios de defensores del medio ambiente y de la tierra que fueron documentados a nivel global en el 2014, siendo Brasil el país más afectado con 29 muertes (Global Witness, 2015: 9-10). Muchas de estas muertes se han vinculado a grandes terratenientes, grupos paramilitares o del ejército, y a otros grupos de intereses poderosos con el incentivo de restringir el derecho de las comunidades a la tierra y a los recursos.²²

Estos asuntos están íntimamente relacionados con la deforestación, que es una preocupación muy importante en Brasil.²³ Durante el período de agosto de 2014 a febrero de 2015, 1.702 kilómetros cuadrados fueron deforestados en la Amazonía, correspondiendo a un aumento de la deforestación en un 215% con relación al período anterior (agosto 2013 a febrero 2014). El 14% de esta deforestación se concentró en el estado de Pará (Imazon 2015). Los impulsores directos de la deforestación en la cuenca del Tapajós fomentan la transformación de la selva para la ganadería, producción de soja y extracción de madera, minería de superficie, embalses, carreteras y otros proyectos de infraestructura (Boekhout van Solinge, 2014: 35-48).²⁴ La gobernanza sobre el sector maderero en la amazonía brasilera es débil y está abierto a la explotación (Greenpeace, 2014: 5). En Pará, que produce y exporta más madera que cualquier otro estado en Brasil, se estima que más de tres cuartas partes de la extracción es ilegal (Imazon, 2013; Greenpeace, 2014: 5).²⁵

La deforestación, el cambio del uso de la tierra y los conflictos resultantes que derivan en violaciones a los derechos humanos se ven agravados por el hecho de que la participación gubernamental y el cumplimiento de la ley son muy limitados en la cuenca del Tapajós, con sus tradicionales densidades de población relativamente bajas. Lejos de los centros regionales, ni el gobierno federal ni estatal tienen mucha presencia en esta remota zona. La región sigue padeciendo la violencia generalizada y altos índices de impunidad de los crímenes (Kuijpers, 2013). Cerca de las minas y de los proyectos de construcción de embalses han surgido enclaves de desarrollo. Por fuera de ellos, prevalece un entorno de ilegalidad e impunidad como en el salvaje oeste (Abers et al., 2014), generando una cultura de la intimidación, de juicios injustos y de exclusión social. Además, la falta de una adecuada gobernabilidad sobre las tierras de la región amazónica ha sido histórica, debido a, entre otras razones, la ausencia de un censo catastral de propiedad sobre la tierra, la falta de un sistema confiable de registro de la propiedad y los frecuentes fraudes. Esto ha permitido la apropiación ilegal de tierras por medio de la fuerza o por amenazas de los invasores/ocupantes no indígenas, en detrimento de las comunidades indígenas locales (Boekhout van Solinge y Kuijpers, 2008: 203).

Sobre el papel, el gobierno de Brasil, incluyendo a sus agencias federales y estatales, ha establecido un sistema completo de protección de los derechos humanos por medio de leyes y de una red de instituciones responsables de la protección de los derechos de las comunidades locales. Sin embargo, en la práctica los actores gubernamentales rara vez toman medidas para combatir la ilegalidad.²⁶ Muchas agencias sufren de la corrupción y la falta de recursos y personal. La Secretaría del Estado de Pará para el Medio Ambiente y la Sustentabilidad (SEMAS), responsable de la concesión de licencias y de la supervisión para prevenir el delito ecológico, reconoce públicamente que no tiene los medios para buscar activamente la ilegalidad, además de ser incapaz de responder a las demandas de las comunidades locales.²⁷

Al lado de los grandes propietarios de tierras y de una veintena de pequeñas empresas locales que participan en la producción de una serie de productos (madera, por ejemplo) y servicios (por ejemplo, la construcción), hay varias empresas comerciales que operan a nivel internacional, con intervenciones que están directa o indirectamente relacionadas con las actividades económicas causantes de los conflictos respecto al cambio del uso del suelo en la cuenca del Tapajós. Esto incluye al menos tres multinacionales con sede en los Estados Unidos que están involucradas en la producción de soja (Cargill y Bunge) y en la explotación minera (Alcoa) en la zona. Menos visibles son una serie de empresas comerciales con base en la Unión Europea (UE) que operan a nivel internacional y que están activas en la construcción y operación de proyectos hidroeléctricos, como en el embalse de Belo Monte (por ejemplo, GDF Suez, EDF, Alstom, Voith-Siemens)²⁸ y en la provisión de recursos financieros y servicios de seguros relacionados con dichos proyectos (por ejemplo, Allianz, Arcadis).²⁹ Al mismo tiempo, muchas empresas de la UE están vinculadas a las actividades económicas de la zona a través de la importación de madera del estado de Pará.³⁰

El Valle del Cauca, Colombia

El Valle del Cauca es el valle de un río seco en el oeste de Colombia que pertenece a los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. Partes de su estructura ecológica están ahora en grave peligro de extinción como consecuencia de la expansión agrícola y de la deforestación que la acompaña. El cultivo de la caña de azúcar ha avanzado fuertemente en la región, ejerciendo presión sobre las áreas protegidas que bordean los ríos locales y sobre los asentamientos humanos locales. Al mismo tiempo, la expansión de las actividades de extracción de oro en la región está teniendo un impacto perjudicial evidente sobre los derechos de las comunidades locales, especialmente de las comunidades afrocolombianas históricamente excluidas del acceso seguro a la tierra y de su tenencia. Esto resulta en una situación de conflicto social y ambiental causada por las cuestiones relativas a la contaminación del aire, la contaminación del agua, el agotamiento del suelo y del agua, y el desplazamiento forzado (Zaitch y Boekhout van Solinge & Müller, 2014: 101-102).

Esta situación tiene como telón de fondo el conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales, paramilitares y grupos rebeldes que Colombia ha experimentado en los últimos 50 años. Este conflicto sigue aún generando un impacto severo sobre la población civil en Colombia. Las violaciónes a los derechos humanos se cometen a diario, afectando especialmente a los pueblos vulnerables o aislados geográficamente, a los actores sociales, los líderes comunitarios y los defensores de los derechos humanos.³¹ A escala mundial, Colombia es el país con el segundo mayor número de desplazados internos debido a los conflictos y a la violencia, con un total de al menos 5,7 millones a octubre del 2014 (IMDC, 2014; ACNUR, 2015). Los grupos indígenas, más del 70% de los cuales viven en zonas rurales, se encuentran entre los más afectados (Foreign & Commonwealth Office UK Government, 2015).

Con el fin de alcanzar un desarrollo económico y social, el gobierno de Colombia ha puesto en práctica leyes y políticas que fomenten la inversión extranjera en el sector minero y agrícola. Peace Brigades International (PBI) Colombia informó en el 2011 que el 40% de las tierras de Colombia habían sido licenciadas a, o solicitadas por, compañías multinacionales con el fin de desarrollar proyectos mineros o de extracción de petróleo crudo (PBI Colombia, 2011: 3). Los productos agrícolas, que incluyen café, bananos y azúcar, actualmente representan aproximadamente el 11% de las exportaciones colombianas (OCDE, 2015: 21). Sin embargo, la competencia por el uso del suelo y subsuelo para la ejecución de proyectos económicos, en particular los proyectos internacionales de minería y de cultivo de la caña de azúcar industrial, se ha convertido en una de las principales causas de desalojo, apropiación de tierras y desplazamiento forzado (PBI Colombia, 2011: 3 ABColombia, 2014: 3). Según el ex Representante Especial de la ONU, Francis Deng, el desplazamiento es utilizado de hecho como “un medio para adquirir tierras en beneficio de los grandes terratenientes, narcotraficantes y empresas privadas que elaboran proyectos a gran escala para la explotación de los recursos naturales”.³²

La Constitución colombiana reconoce más derechos a las minorías étnicas que otros países y proporciona protección para sus culturas y el medio ambiente. Sin embargo, todavía hay muchos informes sobre defensores de derechos humanos, líderes indígenas, afrocolombianos y líderes de restitución de tierras, que se han convertido en víctimas de amenazas de muerte y de otros abusos.³³ Estos abusos son cometidos por lo general por grupos armados ilegales post-desmovilizados que operan en áreas donde las corporaciones multinacionales realizan o planifican llevar a cabo sus operaciones de explotación (PBI Colombia, 2011: 5). Hay evidencia de que las empresas pagan dinero a dichos grupos con el fin de facilitar una entrada segura a la región donde quieren desarrollar sus proyectos (PBI Colombia, 2011: 5-6; Ebus, 2014: 38). Además, hay informes de que el derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, en la práctica, no es respetado por las empresas interesadas en la explotación de sus tierras (ABColombia, 2010: 5). Por otra parte, a pesar de que el gobierno de Colombia introdujo en el 2011 una importante ley de justicia transicional, a finales de 2014 menos del 1 por ciento de la tierra había sido restaurada a las víctimas (ABColombia, 2010: 3). El conflicto en curso y el altísimo nivel de impunidad en las violaciónes de los derechos humanos hacen de la seguridad un tema importante al tiempo que generan un efecto incapacitante sobre quienes desean recuperar su tierra.³⁴

Junto a las empresas colombianas que poseen y controlan una gran parte de la tierra en la región, que son además los actores principales involucrados en la industria de la caña de azúcar, hay varias empresas comerciales que operan a nivel internacional, con actuaciones que están directa o indirectamente relacionadas a actividades económicas que son fuente de los conflictos por el cambio en el uso de la tierra en el Valle del Cauca. Aquí se incluyen las multinacionales mineras de los EE.UU. (Anglo Ashanti Gold), Canadá (Gran Colombia Gold y Eco Oro) y Suiza (Glencore), así como las empresas comerciales de la UE que operan a nivel internacional y que participan en los productos de envasado a base de papel obtenidos de las plantaciones de pino y eucalipto de la región (por ejemplo, Smurfit Kappa). Al mismo tiempo, varias empresas que operan a nivel internacional y que están domiciliadas en la UE, especialmente las empresas mineras, se encuentran vinculadas a las actividades económicas de la zona a través de la importación de carbón. Desde hace algún tiempo, ONG europeas han venido llamando la atención por las violaciones a los derechos humanos, a menudo asociadas con la extracción de lo que se ha denominado ‘carbón ensangrentado’ (PAX 2014).

5.El rol potencial de los UNPG en los conflictos originados por el cambio de uso de la tierra

La pregunta que surge es por el papel que pueden desempeñar los UNGP en la resolución de problemas relacionados con el cambio del uso del suelo, como aquellos identificados en la cuenca brasileña del Tapajós y en el Valle del Cauca colombiano.

Lo primero que debe tenerse en cuenta es que una de las principales contribuciones del marco de la política de la ONU del 2008 sobre Empresas y Derechos Humanos y de los Principios Rectores de Acompañamiento, es que dejan muy en claro no sólo que tanto los estados como los agentes empresariales están interconectados, sino que separada e independientemente cada uno tiene su papel en prevenir y remediar los abusos corporativos a los derechos humanos. Esto significa que la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos de los demás “[…] existe con independencia de la capacidad y/o voluntad de los Estados de cumplir sus propias obligaciones de derechos humanos y no reduce esas obligaciones” (Comentario Principio 11 UNGP). Se espera que los actores corporativos estén a la altura de esta responsabilidad, aún si tal responsabilidad no es requerida estrictamente por las leyes nacionales o por las regulaciones relacionadas con la protección de los derechos humanos que están en vigor en el país o en la región donde se desarrollan las actividades (Comentario Principio 11 UNGP; principio 23 UNGP y comentario).

Los dos estudios de caso descritos anteriormente muestran que la noción de que los agentes empresariales tienen la responsabilidad de prevenir y tratar los impactos negativos sobre los derechos humanos, independientemente del contexto normativo en el que operan, puede ser muy importante en los conflictos relacionados con el cambio del uso del suelo. Tanto en la cuenca del Tapajós como en el Valle del Cauca, un factor importante en la aparición y persistencia de este tipo de conflictos es la ausencia de una autoridad estatal fiable y una adecuada implementación y cumplimiento de las normas legales vigentes. El resultado es un ambiente de ilegalidad e impunidad que no exige el respeto por quienes participan en las actividades económicas de estas regiones para proteger los derechos e intereses de los individuos, las comunidades y el medio ambiente local. Los UNGP dejan en claro, sin embargo, que no es sólo el Estado, sino también los actores empresariales involucrados, los que tienen una responsabilidad sobre esta situación y que, independientemente de la conformidad de las autoridades estatales envueltas en sus deberes, estos agentes empresariales deben (también) actuar frente a la situación, adoptando las medidas que prevengan, mitiguen y/o enfrenten los efectos negativos sobre los derechos humanos.

Especialmente en entornos regulatorios débiles que conducen a un contexto operativo en el que los riesgos para los derechos humanos son significativos a causa de las actividades económicas, como es el caso de estas dos regiones, los pasos que los agentes empresariales involucrados deben tomar con el fin de cumplir con su responsabilidad pueden ser de largo alcance. Cuanto más difícil sea el contexto operacional y más graves sean los impactos negativos sobre los derechos humanos que puedan derivarse de sus actividades, mayor será la magnitud y complejidad de los medios que permitan cumplir con esta responsabilidad (Principio 14 UNGP y Comentario). La naturaleza y el contexto de las operaciones de una empresa de negocios, sumado a su tamaño y al riesgo de afectar gravemente los derechos humanos, determinan, por ejemplo, la complejidad de la debida diligencia para lograr el objetivo de identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de los impactos adversos sobre los derechos humanos (Principio 17 UNGP y comentario). En el caso de las operaciones de negocio en entornos operativos complejos en los que los agentes empresariales aumentan el riesgo de convertirse en cómplices de graves abusos contra los derechos humanos cometidos por otros actores (por las fuerzas de seguridad o los grupos paramilitares, por ejemplo), estos riesgos deben incluso ser tratados como una “cuestión de cumplimiento de la ley” (Principio 21 UNGP y comentario).

Aunque la responsabilidad de respetar aplica plena e igualmente a todas las empresas comerciales (Principio 14 UNGPs y comentario), el marco de políticas del 2008 y los UNGP prestan una atención específica al papel de las empresas comerciales que operan a nivel internacional y, por extensión, a los estados donde estas empresas están domiciliadas. Mientras el deber protector del Estado se encuentra territorialmente limitado, por lo menos en principio, la responsabilidad empresarial del respeto a los derechos humanos “[…] es un estándar global de conducta para todas las empresas comerciales dondequiera que operen” (Principio 21 UNGP y Comentario). Por lo anterior, la responsabilidad de respetar los derechos humanos de los individuos y de las comunidades de la cuenca del Tapajós y del Valle del Cauca también reside en las muchas empresas comerciales, activas en estas zonas, que operan a nivel internacional.

Considerando el tamaño y naturaleza de sus operaciones, las cuales parecen implicar mayores riesgos de impactar negativamente sobre los derechos humanos, es especialmente de las multinacionales mineras y productoras de soya que operan allí de quienes se espera tomen las medidas para prevenir, mitigar o abordar cualquier impacto adverso sobre los derechos humanos, resultante –directa o indirectamente– de sus actividades locales. Sin embargo, de acuerdo con los UNGP las empresas comerciales no sólo tienen una responsabilidad respecto al impacto adverso directo o indirecto sobre los derechos humanos, sino también respecto a aquellas actividades “[…] directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos” (Principio 13 UNGP y comentario). De acuerdo con ello, las empresas comerciales que operan a nivel internacional y que no se encuentran en la zona pero que importan cosechas locales, como madera y carbón, o que invierten en proyectos de infraestructura local, tienen una responsabilidad a este respecto.

Los estados de origen de las empresas comerciales involucradas que operan internacionalmente, no deben por lo general regular “las actividades extraterritoriales de las empresas domiciliadas en su territorio y/o su jurisdicción”, aunque esto tampoco sea generalmente prohibido “siempre que haya una base jurisdiccional reconocida” (Comentario Principio 2 UNGP). Ellos deben adoptar “medidas para impedir los abusos en el extranjero de empresas registradas en su jurisdicción” (Principio 2 UNGP). En consecuencia, los estados origen de las empresas involucradas tienen un papel que desempeñar en la promoción del respeto de los derechos humanos por parte de ‘sus’ empresas comerciales que hacen negocios en la cuenca del Tapajós y el Valle del Cauca. Este papel puede también incluir la provisión de acceso a los recursos judiciales para las víctimas de violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción. Esto es particularmente pertinente en los casos en donde los solicitantes con un reclamo legítimo pueden enfrentar una denegación de justicia, por ejemplo, debido a la discriminación o a barreras prácticas y de procedimiento, al querer llevar sus reclamaciones ante los tribunales de Brasil o de Colombia (Principio 26 UNGPs y Comentario).

Por otra parte, los dos estudios de casos descritos anteriormente implican que las dos regiones envueltas puedan ser posiblemente etiquetadas como “zonas de conflicto”, en el sentido de los UNGP: áreas en donde existe un conflicto por el control del territorio, de los recursos o del gobierno en sí mismo por el que el régimen humano no pueda funcionar según lo previsto, y que presentan un mayor riesgo de intolerables (es decir, a gran escala, graves o sistemáticas³⁵) violaciones a los derechos humanos (véase el Principio 7 UNGP y comentario; Mares, 2014). No está del todo claro cómo el concepto de las zonas afectadas por el conflicto debe ser interpretado en base a los UNGP. Mares señala a este respecto que el:

“’Área afectada por el conflicto’ es un concepto utilizado por el diseño de una manera que abarca: los conflictos reales y potenciales, las etapas de pre y post-conflicto, además las formas de violencia que se extienden más allá de los conflictos armados, mientras que las violaciones graves puede ser un síntoma de un conflicto que se avecina, así como una consecuencia misma de los conflictos. La extracción, otros proyectos de infraestructura y grandes proyectos de agronegocios son a menudo controversiales, haciendo estallar disputas y conflictos” (Mares 2014: 22).

En la base de esta interpretación, parece claro que la cuenca del Tapajós y el Valle del Cauca, junto a otros conflictos relacionados con el cambio del uso de la tierra, pueden enmarcarse dentro de esta definición.

La clasificación es relevante, ya que esto significa que las empresas comerciales que están (in)directamente involucradas en actividades comerciales de esas zonas o que están vinculadas a tales actividades por sus relaciones de negocios, deben ser requeridas, entre otras cosas, para fomentar el cumplimiento de los derechos humanos debida diligencia.³⁶ Esto también significa que los estados de origen tienen un rol más importante que desempeñar para asegurar que ‘sus’ empresas comerciales no se encuentren involucradas en el abuso de los derechos humanos, además de hacerle frente a las consecuencias en caso de que esto ocurriera. Como tal, los estados son, por ejemplo, requeridos para “Negar el acceso al apoyo y servicios públicos a toda empresa que esté implicada en graves violaciones de los derechos humanos y que se niegue a cooperar para resolver la situación”, además para “Asegurar la eficacia de las políticas, leyes, reglamentos y medidas coercitivas vigentes para prevenir el riesgo de que las empresas se vean implicadas en graves violaciones de los derechos humanos” (Principio 7 UNGPs y Comentario; Mares, 2014). Esto incluye “[…] explorar las responsabilidades civiles, administrativas o penales de las empresas domiciliadas u operativas en su territorio y/o jurisdicción que cometan o participen en violaciones graves de los derechos humanos” en las zonas en cuestión (Principio 7 UNGPs y Comentario; Mares, 2014).

Como se desprende de lo expuesto anteriormente, los UNGP proporcionan un marco conceptual útil, aunque relativamente sencillo, que hace claridad en cuanto a las funciones y responsabilidades respectivas de los actores estatales y corporativos implicados en cuestiones relacionadas con el cambio del uso del suelo, como aquellos de la cuenca del Tapajós y del Valle del Cauca. Al mismo tiempo, también pueden servir de orientación práctica bastante concreta en cuanto a lo que se espera de estos actores cuando operan en tales contextos. Estos principios dejan en claro que se espera una mayor vigilancia en aquellas áreas en las que, en ausencia de una autoridad estatal fiable y de una adecuada aplicación y cumplimiento de las normas legales vigentes, la extracción, las obras de infraestructura y los grandes proyectos agroindustriales sean controversiales y hagan estallar disputas y conflictos, resultando en (un mayor riesgo de) graves abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, el papel que pueden desempeñar los UNGP en el contexto de las cuestiones relacionadas con el cambio del uso del suelo también está restringido en ciertas maneras, debido a, entre otras cosas, su ámbito de aplicación sustancial limitado y a la naturaleza del derecho no vinculante.

El ámbito de aplicación material de los UNGP, así como el marco de la política de 2008, están limitados a las infracciones de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Aunque los UNGP no incluyen un catálogo exhaustivo de las normas pertinentes, que involucren al Estado con la responsabilidad empresarial de respetar, estos principios “[…] se refiere[n] a los derechos humanos internacionalmente reconocidos – abarcando, como mínimo, los derechos enunciados en la Carta Internacional de Derechos Humanos” – incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y culturales – “y los principios relativos a los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo” (Principio 12 UNGP).

Los dos estudios de casos descritos anteriormente muestran que las cuestiones fundamentales que están en juego en los conflictos relacionados con el cambio del uso del suelo en la cuenca del Tapajós y del Valle del Cauca no se limitan a las infracciones de las normas de derechos humanos reconocidas internacionalmente. En ambas regiones, se producen situaciones de abusos empresariales de derechos humanos que caerían dentro del alcance de los UNGP, como los homicidios de defensores de derechos humanos, ambientalistas y líderes de restitución de tierras por parte de milicias armadas vinculadas a los agentes empresariales que hacen negocios o que tienen la intención de hacer negocios en estas zonas. Sin embargo, estas infracciones tienen lugar en el contexto de – o como resultado de – una más amplia gama de temas, incluyendo la degradación del medio ambiente, las infracciones a los derechos de las poblaciones indígenas, las disputas sobre los derechos de propiedad, además de la discrepancia fundamental de puntos de vista sobre el equilibrio adecuado entre la promoción del desarrollo económico para el bien público y la protección del individuo, de la comunidad o de los intereses comunes perjudicialmente afectados por tal desarrollo.

Los problemas de degradación ambiental están cubiertos por los UNGP sólo en la medida en que impliquen infracciones a la normatividad sobre derechos humanos internacionalmente reconocida a la que los UNGP se refieren. Jesse y Koppe señalan a este respecto que:

“Por varias razones, sin embargo, estos derechos humanos no están a la altura para el establecimiento de una base que lo abarque todo respecto a las cuestiones ambientales. La extracción de gas de esquisto, la extracción de arena de alquitrán, la producción a gran escala de soja en zonas de selva tropical, la minería de metales pesados y preciosos, y la pesca (industrial) de arrastre en alta mar son sólo algunos ejemplos de los proyectos que (probablemente) causan impactos ambientales significativos y que pueden o no infringir algún derecho humano. Después de todo, a veces la extensión o alcance del supuesto daño ambiental no es lo suficientemente grave como para infringir un derecho humano. En otras ocasiones, la distancia física, secuencia de tiempo y/o las preguntas casuales hacen que sea difícil establecer la violación de un derecho humano. Por otra parte, los derechos humanos no están específicamente diseñados para dar una protección general del valor intrínseco del medio ambiente, por lo tanto carecen de la oportunidad de litigio de interés público ecocéntrico (actio popularis)” (Jesse & Koppe 2013; Jesse 2013).

En ciertos puntos, los UNGP se refieren específicamente a (los derechos de) los indígenas (comentario a los Principios 3, 12, 26 UNGP: Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, en inglés), 2014). Estos principios, sin embargo, han sido cuestionados por no incluir referencias explícitas a los principios del consentimiento libre, previo e informado (Doyle, 2015: 225), que claramente desempeñan un papel particularmente importante en los conflictos relacionados con el cambio del uso del suelo, como son los de la cuenca del Tapajós y los del Valle del Cauca. Aún así, los UNGP implican que los derechos de los pueblos indígenas, según lo confirmado en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que incluyen el derecho al consentimiento libre, previo e informado, caen dentro de su ámbito de aplicación material (Doyle, 2015: 225 ). Al mismo tiempo, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, establecido en 2011 con la misión de promover, difundir y aplicar los UNGP, ha emitido un informe en el que se ocupa específicamente de los derechos de los pueblos indígenas (Doyle, 2015: 225-226).

Aunque algunos instrumentos internacionales de derechos humanos mencionados en los UNGP hacen referencia a la tierra o a los derechos de propiedad, no hay ningún reconocimiento internacional al derecho humano por la tierra, por lo que la regulación de los derechos sobre la tierra se deja generalmente a la ley nacional.³⁷ Como tal, los derechos sobre la tierra y los derechos de uso del suelo, en principio, no entran dentro del ámbito de aplicación material de los UNGP. En el contexto de la obligación del Estado de protegerlos, se hace sin embargo hincapié en la importancia de que éstos revisen si sus leyes y políticas nacionales “[…] generan un entorno propicio para que las empresas respeten los derechos humanos”, añadiendo que:

“[…] por ejemplo, para proteger tanto a los titulares de derechos como a las empresas, se requiere frecuentemente mayor claridad en algunos aspectos de la legislación y la política, como los que rigen el acceso a la tierra, incluidos los derechos de propiedad y de uso de la tierra”. (Comentario Principio 3 UNPG).

Por otra parte, en un informe de 2014 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, se deja en claro que los derechos de la tierra y los derechos de uso del suelo también juegan un papel en el contexto de la responsabilidad empresarial de respeto:

“Las empresas comerciales, que suelen ser actores influyentes en la gobernanza de la tierra y otros recursos naturales, mediante, en particular, mecanismos de mercado, tienen responsabilidades relacionadas con los derechos humanos. Las empresas nacionales y transnacionales que participan en las transacciones de tierras, inversiones y actividades extractivas y otras que impliquen la adquisición, el uso o la alteración de las tierras, tienen la responsabilidad de no infringir los derechos de otros usuarios y propietarios a través de sus actividades, y deben hacer frente a cualquier impacto adverso que surja como consecuencia de sus acciones”.³⁸

Considerando que los UNGP no abordan específicamente las funciones respectivas de los agentes estatales y empresariales en materia de derechos a la tierra y derechos de uso del suelo, parecen haber servido de inspiración para la posterior elaboración de aquellos roles en otros instrumentos (por ejemplo, el Comité de las Naciones Unidas sobre la Seguridad Alimentaria Mundial de 2012; el Grupo Interlaken y la Iniciativa para los Derechos y los Recursos de 2015).

Aparte del ámbito limitado de aplicación material de los UNGP, otro factor que restringe el papel que pueden desempeñar en el contexto de las cuestiones relacionadas con el cambio del uso del suelo es su carácter no vinculante. Tanto el marco de la política de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos como los Principios Rectores que le acompañan son instrumentos de derecho no vinculante, en el sentido de que las normas que establecen no son en sí mismas jurídicamente vinculantes. Esto no quiere decir que no son jurídicamente relevantes, ya que pueden tener efectos jurídicos indirectos, por ejemplo a través de normas abiertas tales como el debido cuidado y razonabilidad que a menudo desempeñan un papel destacado en los casos de responsabilidad directa extranjera (Enneking et al., 2016: Enneking, 2014). Por otra parte, las normas establecidas en estos instrumentos se derivan en gran parte de, o en base a, las normas y obligaciones existentes en el campo del derecho internacional de los derechos humanos. Debido al amplio apoyo para el marco, están ahora encontrando también su camino en otros instrumentos de regulación, que en algunos casos pueden ser de carácter más vinculante que los propios UNGP. Un ejemplo es la adopción de las normas sobre la responsabilidad empresarial de respeto de las Directrices para las Empresas Multinacionales de la OCDE, que cuentan con un mecanismo de quejas establecido para hacer frente a los casos de supuesto incumplimiento por parte de las multinacionales involucradas (OCDE, 2011).

El carácter no vinculante de los UNGP significa, sin embargo, que su aplicación sigue dependiendo de la capacidad y la voluntad de los agentes no estatales y de los actores empresariales involucrados para hacerlo. En particular en regiones como la cuenca del Tapajós y el Valle del Cauca, donde una de las principales causas del conflicto por el cambio de uso de la tierra es el débil ambiente regulatorio local, se plantea la cuestión de si tal capacidad y voluntad está presente, no sólo en aquellos que buscan ser líderes en el campo de los negocios y los derechos humanos, sino también en los rezagados. Después de todo, como se desprende de los estudios de casos, ya hay un buen número de instrumentos jurídicos y políticos disponibles en ambos países que se ven bien en papel, pero carece de impacto práctico debido a que no se aplican y/o cumplen correctamente. Al mismo tiempo se mantiene la discrepancia subyacente de puntos de vista sobre el adecuado equilibrio entre la promoción del desarrollo económico para el bien público y la protección de las personas, comunidades o intereses comunes perjudicialmente afectados por tal desarrollo. Esto sugiere que, al final, la contribución de los UNGP en la resolución de los conflictos relacionados con el cambio del uso de la tierra en la cuenca del Tapajós y el Valle del Cauca depende en gran parte de si hay maneras de obligar a los implicados – a través de lo jurídico, la política, la diplomacia o los medios de reputación – a poner en práctica la teoría.

6.Conclusión y algunos avances prometedores

Los UNGP no ofrecen una solución fácil para los a menudo complejos conflictos relacionados con el cambio del uso de la tierra en zonas como la cuenca del Tapajós brasileña y el Valle del Cauca colombiano. Estos Principios proveen un marco conceptual que permite clarificar las funciones y responsabilidades de los respectivos actores estatales y empresariales que participan en este tipo de conflictos, incluyendo a las empresas comerciales que operan a nivel internacional involucradas en actividades en las regiones y a los estados de origen en donde estas empresas están domiciliadas. Este marco conceptual en sí mismo puede proporcionar una base útil para el diálogo entre individuos locales, comunidades y grupos de intereses públicos afectados por estas actividades y por los agentes empresariales y actores estatales involucrados.

Sin embargo, los estudios de casos aquí descritos reflejan una discrepancia fundamental de puntos de vista sobre el equilibrio adecuado entre la promoción del desarrollo económico para el bien público y la protección de los intereses locales de los individuos, de la comunidad y de los intereses comunes afectados perjudicialmente por dicho desarrollo. Esto sugiere que sigue siendo esencial que las personas afectadas tengan un acceso adecuado y eficaz a los mecanismos estatales de resolución de conflictos, ya sea localmente o en los estados de origen de las empresas comerciales que operan a nivel internacional que están a menudo directa o indirectamente involucradas en este tipo de conflictos. Después de todo, es justo que la globalización de las actividades económicas deba ir acompañada por una creciente globalización de la justicia, con el fin de asegurar que el desarrollo económico no se alcanza a expensas de los derechos e intereses de quienes pasan a vivir en las zonas donde la generación de las actividades tiene lugar.

Lo anterior muestra que, aunque los UNGP pueden hacer una contribución, no proporcionan la ‘fórmula milagrosa’ en este contexto en el que idealmente deberían ser parte de una gama más amplia de iniciativas abarquen lo legal, lo político, lo diplomático y además a múltiples partes interesadas en resolver los conflictos relacionados con el cambio de uso del suelo en la cuenca del Tapajós y en el Valle del Cauca. Hay una serie de iniciativas legislativas y políticas en ambas zonas que parecen sostener una promesa particular a este respecto, algunas de las cuales se expondrán brevemente a continuación.

Brasil

El vacío de gobierno que surge de una gobernabilidad débil en la cuenca del Tapajós en cierta medida ha sido llenado por el comportamiento proactivo de los agentes empresariales en cooperación con las ONG. Un ejemplo es el de la Moratoria de Soja en Brasil, que es el primer acuerdo voluntario de deforestación cero implementado en los trópicos, sentando las bases para la gobernabilidad de la cadena de suministro de otros productos básicos, como la carne y el aceite de palma. Junto a lo anterior, se deben incluir las protestas públicas del 2006 en contra de la terminal de soja construida por Cargill y la provocativa publicación de Greenpeace llamando la atención internacional sobre la deforestación asociada con la producción de soja en la Amazonía brasileña. En respuesta al riesgo de que esta atención influya sobre la reputación de la industria de la soja, la Asociación Brasileña de las Industrias de Aceites Vegetales y la Asociación de Exportadores de Cereales de Brasil, que en conjunto adquieren el 90% de la soja producida en el Amazonas, firmaron el acuerdo de Moratoria de la Soja, comprometiéndose a no comprar soja producida en tierras deforestadas del bioma Amazónico después de julio de 2006. La industria de la soja ha extendido la moratoria a mayo de 2016, momento en el cual se hará una evaluación de si la buena gestión ambiental de Brasil es lo suficientemente eficaz como para justificar la terminación del acuerdo (p. ej. Gibbs et al., 2015:. 377-378).

Por otra parte, las agencias estatales brasileñas, en particular la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, juegan un papel especial en la aplicación de leyes de interés público en Brasil. La Fiscalía protege el interés público y los derechos fundamentales por medio de fiscales a nivel federal y estatal que pueden poner demandas contra las compañías que violan los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo representa a individuos o grupos que no pueden pagar abogados privados y a las víctimas vulnerables en casos contra corporaciones (Comisión Internacional de Juristas, 2011: 3). En la cuenca del Tapajós, la Fiscalía en particular juega un papel importante en el intento de garantizar el acceso efectivo a los recursos legales de los individuos y de las comunidades locales que han sido víctimas de abusos de los derechos humanos por parte de las empresas. Las entrevistas con los ciudadanos y actores de la sociedad civil de la región sugieren que hay una gran confianza en el papel que tanto la Fiscalía Federal como la Fiscalía General pueden desempeñar en este contexto.

El Reglamento de la Madera de la UE establece las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos derivados de la misma en el mercado ilegal y se opone al comercio de productos de madera talada ilegalmente a través de tres obligaciones principales. Se prohíbe en la UE la comercialización de la madera y de productos derivados procedentes de la tala ilegal. Por otra parte, los operadores de la UE que comercializan productos de madera en el mercado de la UE están obligados a actuar con la debida diligencia. Una vez en el mercado, la madera y sus derivados pueden ser vendidos y/o transformados antes de llegar al consumidor final. Para facilitar la trazabilidad de los productos de la madera, los operadores económicos en esta parte de la cadena de suministro (‘comerciantes’) tienen la obligación de llevar un registro de sus proveedores y clientes. A pesar de este Reglamento y su avanzado sistema de monitoreo, un estudio de Greenpeace de 2013 sugiere que gran parte de la madera que se acepta en el mercado de la UE sigue siendo ilegal en su origen (Greenpeace, 2013; Ministerio brasileño de Desarrollo, Industria y Comercio, 2014; Imazon, 2013). Sin embargo, la evaluación y revisión del Reglamento de la Madera de la UE que está teniendo lugar actualmente puede proporcionar una oportunidad para abordar las deficiencias que se mantienen en el sistema.

Colombia

En Colombia, el gobierno Santos ha establecido una serie de políticas y programas con el fin de mejorar la protección de los derechos humanos en el país. En consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el gobierno de Colombia ha creado la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para articular y coordinar las normas, políticas, instituciones e instancias en los niveles nacional y local y para promover el respeto y garantía de los derechos humanos, además de la implementación de una ley internacional humanitaria.³⁹ El decreto establece nuevas responsabilidades para varios ministerios, que son de directa relevancia en el contexto de empresas y derechos humanos. El Ministerio de Minas, por ejemplo, tiene el mandato de elaborar una estrategia que apunte a garantizar que las empresas de negocios de la industria extractiva tomen las medidas adecuadas para prevenir las violaciones a los derechos humanos y aborden las actividades que podrían causar un impacto negativo sobre las comunidades locales, incluidas las cuestiones de reasentamiento (Instituto para los Derechos Humanos y las Empresas, 2012: 2).

Como parte de este programa, el gobierno de Colombia ha publicado la Estrategia Nacional para la garantía de los Derechos Humanos 2014-2034, que incluye un capítulo sobre “Empresas y Derechos Humanos”. Por otra parte, en 2014 se publicaron las Directrices para una política pública sobre Empresas y Derechos Humanos, con el ánimo de implementar los Principios Rectores de la ONU en su orden jurídico interno.⁴⁰ Con el ánimo de avanzar, las Directrices establecen una estrategia ambiciosa y progresiva para aumentar la protección de los derechos humanos por medio del establecimiento de una alianza entre el sector público y privado, así como con los otros actores involucrados.⁴¹ Para garantizar que las empresas de negocios en Colombia respeten los derechos humanos y contribuyan al desarrollo del país, se han fijado siete objetivos específicos:

1.Desarrollar la capacidad institucional dentro del Estado en todos sus niveles con el fin de responder a los desafíos en el contexto de los negocios y los derechos humanos.

2.Tener un marco normativo claro y coherente que aclare las obligaciones sobre los derechos humanos y las expectativas de las empresas que operan en el país.

3.Desarrollar una estrategia para promover e incorporar una cultura de derechos humanos en el sector empresarial.

4.Contar con mecanismos efectivos y eficientes de remediación (judicial y no judicial) para las víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas comerciales.

5.Consolidar, empoderar y fortalecer la capacidad de la sociedad civil para superar el desequilibrio inherente en sus relaciones con las empresas comerciales.

6.Promover y crear oportunidades de diálogo social para resolver los problemas entre las empresas comerciales y la sociedad civil.

7.Recoger, coordinar, orientar y dar cabida a las iniciativas de asociación entre el Estado y el sector privado destinado a generar un desarrollo sostenible.⁴²

Otro avance interesante es la introducción en 2013 de una nueva obligación de información de la UE para las grandes empresas extractivas y de explotación forestal sobre los pagos que hacen a los gobiernos.⁴³ El nuevo requisito de divulgación tiene por objeto mejorar la transparencia de los pagos realizados a los gobiernos de todo el mundo y proporcionar posteriormente a la sociedad civil de los países ricos en recursos la información necesaria para responsabilizar a los gobiernos de cualquier ingreso recogido por la explotación de los recursos naturales. Al exigir la publicación de los pagos a nivel del proyecto, las comunidades locales pueden tener una idea de las cantidades abonadas a los gobiernos por parte de las empresas de la UE para la explotación local de yacimientos de petróleo/gas, depósitos minerales y bosques. Esto debería permitirle a estas comunidades responsabilizar a sus gobiernos para que den cuenta de cuánto de ese dinero ha sido invertido localmente.⁴⁴

Estos avances, tanto en Brasil como en Colombia, parecen prometer que en el contexto de los UNGP puedan haber cambios interesantes por delante, no sólo en el papel sino también en la práctica; transformaciones que eventualmente pueden ayudar a resolver los conflictos relativos al cambio de uso de la tierra en la cuenca del Tapajós brasileña y el Valle del Cauca colombiano.

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1Dr. Liesbeth Enneking es profesora asociada al Centro Utrecht para la Rendición de Cuentas y la Ley de Responsabilidad de la Universidad de Utrecht (Holanda). Kinanya Pijl (LLM) es Candidata a PhD por el Instituto Universitario Europeo de Florencia (Italia).

2‘Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”’, ONU Doc. A/HRC/17/31 (21 de marzo de 2011).

3Resolución 17/4 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ONU Doc. A/HRC/RES/17/4 (16 de junio de 2011).

4Se basa en los hallazgos realizados dentro del ámbito del proyecto Tierras y Derechos en Aguas Turbulentas (LAR, en inglés), el cual se concentra en los conflictos relacionados con los cambios del uso de la tierra en la cuenca brasileña del río Tapajós y en el Valle del Cauca colombiano. Ver más: <http:/www.landsandrights.blog.com>.

5Esta sección está basada principalmente en: Enneking et al. 2016; Enneking 2014; Enneking 2012.

6Ver más: <http://business-humanrights.org/en/rana-plaza-building-collapse-april-2013>.

7Ver más: <https://www.leighday.co.uk/News/2014/October-2014/BP-Faces-Trial-for-Environmental-Damage-in-Colombi>.

8Ver más: <http://terradedireitos.org.br/en/2015/11/18/syngenta-condenada-justica-responsabiliza-empresa-morte-de-sem-terra-no-parana/>.

9Esta sección está basada principalmente en: Enneking et al. 2016; Enneking 2014; Enneking 2012.

10‘Proteger, respetar y remediar: Guía de derechos humanos para empresas’, ONU Doc. A/HRC/8/5 (7 de abril de 2008).

11Resolución 8/7 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ONU Doc. A/HRC/RES/8/7 (18 de junio de 2008).

12Ver más: <http://www.business-humanrights.org/UNGuidingPrinciplesPortal/Home>.

13Comunicación de la Comisión de la Unión Europea ‘Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas’, COM(2011) 681 final (25 de octubre del 2011).

14Ibid.

15Ver más: <http://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/implementation-tools-examples/implementation-by-governments/by-type-of-initiative/national-action-plans>.

16‘Reglamento (UE) nº 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera’, OJ L 295/23 (12 de noviembre de 2010).

17Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ‘Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos’, ONU Doc. A/HRC/26/L.22/Rev.1 (25 de junio de 2014).

18Ver más: ‘Reporte de la primera sesión del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta con el mandato de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos’, ONU Doc. A/HRC/31/50 (5 de febrero de 2016)..

19Vease también, por ejemplo: Zaitch, Boekhout van Solinge & Müller 2014.

20Ver más: <http://www.internationalrivers.org/campaigns/tapaj%C3%B3s-basin>.

21‘Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya – Adición: Informe sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Brasil, ONU Doc. A/HRC/12/34/Add.2 (26 de agosto de 2009), p. 21-22.

22Id., p. 10.

23Ver más: <http://www.globalforestwatch.org/>. Ver también: Emel & Neo 2015, p. 56-57.

24Ver también: <http://www.worldwatch.org/node/5392>.

25Ver también: Brazilian Ministry of Development, Industry, and International Trade (2013), <aliceweb.desenvolvimento.gov.br/>.

26Sobre la base de entrevistas realizadas entre el 21 de julio y el 11 de agosto de 2015 en la región de Satarém y de presentaciones expuestas durante una conferencia sobre conflictos por la expansion de la soya en la región de Santarém realizada el 30 de julio del 2015 por: Ministerio Público Federal, Ministerio Público Estatal, SEMAS, INCRA, FUNAI, CPT, Terra de Direitos y representantes de varias comunidades locales.

27Basado en una entrevista con el coordinador regional de SEMAS.

28Amazon Watch, ‘Challenging European Dam Profiteers’ <http://amazonwatch.org/work/challenging-european-dam-profiteers>.

29Banktrack, ‘Belo Monte Dam’, <http://www.banktrack.org/show/dodgydeals/belo_monte_dam>.

30Ver más: <aliceweb.desenvolvimento.gov.br/>.

31OHCHR, ‘Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano – Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia’, ONU Doc. A/HRC/22/17/Add.3 (7 de enero de 2013), p. 4-5.

32‘Informe del Representante del Secretario General sobre los desplazados internos presentado de conformidad con la resolución 1999/47 de la Comisión – Pautas de los desplazamientos: misión de seguimiento enviada a Colombia’, ONU Doc. E/CN.4/2000/83/Add.1 (11 de enero de 2000), par. 23. Ver también: ABColombia 2014, p. 4.

33‘Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – Adición Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia’, ONU Doc. A/HRC/22/17/Add.3 (7 de enero de 2013), p. 4. Ver también: Foreign & Commonwealth Office UK Government 2015.

34OHCHR, ‘Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – Adición Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia’, ONU Doc. A/HRC/22/17/Add.3 (7 de enero de 2013), p. 6-7.

35OHCHR, ‘Frequently Asked Questions about the Guiding Principles on Business and Human Rights’, Q22, <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQ_PrinciplesBussinessHR.pdf>.

36Comparar los Principios 14, 16, 19, 21, 23, 24 UNGPs y el Comentario. Ver también: OHCHR 2012, p. 80. Ver más: Mares 2014.

37OHCHR, ‘Report of the United Nations High Commissioner on Human Rights’ (11 de julio de 2014), UN Doc. E/2014/86, p. 4-5.

38‘Report of the United Nations High Commissioner on Human Rights’ (11 de julio de 2014), UN Doc. E/2014/86, p. 13.

39Ver más: <https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/PND-2010-2014/Paginas/Plan-Nacional-De-2010-2014.aspx>.

40‘Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034’, p. 104, <http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/140815-estrategia_web.pdf>.

41Id., p. 105.

42Id., p. 106.

43‘Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo’, OJ L 182/19 (29 de junio de 2013).

44Comisión Europea, ‘Documento de trabajo de la Comisión SWD (2015) 144 final sobre la aplicación de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos – La sombra del poder’, SWD (2015)144/F1 (14 de julio de 2015).